Negativa de empleadores a brindarles seguridad social
Irene tiene las manos endurecidas y callosas, y sus piernas están
ligeramente hinchadas. Desde hace varios años trabaja en dos lugares,
ambos empleos con jornadas de ocho horas diarias.
A sus 60 años de edad, Irene se dedica al trabajo del hogar remunerado y está en busca de recuperar su derecho a la seguridad social para tener una pensión.
Desde su adolescencia, esta mujer trabajó en la costura, lo que le permitió cotizar varios años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al quebrar la empresa, Irene buscó otros empleos en la Ciudad de México para solventar los gastos de su familia que como ella, vive en el Estado de México.
Así llegó al trabajo del hogar remunerado a la casa de un empresario judío para quien labora tres días a la semana (martes, miércoles y viernes) por 350 pesos diarios.
Hace el aseo general de la casa, lava ropa, plancha y prepara alimentos, labores que realiza en no menos de ocho horas. Los lunes y sábados trabaja para otro empleador, también judío, empresario y dueño de fábricas.
Aunque esta dinámica le permite descansar dos días a la semana, ninguno de sus dos empleadores le paga los días de descanso, el trabajo en días festivos, tampoco las vacaciones, ni las incapacidades o los gastos médicos.
Es más, el día que ella les diga que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), y que asiste a reuniones y talleres de difusión sobre derechos laborales, está segura de que la van a despedir.
Esto lo sabe porque desde el inicio se negaron a firmar con ella un contrato de trabajo o afiliarla a la seguridad social, un pendiente primordial para Irene, quien sólo necesita cotizar un año más en el IMSS para alcanzar una pensión jubilatoria.
RESISTENCIAS
Igual que Irene, otras trabajadoras del hogar remuneradas que este fin de semana se reunieron en la Alameda Central de esta ciudad, como parte de la jornada conmemorativa por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar (30 de marzo), relataron a Cimacnoticias que sus empleadoras y empleadores no estarían dispuestos a garantizarles derechos.
Por ejemplo, Brígida, de Oaxaca, aseguró que cuando pidió a su empleadora, directora de una escuela, que firmara un contrato de trabajo con ella se negó bajo el pretexto de que luego iría a demandarla por abusos laborales.
O Juana, quien expresó que su empleador, un consultor independiente de instancias de gobierno, la despidió sin liquidación luego de que ella respondiera a un “regaño”.
Otras trabajadoras, como Angelina, oaxaqueña de 57 años, la tlaxcalteca Minerva de 43, o Isabel, guerrerense de 38 años de edad, explicaron que en esta capital fueron víctimas de múltiples abusos que, pese a su necesidad, las obligaron a renunciar a sus trabajos sin recibir liquidación.
Los abusos se repiten, como por ejemplo que los empleadores prometen seguridad social y la firma del contrato, pero “guardan las hojas en el buró” sin dar respuesta; les piden que dejen a sus hijos recién nacidos afuera de las casas para que no las distraigan en el trabajo; o les exigen que salgan mucho más tarde del tiempo laboral acordado.
A pesar de que este panorama es el que prepondera, hay quienes sí consiguen el reconocimiento de sus derechos laborales, pero sin ninguna legislación que las respalde.
Es el caso de María, de 53 años de edad, quien aseguró que desde su infancia fue enviada desde Oaxaca a trabajar a esta ciudad, donde por recomendación llegó a la casa de una pareja (que se dedica a la traducción de textos) que sí le garantiza seguridad social, aguinaldo, vacaciones, prestaciones y más derechos.
De hecho, fue por recomendación de la madre de su misma empleadora que María supo cuáles eran sus Derechos Humanos, como ella misma los nombra, y ahora cuestiona a otras empleadoras y empleadores por no dar seguridad social a las trabajadoras del hogar, como sí lo hacen con el personal “de sus empresas”.
No obstante, María relató que ahora que se acerca a la vejez planea regresar a su estado natal pero sus empleadores, con quienes ya habló al respecto, le pidieron que “como es parte de la familia” se quedé a vivir con ellos, aunque no siga trabajando igual. La mujer aseguró que su siguiente reto será separarse de sus empleadores y solicitar una pensión jubilatoria.
FALTA OBLIGACIÓN LEGAL
El problema central de que unas trabajadoras sí tengan derechos y otras no, radica en que la legislación actual no obliga a las y los empleadores a reconocer garantías, sino que deja a la trabajadora la responsabilidad de convencer a su patrón para que le otorgue derechos, señaló en entrevista Ana Laura Aquino, secretaria general colegiada del Sinactraho.
Este es el caso del acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), un derecho a la vivienda del que no gozan las trabajadoras del hogar, o al menos ninguna que conozca la Sinactraho, que ya lleva más de 500 mujeres afiliadas en la capital del país.
Aquino recordó que en 2010 el gobierno federal presentó el programa “Infonavit para todos” que planteaba, con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos, brindar dos mil créditos de vivienda para 2.3 millones de trabajadoras del hogar que hay en México.
El fin del programa era incorporar de manera voluntaria a las trabajadoras del hogar al régimen de la vivienda con una aportación patronal de menos de 300 pesos al mes; pero en 2015 el Infonavit suspendió el programa para realizarle supuestas mejoras.
Durante el evento conmemorativo en la Alameda Central, hubo trabajadoras del hogar que ganan mil 700 pesos a la semana por laborar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y otras que reciben hasta 12 mil pesos por trabajar con un horario no mayor a ocho horas diarias.
Esa diferencia, explicaron integrantes del Sinactraho, tiene que ver con que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha elaborado una tabla de ingresos para las empleadas del hogar remuneradas, una medida que recomienda la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 189, aún pendiente de ratificación por parte del Estado mexicano.
