Madres de desaparecidos critican negligencia del gobierno
A las múltiples negligencias de la Fiscalía General del estado de
Chihuahua para investigar y encontrar a mujeres desaparecidas, ahora se
suma la negativa para que el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) realice peritajes independientes para identificar restos humanos.
Familias de personas desaparecidas en esa entidad exigieron hoy que las autoridades federales intercedan para que la Fiscalía de Chihuahua identifique de manera adecuada los restos calcinados hallados en fosas clandestinas en Ciudad Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichi.
Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Amnistía Internacional, familiares de personas desaparecidas en la región pidieron en el Senado que el gobierno de Chihuahua cumpla con su compromiso de dejar que el EAAF realice peritajes independientes, para determinar la identidad de los restos, ya que se desconocen el número exacto de cuerpos y su sexo debido al deterioro en el que se encuentran.
El 25 de noviembre de 2015, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno del estado se comprometió con las familias a firmar un convenio de colaboración con el EAAF.
Sin embargo, el pasado 1 de abril, cuando estaba prevista la firma del convenio, Mercedes Doretti, representante del EAAF, y las familias fueron las únicas que llegaron a las oficinas del gobierno estatal, donde no estaban el gobernador César Duarte, ni el secretario de Gobierno o el fiscal Jorge González Nicolás, por lo que luego fueron a las instalaciones de la Fiscalía General, donde ni siquiera les permitieron la entrada.
Tras los reclamos de las familias, el gobierno local emitió un comunicado para sostener que era “falso” que estuviera obstruyendo la labor del EAAF.
Pero en un comunicado posterior se contradijo y desmintió que hubiera un acuerdo para permitir que las peritas argentinas trabajaran en la entidad, pues sus condiciones de informar a las familias sobre las investigaciones eran “inaceptables”, lo que es un derecho según la Ley General de Víctimas.
Las familias recordaron que las antropólogas colaboraron desde 2004 en la entidad para identificar cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, y luego en 2011 cuando se encontraron restos en el Arroyo del Navajo.
Edna Patricia Vázquez Sáenz contó que su hijo Jesús Alfredo Delgado Vázquez apareció sin vida en octubre 2013, pero fue notificada hasta mayo de 2014. Relató que en diciembre pasado las autoridades judiciales de la entidad entregaron un cuerpo a una familia que había perdido un integrante, quien apareció con vida un mes después.
“No queremos mentiras, buscamos la verdad, por eso buscamos la intervención del EEAF”, quienes emiten dictámenes integrales, explican a las víctimas los peritajes, y porque se hacen cargo personalmente de las pruebas, dijo la ahora activista.
Lucha Castro, coordinadora del Cedehm, aseguró que en la entidad prevalece una historia de indolencia que acredita que por más que tenga los mejores laboratorios, no habrá justicia para las víctimas si el personal sigue siendo “corrupto, negligente y con falta de capacidad”.
Señaló que en el caso de la desaparición y asesinato de mujeres en Chihuahua, la Fiscalía en más de una ocasión llegó con las familias, les entregó un “costal de huesos”, y les dijo que esa era su hija, “que si la querían o no”.
Desde que grupos civiles han denunciado la desaparición y el asesinato de mujeres en la entidad, las madres de las víctimas advierten las mismas negligencias por parte de las autoridades: que no informan sobre las investigaciones, que descuidan la cadena de custodia, que niegan los expedientes, y que entregan los restos sin ninguna explicación de qué fue lo que les pasó a sus hijas.
Fue el caso de Bertha Alicia García, cuya hija Brenda Berenice Castillo desapareció desde 2009 y a quien la Fiscalía entregó en 2013 una pequeña caja con dos huesos que –le dijeron– eran de su hija pero sin explicar cómo dieron con ellos.
También el EAAF ha denunciado que cuando llegó a Chihuahua por invitación de los organismos civiles a prestar asistencia técnica, encontró múltiples irregularidades, como la dispersión de expedientes, falta de información y registros que no eran confiables.
MUJERES: “VÍCTIMAS INVISIBLES” DEL NARCO
Castro dijo que 99 por ciento de quienes son atendidas por el Cedehm son mujeres, todas ellas madres, hermanas, y esposas de las víctimas de desaparición que, en el contexto del narcotráfico, son principalmente hombres, aunque también hay mujeres, quienes son explotadas sexualmente entre los mismos delincuentes y son los casos más desatendidos por las autoridades.
Son las mujeres que buscan a sus familiares “las víctimas invisibles del conflicto armado”, ya que al desaparecer el principal proveedor del hogar son ellas quienes tienen que asumir este doble papel de trabajar y al mismo tiempo de investigar sus paraderos, resaltó Castro.
