(03
de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Pobladores de San Salvador
Atenco y de San Miguel Tocuila, comunidad del municipio de Texcoco, en
el Estado de México, han tenido que instalar campamentos y plantones en
sus tierras comunales para evitar ser despojados de estas y contener el
avance de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (NAICM), ante la pasividad de las autoridades judiciales para
resolver los recursos legales interpuestos para dar marcha atrás con el
megaproyecto.
Ricardo Lagunes, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), sostuvo que “es lamentable que las autoridades, a pesar de los reclamos y de las demandas que se han hecho valer y que actualmente se encuentran en trámite, estén preparando todo el terreno, levantando una barda perimetral y confrontando a pobladores y ejidatarios propietarios que están siendo afectados por las obras”.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO,
Lagunes informó que el próximo 18 de agosto se realizará una inspección
judicial, solicitada por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México–empresa de participación estatal y parte de un juicio de amparo-
en la zona donde ya se levanta una barda perimetral para el aeropuerto,
cuyo objetivo es acreditar que en 5 mil hectáreas, no hay presencia de
pobladores o campesinos.
“Esta prueba no la consideramos de
relevancia porque ellos pretenden demostrar que en las tierras donde se
están construyendo el aeropuerto están deshabitadas y que no existen
personas cultivándolas; sin embargo, ese no es el punto central de la
demanda, sino que el impacto va más allá de la zona donde se van a
construir las pistas y la torre de control. El impacto, de tipo social y
medioambiental, no está siendo analizado ni calculado de manera
profesional ni técnica e irá, incluso, hasta otras comunidades, como ya
lo hemos demostrado en los juicios iniciados con testimonios de
distintos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
como el doctor Luis Zambrano, con todo conocimiento de causa”, detalló
el abogado.
Agregó que un estudio analizado por
biólogos de la UNAM, integrantes de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad, demostró que la presión de la obra sobre
la tierra -bajo la cual hay agua- generará grandes afectaciones a los
municipios de Texcoco, San Salvador Atenco, Chimalhuacán y
Nezahualcóyotl, como inundaciones.
Los especialistas, también detectaron
diversas irregularidades en el manifiesto de impacto ambiental
presentado por el Grupo Aeroportuario.
Un equipo de antropólogos de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH), de manera independiente,
realizó un estudio sobre las diversas poblaciones que existen alrededor
de la zona de impacto donde se pretende construir el aeropuerto, e
informó al Juez Noveno que existen poblaciones campesinas y originarias
del lugar que nunca fueron consultadas por el megaproyecto. En las
conclusiones, solicitan que se les consulte al respecto.
Un perito en antropología del Consejo de
la Judicatura Federal designado por el mismo juez, corroboró las
conclusiones de los antropólogos del INAH.
A pesar de que existe la posibilidad de
que el juez determine que se violó el derecho a la consulta libre e
informada y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) relativo a los derechos de los pueblos indígenas –ratificado por
el Estado mexicano- precise que es vinculante, el abogado reconoció que
“hay una tradición institucional de no acatar esos compromisos, ante
instancias judiciales se puede hacer valer y obligar el Estado mexicano a
cumplirlos. Sin embargo, en un Estado de derecho, si no existe voluntad
política de dar cumplimiento a estos mandatos internacionales, eso se
traduce en una regresión en la democracia”.
Sobre las licitaciones que para el
avance del proyecto se han realizado a pesar de no haber concluido los
procesos jurídicos en contra de este, Lagunes explicó que a la brevedad,
interpondrán acciones legales para impugnarlas.
Juicios en trámite
Lagunes explicó que aunque las
comunidades que se verán afectadas por la construcción del NAICM han
presentado diversos juicios para detener el avance del proyecto, aún no
existe una resolución definitiva respecto a estos.
Por ejemplo, el Juzgado Noveno de
Distrito -ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl- lleva el juicio de amparo
número 14/2015 que, aproximadamente 80 vecinos de la zona de impacto,
promovieron contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
por diversos permisos y autorizaciones para continuar la obra; también
contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
por el manifiesto de impacto ambiental.
Los ejidatarios de Texcoco también han
presentado un juicio de amparo –identificado con el número 349/2016- en
contra de la realización de una de las autopistas que daría acceso al
aeropuerto y que se tiene previsto trazar en territorio de Tocuila.
A la fecha, cuentan con una suspensión
judicial emitida por el Juzgado Noveno de Distrito, lo que les permite
gozar de una protección judicial, que se traduce en la no construcción
de esa vía, en lo que corresponde a sus tierras; sin embargo, la
Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), ha realizado varias incursiones a la
comunidad, a través de la empresa concesionaria, lo que ha generado un
clima de tensión y temor entre los pobladores.
“Hasta ahora no han logrado avanzar en ese tramo de Tocuila, que es el kilómetro cero al dos, que es donde comienza esta autopista, debido a la resistencia y oposición de los ejidatarios, reforzado con la suspensión definitiva que otorgó recientemente el Juzgado Noveno de Distrito en Nezahualcóyotl; pero a pesar de estos juicios, existen diversas situaciones generadas por las autoridades con la finalidad de avanzar”, detalló el litigante.
Pobladores de San Salvador Atenco
también han presentado argumentos jurídicos para defender su derecho a
la propiedad ejidal, pues el decreto que permite a la SCT echar a andar
el proyecto, modificó, en principio, la custodia que había de los
límites del vaso del Lago de Texcoco que en 1982 se adjudicó a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), a efectos de que resguardara y
protegiera en materia medioambiental, la zona de aproximadamente 11 mil
hectáreas.
En septiembre de 2014 se modificó el
decreto para adjudicar los terrenos a la SCT y destinarlos a la
construcción del Nuevo Aeropuerto.
Sin embargo, entre 1971 y 1982, el plano
que deriva del decreto de los límites del vaso del Lago de Texcoco, fue
estudiado por peritos en topografía -uno independiente de los
ejidatarios de Atenco y uno oficial de la Procuraduría General de la
República (PGR)- en un juicio de amparo interpuesto en el Juzgado Noveno
de Distrito y se determinó que se enciman con tierras comunales de San
Salvador Atenco, lo que dio pie a que los habitantes de dicha comunidad
de mandaran el uso de estos a través del juicio 514/2014.
“En ese juicio, los pobladores de San
Salvador Atenco demandan la inconstitucionalidad del decreto modificado
que afecta tierras ejidales y del que ningún momento fueron notificados;
estos decretos despojaban de tierras de uso común aledañas a la zona
federal de las que, hasta la fecha, ni la Conagua ni la SCT, ha exhibido
ningún plano para acreditar hasta dónde llega. Ante este vacío, el
gobierno federal se ha ido extendiendo”, detalló Lagunes.
El abogado subrayó que, en el fondo,
existe un interés económico por el valor de las tierras ubicadas en un
punto estratégico y no por generar un acceso a mejores vías de
comunicación para la población.
“En realidad, es un negocio redondo que
el propio secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza, ha señalado que en
cuanto esté montado, será entregado a la iniciativa privada. De
antemano, existe una estrategia de privatización, de beneficio privado y
no de beneficio público ni interés social. La vida de la población va a
verse transformada y precarizada”, denunció.
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