Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada
El modelo político y
económico aplicado a México en las décadas recientes suele sustraer de
la agenda nacional las relaciones de trabajo; lo que sí incorpora son
los mecanismos de control y el despojo cotidiano que promueven la
desigualdad y la pobreza en el país. Hoy, los habitantes de la Ciudad de
México –si bien con márgenes estrechos– podemos influir en el contenido
del capítulo laboral de la nueva Constitución Política, que entrará en
vigor el primero de febrero de 2017.
Más allá de la crítica a las reglas constitutivas derivadas de la
imposición de los partidos políticos, que sabiéndose minoría en nuestra
entidad sólo reservaron a la ciudadanía 60 por ciento de sus diputados o
diputadas constituyentes, será importante participar en la elección en
junio próximo para nombrar a los representantes que lleven al
constituyente las principales demandas.
En la discusión que hasta ahora se ha dado sobre este asunto,
identificamos dos tendencias importantes. La primera, formalista y
conservadora, que considera que el margen de la Constitución local está
sumamente acotado por la Carta Magna federal, por lo que el proceso
legislativo debe centrarse esencialmente en el nuevo marco de los
trabajadores al servicio del gobierno de la ciudad. Su propuesta es que
se incluyan tan sólo declaraciones muy generales, sin precisión en los
mecanismos de exigibilidad. Una segunda posición busca identificar y
construir, a partir de los espacios que la Constitución General permite,
soluciones a las necesidades de la población, incluyendo al sector
productivo, con imaginación y sensibilidad social, sin ajustarse a los
cánones de otras constituciones locales.
En el contexto de la segunda posición proponemos dividir en tres
partes los contenidos que formarían parte de este capítulo laboral. En
primer lugar el relacionado con el trabajo en general; se propone fijar
como obligación del Estado impulsar los derechos humanos laborales y el
diálogo social y productivo mediante el empleo digno, salarios justos y
remuneradores, el ejercicio de la libertad de asociación en todas sus
formas y la negociación colectiva legitima, haciendo énfasis en su
protección contra los actos de injerencia que la limitan y en la
importancia de su desenvolvimiento por rama de industria y cadena
productiva.
El espacio privilegiado para desarrollar un modelo laboral justo y
racionalmente productivo se ubica en el ámbito de la justicia laboral
impartida por las autoridades locales y no se limita a los tribunales de
trabajo, cuya imparcialidad debe ser garantizada especialmente frente
al Poder Ejecutivo, sino también mediante la inspección laboral,
prácticamente inexistente en la ciudad por falta de recursos y de
voluntad política, y cuyas funciones podrían ser complementadas con una
nueva visión del papel del Estado en la defensa de los derechos de los
trabajadores, que hoy se ejerce por conducto de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo, también de raquítico desempeño.
Convendría también que la agenda hiciera una referencia explícita a
la transparencia laboral y a los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo y sus principios fundamentales, los cuales, en
el ámbito del trabajo decente, incluyen entre otros valores la igualdad
sustantiva para hombres y mujeres, la no discriminación y la protección
al trabajo de menores.
Un segundo aspecto de este capítulo se relaciona con el
impulso al sector social de la economía, vinculado al trabajo no
asalariado que, como sabemos, es mayoritario. Sería fundamental la
construcción de un modelo de protección a través del llamado
universalismo básico, que incluye, entre otros aspectos, el apoyo frente
a la pérdida del empleo, la pensión universal, el sistema de salud y el
derecho a la formación profesional para el trabajo. Obviamente, se
trata de aspectos íntimamente relacionados con una nueva política
fiscal.
El último aspecto se vincula con los trabajadores al servicio de la
ciudad. En el contexto del nuevo estatus político, corresponde a la
legislatura local el diseño de su modelo normativo, lo que puede
construirse con amplia libertad, ya que sólo se relaciona con el
artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin que se
precise referencia específica al apartado A o B.
La clave en esta materia es conciliar los derechos de los
trabajadores con los de la ciudadanía y la planeación presupuestal. El
medio parece ser un auténtico Servicio Profesional de Carrera para todos
los niveles, que deberá estar explicito en el texto constitucional,
superando la marginal condición en que se ha colocado a los trabajadores
de base, mal pagados, con rigidez en sus condiciones de trabajo y en
muchos casos, con bajo desempeño. Obviamente, de esta manera se evita la
gigantesca precariedad laboral en las múltiples formas de contratación
por honorarios o de temporales para toda la vida.
El apartado burocrático debe ser congruente con las propuestas
progresistas de contar con un sistema de justicia imparcial a través de
jueces especializados no dependientes del Poder Ejecutivo, respeto al
derecho de asociación y al de huelga, sin menoscabo de las garantías
esenciales de la comunidad. En este proceso de modernización debe
incluirse la vigencia, hasta hoy inexistente, de la inspección laboral
burocrática como instrumento sumamente valioso para fomentar la
previsión, la conciliación y el respeto a los derechos y obligaciones
laborales.
Es amplia la lista de retos en materia laboral burocrática. Basta
señalar que el gobierno local es el segundo cliente del actual Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, después de la Secretaría de
Educación Pública. Varios miles de juicios esperan resolución o
ejecución. La implementación de un nuevo modelo, preferentemente de
carácter oral auténtico, es urgente, pues el vigente ha sido afectado en
sus bases fundamentales por declaraciones de inconstitucionalidad; esta
innovación en materia laboral puede convertirse en camino a seguir en
todo el país.
Queda poco tiempo para que la ciudadanía pueda influir en estas
definiciones. Hay que trabajar no sólo en el diagnóstico, sino también
en las propuestas.
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