Un grupo de mujeres de la etnia lenca se encadenaron frente al
Ministerio Público (MP), para demandar justicia por el asesinato de la
líder indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres.
“Queremos respuestas, la muerte de mi madre no puede quedar en la impunidad”, reclamó durante la manifestación una de las hijas de Cáceres, al transcurrir un mes del crimen sin que las autoridades arresten todavía a los culpables.
La madrugada del pasado 3 de marzo, dos hombres armados asaltaron la vivienda de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), para matarla a tiros, cuando sostenía la resistencia de la comunidad lenca contra el proyecto hidroeléctrico de una compañía apoyada por el gobierno.
Con pancartas que evocaban a Cáceres, las mujeres del Copinh indicaron que extenderán su protesta hasta obtener una explicación de las autoridades. De lo contrario, advirtieron, vendrán a esta capital hondureña más autobuses con integrantes de la organización para intensificar su reclamo.
Tanto el Copinh como la familia de Cáceres aseguraron que “la institucionalidad hondureña que ahora pretende realizar la investigación es la misma que la persiguió”, por lo que solicitaron al gobierno aceptar que una comisión independiente acompañe las pesquisas.
Para Berta Zúñiga, el asesinato de su madre constituye un “mensaje de intimidación”, un intento de desarticular el Copinh y frenar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
En tanto, el ambientalista mexicano Gustavo Castro –antes de retornar a su país y único testigo del crimen– expresó su temor de que este homicidio no sea el único, porque hay “muchos intereses y mucha resistencia” en los conflictos por la tierra en Honduras.
Por tal motivo, al regresar a México el pasado 1 de abril tras permanecer retenido varias semanas en Tegucigalpa, pidió a la comunidad internacional que permanezca atenta al caso y demuestre que el pueblo lenca que Cáceres tanto defendió “no está solo”.
“Queremos respuestas, la muerte de mi madre no puede quedar en la impunidad”, reclamó durante la manifestación una de las hijas de Cáceres, al transcurrir un mes del crimen sin que las autoridades arresten todavía a los culpables.
La madrugada del pasado 3 de marzo, dos hombres armados asaltaron la vivienda de la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), para matarla a tiros, cuando sostenía la resistencia de la comunidad lenca contra el proyecto hidroeléctrico de una compañía apoyada por el gobierno.
Con pancartas que evocaban a Cáceres, las mujeres del Copinh indicaron que extenderán su protesta hasta obtener una explicación de las autoridades. De lo contrario, advirtieron, vendrán a esta capital hondureña más autobuses con integrantes de la organización para intensificar su reclamo.
Tanto el Copinh como la familia de Cáceres aseguraron que “la institucionalidad hondureña que ahora pretende realizar la investigación es la misma que la persiguió”, por lo que solicitaron al gobierno aceptar que una comisión independiente acompañe las pesquisas.
Para Berta Zúñiga, el asesinato de su madre constituye un “mensaje de intimidación”, un intento de desarticular el Copinh y frenar la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
En tanto, el ambientalista mexicano Gustavo Castro –antes de retornar a su país y único testigo del crimen– expresó su temor de que este homicidio no sea el único, porque hay “muchos intereses y mucha resistencia” en los conflictos por la tierra en Honduras.
Por tal motivo, al regresar a México el pasado 1 de abril tras permanecer retenido varias semanas en Tegucigalpa, pidió a la comunidad internacional que permanezca atenta al caso y demuestre que el pueblo lenca que Cáceres tanto defendió “no está solo”.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Tegucigalpa, Hon.- 
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