El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es
un crimen sin castigo, y ahora, en un nuevo escándalo de alta
corrupción, la evasión fiscal del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú
por esconder en paraísos fiscales al menos mil 800 millones de pesos
apunta a quedar también impune.
El nombre del contratista favorito de Peña emergió de entre los
millones de documentos que, desde el año pasado, examinaron periodistas
de más de cien medios de comunicación del mundo –Proceso
el único escrito de México–, y aparecieron además los de Ricardo
Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y del cerebro financiero de
Televisa, Alfonso de Angoitia.
Igual
que narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y empresarios como Amado
Yáñez, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier
Rodríguez Borgio, además de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato
panista a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, Hinojosa
Cantú ocultó “una pequeña parte” de su fortuna –100 millones de dólares–
en empresas offshore con el claro fin de no pagar impuestos, un delito contra la sociedad que no puede quedar sin castigo.
Pero todo apunta a que así será: Para empezar, Hinojosa Cantú es
amigo y compadre del presidente de la República, a quien le obsequió la
mansión de Las Lomas de Chapultepec a través de La Gaviota
Angélica Rivera, a cambio de obtener multimillonarios contratos, desde
2005, en los gobiernos del Estado de México y el federal.
Luego, como en la Casa Blanca con Virgilio Andrade, secretario de la
Función Pública, será también un subordinado de Peña, Luis Videgaray,
secretario de Hacienda y responsable del Sistema de Administración
Tributaria (SAT), quien eventualmente investigará los 100 millones de
dólares que Hinojosa Cantú sacó del país y los depositó en paraísos
fiscales.
Y además, en lo que también podría tipificarse como conflicto de
interés, Videgaray es otro beneficiario de Hinojosa Cantú, quien le
vendió una mansión en Malinalco, Estado de México, a precio de regalo de
7 millones de pesos y con todas las facilidades.
No sólo eso: El propio Aristóteles Núñez, jefe del SAT y subordinado
de Videgaray, exoneró en los hechos a Hinojosa Cantú y todos los
mexicanos que han optado por el esquema de crear empresas offshore, con el fin de ocultar sus fortunas y evadir el pago de impuestos.
Es verdad que no es ilegal tener recursos en el extranjero o en
paraísos fiscales, como asegura Aristóteles, sino que la ilegalidad se
materializa si esos recursos generaron dividendos y no se pagaron los
impuestos correspondientes.
¿Pagaron impuestos? No lo sabemos, y pienso que no lo sabremos jamás,
porque a cualquier solicitud de información la autoridad se amparará en
el secreto fiscal para el ocultamiento, tal como lo han hecho los
gobiernos más recientes con todas las grandes empresas que no pagan
impuestos.
Y aun si, en el extremo, sabemos que no pagaron impuestos, y los
magnates pueden acogerse al “programa de retorno de inversiones”, un
esquema para que los contribuyentes regresen los recursos que mantienen
en el extranjero no reportados en México, incluidos los de regímenes
fiscales preferentes, y que estará vigente hasta junio de este año, como
lo explicó el jefe del SAT.
¿Por qué digo que está garantizada la exoneración –y la impunidad– de
los magnates que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales? Porque, aun
en el caso de que haya quienes se acojan a programa de retorno de
inversiones”, el beneficio es el perdón: Se dan por cumplidas las
obligaciones fiscales y no se generan multas ni recargos adicionales a
las sanciones. Tantán…
A esta mecánica de impunidad en México –que también se produce en
muchos países del mundo– debe contraponerse el periodismo, cuyo deber
supremo es hacer pública la información que concierne a los ciudadanos,
como en este caso los archivos del Grupo Mossack-Fonseca, de Panamá, uno
de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Esta filtración de los archivos –#PanamaPapers– al periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés) con más de cien medios en el planeta,
en lo que es la revelación más grande en la historia: Es 46 veces mayor
que la de Wikileaks.
Proceso fue el único medio impreso de México
convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de
archivos internos de Mossack-Fonseca que duró casi un año y que, como se
informó también, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del
ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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