La verdad y la justicia, maltratadas

La Jornada, Editorial 

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondieron ayer, en conferencia de prensa, al anuncio hecho el pasado viernes por el subprocurador Eber Betanzos y el perito Ricardo Torres, quienes presentaron en público datos de un estudio aún no concluido que realiza en el basurero de Cocula un grupo de peritos en fuego, según los cuales existe evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula y que al menos 17 adultos habrían sido incinerados en ese sitio.

Como se recordará, tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han desmentido, con base en numerosos análisis, la versión, aún oficial, presentada en noviembre del año antepasado por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en los sucesos del 26 de septiembre de 2014 fueron llevados a ese basurero, ejecutados e incinerados, y sus cenizas arrojadas en bolsas al cercano río San Juan. Ha de recordarse también que esa explicación generó desde un primer momento numerosos señalamientos críticos por su falta de coherencia interna, por la inconsistencia de las confesiones aportadas como prueba y, sobre todo, por la poca verosimilitud del acto narrado: para reducir 43 cuerpos humanos a cenizas hasta el punto de hacer imposible la identificación por ADN de la mayoría de ellos, se señaló, se habría requerido de una vasta logística cuyas huellas no aparecían por ninguna parte. Desde los primeros meses del año pasado, por añadidura, se determinó, más allá de toda duda, que en el sitio señalado por la PGR habían tenido lugar varios eventos de fuego y que entre los restos hallados había varios que no correspondían a ninguno de los 43 desaparecidos.

El 6 de septiembre de 2015, en su primer informe, el GIEI descartó, con base en el trabajo del especialista en fuego José Torero, que hubiese habido una incineración masiva en el basurero de Cocula entre el 26 y el 27 de septiembre del año anterior. El grupo de expertos y la PGR acordaron, en los días siguientes, la realización de un tercer estudio –adicional a los efectuados por la propia dependencia mexicana y al de Torero– con participación de varios peritos internacionales. Entre las reglas fijadas se estableció que ambas partes realizarían una evaluación conjunta del análisis, que éste sería manejado en forma confidencial y que toda comunicación al respecto se daría en primer lugar a los padres y a las madres de los muchachos ausentes.

Nada de ello fue respetado. La PGR no sólo manejó el trabajo de los expertos en fuego con total opacidad hacia los integrantes del GIEI, sino que optó por dar a conocer, con el desacuerdo de éste, un resultado preliminar que nada aclara y nada aporta al esclarecimiento de lo ocurrido en septiembre de 2014. Los expertos internacionales señalaron ayer que la utilización política (del peritaje aún no concluido) muestra una enorme irresponsabilidad y muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero.

Cabe reflexionar, finalmente, que el maltrato de la PGR a los expertos internacionales es, en última instancia, un maltrato a las perspectivas de esclarecer el crimen del 26 de septiembre del año antepasado, a la procuración de justicia, a los familiares de las víctimas, a la sociedad en general y a las instituciones mismas, cuyo

descrédito se ahonda y acentúa en cada acto equívoco de sus funcionarios.