A sus 60 años de edad, Irene se dedica al trabajo del hogar remunerado y está en busca de recuperar su derecho a la seguridad social para tener una pensión.
Desde su adolescencia, esta mujer trabajó en la costura, lo que le permitió cotizar varios años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al quebrar la empresa, Irene buscó otros empleos en la Ciudad de México para solventar los gastos de su familia que como ella, vive en el Estado de México.
Así llegó al trabajo del hogar remunerado a la casa de un empresario judío para quien labora tres días a la semana (martes, miércoles y viernes) por 350 pesos diarios.
Hace el aseo general de la casa, lava ropa, plancha y prepara alimentos, labores que realiza en no menos de ocho horas. Los lunes y sábados trabaja para otro empleador, también judío, empresario y dueño de fábricas.
Aunque esta dinámica le permite descansar dos días a la semana, ninguno de sus dos empleadores le paga los días de descanso, el trabajo en días festivos, tampoco las vacaciones, ni las incapacidades o los gastos médicos.
Es más, el día que ella les diga que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), y que asiste a reuniones y talleres de difusión sobre derechos laborales, está segura de que la van a despedir.
Esto lo sabe porque desde el inicio se negaron a firmar con ella un contrato de trabajo o afiliarla a la seguridad social, un pendiente primordial para Irene, quien sólo necesita cotizar un año más en el IMSS para alcanzar una pensión jubilatoria.
RESISTENCIAS
Igual que Irene, otras trabajadoras del hogar remuneradas que este fin de semana se reunieron en la Alameda Central de esta ciudad, como parte de la jornada conmemorativa por el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar (30 de marzo), relataron a Cimacnoticias que sus empleadoras y empleadores no estarían dispuestos a garantizarles derechos.
Por ejemplo, Brígida, de Oaxaca, aseguró que cuando pidió a su empleadora, directora de una escuela, que firmara un contrato de trabajo con ella se negó bajo el pretexto de que luego iría a demandarla por abusos laborales.
O Juana, quien expresó que su empleador, un consultor independiente de instancias de gobierno, la despidió sin liquidación luego de que ella respondiera a un “regaño”.
Otras trabajadoras, como Angelina, oaxaqueña de 57 años, la tlaxcalteca Minerva de 43, o Isabel, guerrerense de 38 años de edad, explicaron que en esta capital fueron víctimas de múltiples abusos que, pese a su necesidad, las obligaron a renunciar a sus trabajos sin recibir liquidación.
Los abusos se repiten, como por ejemplo que los empleadores prometen seguridad social y la firma del contrato, pero “guardan las hojas en el buró” sin dar respuesta; les piden que dejen a sus hijos recién nacidos afuera de las casas para que no las distraigan en el trabajo; o les exigen que salgan mucho más tarde del tiempo laboral acordado.
A pesar de que este panorama es el que prepondera, hay quienes sí consiguen el reconocimiento de sus derechos laborales, pero sin ninguna legislación que las respalde.
Es el caso de María, de 53 años de edad, quien aseguró que desde su infancia fue enviada desde Oaxaca a trabajar a esta ciudad, donde por recomendación llegó a la casa de una pareja (que se dedica a la traducción de textos) que sí le garantiza seguridad social, aguinaldo, vacaciones, prestaciones y más derechos.
De hecho, fue por recomendación de la madre de su misma empleadora que María supo cuáles eran sus Derechos Humanos, como ella misma los nombra, y ahora cuestiona a otras empleadoras y empleadores por no dar seguridad social a las trabajadoras del hogar, como sí lo hacen con el personal “de sus empresas”.
No obstante, María relató que ahora que se acerca a la vejez planea regresar a su estado natal pero sus empleadores, con quienes ya habló al respecto, le pidieron que “como es parte de la familia” se quedé a vivir con ellos, aunque no siga trabajando igual. La mujer aseguró que su siguiente reto será separarse de sus empleadores y solicitar una pensión jubilatoria.
FALTA OBLIGACIÓN LEGAL
El problema central de que unas trabajadoras sí tengan derechos y otras no, radica en que la legislación actual no obliga a las y los empleadores a reconocer garantías, sino que deja a la trabajadora la responsabilidad de convencer a su patrón para que le otorgue derechos, señaló en entrevista Ana Laura Aquino, secretaria general colegiada del Sinactraho.
Este es el caso del acceso al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), un derecho a la vivienda del que no gozan las trabajadoras del hogar, o al menos ninguna que conozca la Sinactraho, que ya lleva más de 500 mujeres afiliadas en la capital del país.
Aquino recordó que en 2010 el gobierno federal presentó el programa “Infonavit para todos” que planteaba, con un presupuesto inicial de 500 millones de pesos, brindar dos mil créditos de vivienda para 2.3 millones de trabajadoras del hogar que hay en México.
El fin del programa era incorporar de manera voluntaria a las trabajadoras del hogar al régimen de la vivienda con una aportación patronal de menos de 300 pesos al mes; pero en 2015 el Infonavit suspendió el programa para realizarle supuestas mejoras.
Durante el evento conmemorativo en la Alameda Central, hubo trabajadoras del hogar que ganan mil 700 pesos a la semana por laborar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y otras que reciben hasta 12 mil pesos por trabajar con un horario no mayor a ocho horas diarias.
Esa diferencia, explicaron integrantes del Sinactraho, tiene que ver con que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no ha elaborado una tabla de ingresos para las empleadas del hogar remuneradas, una medida que recomienda la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 189, aún pendiente de ratificación por parte del Estado mexicano.
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