Familias de personas desaparecidas en esa entidad exigieron hoy que las autoridades federales intercedan para que la Fiscalía de Chihuahua identifique de manera adecuada los restos calcinados hallados en fosas clandestinas en Ciudad Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichi.
Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Amnistía Internacional, familiares de personas desaparecidas en la región pidieron en el Senado que el gobierno de Chihuahua cumpla con su compromiso de dejar que el EAAF realice peritajes independientes, para determinar la identidad de los restos, ya que se desconocen el número exacto de cuerpos y su sexo debido al deterioro en el que se encuentran.
El 25 de noviembre de 2015, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno del estado se comprometió con las familias a firmar un convenio de colaboración con el EAAF.
Sin embargo, el pasado 1 de abril, cuando estaba prevista la firma del convenio, Mercedes Doretti, representante del EAAF, y las familias fueron las únicas que llegaron a las oficinas del gobierno estatal, donde no estaban el gobernador César Duarte, ni el secretario de Gobierno o el fiscal Jorge González Nicolás, por lo que luego fueron a las instalaciones de la Fiscalía General, donde ni siquiera les permitieron la entrada.
Tras los reclamos de las familias, el gobierno local emitió un comunicado para sostener que era “falso” que estuviera obstruyendo la labor del EAAF.
Pero en un comunicado posterior se contradijo y desmintió que hubiera un acuerdo para permitir que las peritas argentinas trabajaran en la entidad, pues sus condiciones de informar a las familias sobre las investigaciones eran “inaceptables”, lo que es un derecho según la Ley General de Víctimas.
Las familias recordaron que las antropólogas colaboraron desde 2004 en la entidad para identificar cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, y luego en 2011 cuando se encontraron restos en el Arroyo del Navajo.
Edna Patricia Vázquez Sáenz contó que su hijo Jesús Alfredo Delgado Vázquez apareció sin vida en octubre 2013, pero fue notificada hasta mayo de 2014. Relató que en diciembre pasado las autoridades judiciales de la entidad entregaron un cuerpo a una familia que había perdido un integrante, quien apareció con vida un mes después.
“No queremos mentiras, buscamos la verdad, por eso buscamos la intervención del EEAF”, quienes emiten dictámenes integrales, explican a las víctimas los peritajes, y porque se hacen cargo personalmente de las pruebas, dijo la ahora activista.
Lucha Castro, coordinadora del Cedehm, aseguró que en la entidad prevalece una historia de indolencia que acredita que por más que tenga los mejores laboratorios, no habrá justicia para las víctimas si el personal sigue siendo “corrupto, negligente y con falta de capacidad”.
Señaló que en el caso de la desaparición y asesinato de mujeres en Chihuahua, la Fiscalía en más de una ocasión llegó con las familias, les entregó un “costal de huesos”, y les dijo que esa era su hija, “que si la querían o no”.
Desde que grupos civiles han denunciado la desaparición y el asesinato de mujeres en la entidad, las madres de las víctimas advierten las mismas negligencias por parte de las autoridades: que no informan sobre las investigaciones, que descuidan la cadena de custodia, que niegan los expedientes, y que entregan los restos sin ninguna explicación de qué fue lo que les pasó a sus hijas.
Fue el caso de Bertha Alicia García, cuya hija Brenda Berenice Castillo desapareció desde 2009 y a quien la Fiscalía entregó en 2013 una pequeña caja con dos huesos que –le dijeron– eran de su hija pero sin explicar cómo dieron con ellos.
También el EAAF ha denunciado que cuando llegó a Chihuahua por invitación de los organismos civiles a prestar asistencia técnica, encontró múltiples irregularidades, como la dispersión de expedientes, falta de información y registros que no eran confiables.
MUJERES: “VÍCTIMAS INVISIBLES” DEL NARCO
Castro dijo que 99 por ciento de quienes son atendidas por el Cedehm son mujeres, todas ellas madres, hermanas, y esposas de las víctimas de desaparición que, en el contexto del narcotráfico, son principalmente hombres, aunque también hay mujeres, quienes son explotadas sexualmente entre los mismos delincuentes y son los casos más desatendidos por las autoridades.
Son las mujeres que buscan a sus familiares “las víctimas invisibles del conflicto armado”, ya que al desaparecer el principal proveedor del hogar son ellas quienes tienen que asumir este doble papel de trabajar y al mismo tiempo de investigar sus paraderos, resaltó Castro.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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