La Jornada
La Confederación de
Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) amagó ayer con
dejar de invertir en las denominadas Zonas Económicas Especiales
–ubicadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz– a
consecuencia de los plantones y bloqueos que lleva a cabo la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A decir
del organismo cúpula de la industria en el país, las inversiones que
pudieran frenarse ascienden a más de 50 mil millones de pesos y
cancelarían la creación de 40 mil empleos.
Se trata del más reciente de una serie de posicionamientos de las
organizaciones del sector privado en torno al conflicto magisterial,
cuyo origen, cabe recordarlo, se ubica en el rechazo de los docentes al
carácter punitivo de la reforma educativa. Un día antes, la
Confederación Patronal de la República Mexicana interpuso una demanda de
amparo frente a las ‘‘omisiones’’ del Estado mexicano,
por no haber garantizado los derechos individualesdurante las marchas y bloqueos de los maestros, y criticó la
excesiva toleranciade las autoridades frente a tales manifestaciones.
Sin desestimar las afectaciones provocadas por los bloqueos docentes y
los daños generados a miles de unidades económicas en las localidades
donde éstos se desarrollan –y que requieren, desde luego, el apoyo de
las autoridades–, no deja de llamar la atención que un conjunto de
organizaciones que durante décadas han demandado interlocución y
apertura del gobierno federal soliciten ahora que se actúe en el sentido
opuesto ante el conflicto magisterial. En efecto, si algo cabe saludar
de la postura del gobierno federal en semanas recientes es el viraje
hacia la búsqueda de una solución negociada y consensuada de dicho
conflicto, el cual surgió por el empecinamiento gubernamental en aplicar
una evaluación educativa cuestionada en los terrenos pedagógico,
político y laboral.
Por tardía que haya sido esa postura –lo cual provocó, entre
otras cosas, barruntos de estallamiento social con saldos trágicos, como
los que se registraron en Nochixtlán– la disposición al diálogo es un
escenario preferible a la confrontación, sobre todo en un Estado que se
reclama democrático. El hecho de que las autoridades federales hayan
pedido ayer al sector empresarial reconocer los avances alcanzados en
las negociaciones con la CNTE refleja un saludable interés gubernamental
por mantenerse en esa vía y no ceder, al menos en lo inmediato, a
actitudes de presión y hasta de chantaje como las que ha expresado el
empresariado.
La postura de los órganos cúpula de la iniciativa privada resulta
tanto menos comprensible si se toma en cuenta el papel que esas
organizaciones reclamaron en el último cuarto del siglo pasado –época en
que surgió el Consejo Coordinador Empresarial–precisamente como un
contrapeso a las prácticas autoritarias y al hermetismo del régimen
político vigente en ese entonces. Las demandas de apertura democrática y
diálogo que formularon las cámaras empresariales de los años 70 y 80
del siglo XX contrastan con el reclamo de implacabilidad contra la CNTE y
con el amago de rebeldía que formulan ahora frente a los esfuerzos por
lograr una salida consensuada al conflicto.
La pluralidad del México contemporáneo –cuya realidad es innegable,
lo reconozcan o no las élites políticas y económicas– requiere de que
los distintos grupos de interés reconozcan el diálogo como la primera
opción y la más deseable para resolver las diferencias.
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