El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) llamó al Poder
Judicial del estado de Querétaro a que declare inconstitucionales las
revisiones migratorias en puntos carreteros, ya que atentan contra las
garantías de no discriminación y libre circulación de las personas.
El Poder Judicial local analiza hoy el caso de tres jóvenes originarios del estado de Chiapas, dos mujeres y un hombre, que salieron de su comunidad para trabajar en los campos agrícolas en Sonora, tal y como hacen miles de personas cada año.
Durante su traslado de Chiapas a Sonora el 3 de septiembre de 2015, al llegar a Querétaro, Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), realizaron una revisión carretera. Pese a que no está entre sus facultades, pidieron a los jóvenes documentos de identidad, pero las actas de nacimiento que presentaron y que comprobaban su nacionalidad mexicana no fueron tomadas en cuenta, porque los agentes consideraron que eran “falsas”.
Ello motivó que las tres personas chiapanecas fueran privadas de su libertad durante una semana en una estación migratoria en Querétaro, pese a que las estaciones migratorias funcionan para alojar a personas migrantes extranjeras.
Al respecto, la directora del Imumi, Gretchen Kuhner, explicó en entrevista que el 6 de septiembre de 2015 su organización interpuso un amparo ante el Poder Judicial de Querétaro por la privación ilegal de la libertad de las personas migrantes, y por la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carreteras.
Luego de este recurso legal, las tres personas fueron puestas en libertad por lo que el amparo –que aún se discute– se redujo a la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley de Migración, que permite revisiones de carácter migratorio “a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros”.
Como lo argumentó Imumi, lo establecido en la Ley de Migración contraviene el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
A decir de Kuhner, un fallo favorable podría marcar precedentes en el país, ya que está cuestionando cómo agentes migratorios podrían subirse a autobuses o a otros medios de transporte y buscar a personas migrantes sin documentos, e incurrir en actos discriminatorios o violando la Constitución.
La activista aseguró que una resolución a favor derivaría en que la autoridad migratoria aplique procedimientos no discriminatorios al realizar revisiones, o que incluso las deje de efectuar en puntos carreteros.
Gretchen Kuhner se pronunció en contra de ese tipo de revisiones, y aclaró que la Ley de Migración contiene ya otras medidas para identificar a personas migrantes que viajan sin documentos. Por ejemplo –detalló– realizar operativos sólo cuando el INM recibe una denuncia, o cuente con documentos que hagan constar que hay migrantes irregulares en el país.
Eso impediría que, como sucede actualmente, en las revisiones carreteras se detenga a personas que no cometen delito alguno, que sólo viajan en autobuses y que incluso son mexicanas pero no traen consigo documentos que comprueben su nacionalidad.
Lo que se busca con el amparo es que ninguna persona mexicana sea privada de su libertad por el actuar discriminatorio de los agentes del INM durante las revisiones migratorias en carreteras, y que se sancione a los agentes que incurren en discriminación contra la población mexicana y extranjera.
Como este hecho hay otros 15 que integran la Recomendación 58/2015 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 13 de enero, y que está dirigida a 22 servidores públicos del INM, incluido el comisionado Ardelio Vargas Fosado. No obstante, en el caso de los tres jóvenes la CNDH mantiene en trámite la queja que se presentó desde el 6 de septiembre de 2015.
Imumi agregó que además de propiciar violaciones de las garantías constitucionales de las y los mexicanos, la política de contención migratoria motivó el incremento de revisiones por todo el país desde la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en julio de 2014.
Señaló que entre 2014 y 2015 aumentaron 62 por ciento las detenciones de mujeres y niñas migrantes en tránsito irregular en el país, según datos de la Secretaría de Gobernación.
El Poder Judicial local analiza hoy el caso de tres jóvenes originarios del estado de Chiapas, dos mujeres y un hombre, que salieron de su comunidad para trabajar en los campos agrícolas en Sonora, tal y como hacen miles de personas cada año.
Durante su traslado de Chiapas a Sonora el 3 de septiembre de 2015, al llegar a Querétaro, Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), realizaron una revisión carretera. Pese a que no está entre sus facultades, pidieron a los jóvenes documentos de identidad, pero las actas de nacimiento que presentaron y que comprobaban su nacionalidad mexicana no fueron tomadas en cuenta, porque los agentes consideraron que eran “falsas”.
Ello motivó que las tres personas chiapanecas fueran privadas de su libertad durante una semana en una estación migratoria en Querétaro, pese a que las estaciones migratorias funcionan para alojar a personas migrantes extranjeras.
Al respecto, la directora del Imumi, Gretchen Kuhner, explicó en entrevista que el 6 de septiembre de 2015 su organización interpuso un amparo ante el Poder Judicial de Querétaro por la privación ilegal de la libertad de las personas migrantes, y por la inconstitucionalidad de las revisiones migratorias en carreteras.
Luego de este recurso legal, las tres personas fueron puestas en libertad por lo que el amparo –que aún se discute– se redujo a la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley de Migración, que permite revisiones de carácter migratorio “a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros”.
Como lo argumentó Imumi, lo establecido en la Ley de Migración contraviene el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.
A decir de Kuhner, un fallo favorable podría marcar precedentes en el país, ya que está cuestionando cómo agentes migratorios podrían subirse a autobuses o a otros medios de transporte y buscar a personas migrantes sin documentos, e incurrir en actos discriminatorios o violando la Constitución.
La activista aseguró que una resolución a favor derivaría en que la autoridad migratoria aplique procedimientos no discriminatorios al realizar revisiones, o que incluso las deje de efectuar en puntos carreteros.
Gretchen Kuhner se pronunció en contra de ese tipo de revisiones, y aclaró que la Ley de Migración contiene ya otras medidas para identificar a personas migrantes que viajan sin documentos. Por ejemplo –detalló– realizar operativos sólo cuando el INM recibe una denuncia, o cuente con documentos que hagan constar que hay migrantes irregulares en el país.
Eso impediría que, como sucede actualmente, en las revisiones carreteras se detenga a personas que no cometen delito alguno, que sólo viajan en autobuses y que incluso son mexicanas pero no traen consigo documentos que comprueben su nacionalidad.
Lo que se busca con el amparo es que ninguna persona mexicana sea privada de su libertad por el actuar discriminatorio de los agentes del INM durante las revisiones migratorias en carreteras, y que se sancione a los agentes que incurren en discriminación contra la población mexicana y extranjera.
Como este hecho hay otros 15 que integran la Recomendación 58/2015 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 13 de enero, y que está dirigida a 22 servidores públicos del INM, incluido el comisionado Ardelio Vargas Fosado. No obstante, en el caso de los tres jóvenes la CNDH mantiene en trámite la queja que se presentó desde el 6 de septiembre de 2015.
Imumi agregó que además de propiciar violaciones de las garantías constitucionales de las y los mexicanos, la política de contención migratoria motivó el incremento de revisiones por todo el país desde la puesta en marcha del Programa Frontera Sur en julio de 2014.
Señaló que entre 2014 y 2015 aumentaron 62 por ciento las detenciones de mujeres y niñas migrantes en tránsito irregular en el país, según datos de la Secretaría de Gobernación.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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