(04 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Son las diez de la noche y Gustavo, editor de un reconocido diario de nota roja capitalino, se sienta en su silla y mira fijamente una pared de cristal llena de fotografías producto de la jornada del día: dos decapitados, cuatro ejecutados, un incinerado, son algunas de las opciones para su portada, después de meditarlo un buen rato escoge la fotografía y nota que “irán” de principal: “Perdonan vida a 2 niñitas” cabecea el diario la historia sobre cuatro personas asesinadas que aparecieron en una brecha de Axapusco, Estado de México.
La gran variedad de opciones para la
portada de un diario especializado en temas de seguridad es producto de
la espiral de violencia que vive México, datos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP), un organismo de la Secretaría de Gobernación
indican que mayo fue el mes con más homicidios desde septiembre de 2012.
Junio por su parte ha confirmado una
tendencia al alza que llama la atención de los especialistas en temas de
seguridad que analizan el fenómeno. Durante el mes pasado se iniciaron
mil 666 averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso, según
cifras del (SNSP).
Junio es el segundo mes con más
homicidios en lo que va de 2016 y el segundo más violento en cuanto a
homicidios en cuatro años. Por su parte el Instituto Nacional de
Geografía Estadística e Información (INEGI) confirmó a finales de julio
que durante 2015 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se
mantuvo igual que en 2014: 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes
lo que nos pone en el noveno lugar en América Latina.
Los estudios de diversas agencias de
seguridad indican que las elevadas tasas de criminalidad e inseguridad
conllevan los siguientes efectos: erosiona la calidad de vida, afecta
negativamente el clima de negocios al disminuir la inversión, se genera
un alto costo de oportunidad de los recursos destinados a seguridad, así
como una percepción negativa de los ciudadanos sobre la efectividad del
Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la
calidad de la democracia, entre otros efectos.
En este sentido Elena Azaola, profesora e
investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) detalla a Revolución TRESPUNTOCERO
cuáles son algunas de las causas que generan un ambiente propicio para
cometer crímenes de alto impacto principalmente perpetrados por grupos
delictivos organizados como cárteles de la droga o bandas de
secuestradores.
“Primero debo decirte que no se ha hecho
un análisis y revisión a fondo en las políticas de seguridad, más bien
ha operado una inercia de las mismas políticas que sabíamos que no
habían dado buenos resultados durante el sexenio anterior de Felipe
Calderón. No hubo empeño suficiente en revisar y reajustar esas
políticas y hay una incapacidad por parte de las instituciones de
seguridad en todos los niveles por controlar este fenómeno.
“Las políticas de seguridad deben ir
más allá de la contención y la represión y deben estar más articuladas
con las políticas sociales y económicas. En un escenario donde la
economía se deteriora, el empleo tiene cifras inadecuadas por el
desempleo, el subempleo y los salarios bajos, eso provoca también un
enorme déficit en temas relacionados con derechos humanos, índices de
violencia altos”.
Aunque en términos prácticos la tasa de
homicidios de 2015 se mantiene igual a la de 2014, este 2016 apunta a un
crecimiento de acuerdo con datos del Informe de víctimas de homicidio,
secuestro y extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública que señalan que durante el primer semestre de 2016 se
registró un aumento en el número de muertes violentas, en comparación
con el mismo periodo de los dos años anteriores
De enero a junio de este año, ocurrieron
10 mil 301 homicidios dolosos en el país, 1 mil 322 víctimas más que en
el mismo lapso de 2015 (cuando ocurrieron 8 mil 979) datos que se
desprenden de los reportes entregados por las procuradurías de justicia
de las 32 entidades federativas. Desde 2014, estos informes desglosan el
número de víctimas, y no sólo la cantidad de averiguaciones previas
iniciadas.
Sobre este aumento de los indicadores
Azaola señala, “este gobierno sufrió una inercia en las políticas de
seguridad del gobierno anterior que ya se había visto que no habían dado
resultado. El alza de violencia es el resultado de múltiples problemas
de gobernabilidad no atendidos en su debido tiempo y que están haciendo
crisis.
“Utilizar al Ejército en tareas de
seguridad pública además tenemos sistemas de procuración de justicia
incapaces e ineficientes, el cambio al nuevo sistema de justicia penal
no es suficiente para que las instituciones en automático comiencen a
funcionar correctamente. Siguen los mismos vicios, las procuradurías
siguen dependiendo de las órdenes de los poderes ejecutivos federales y
locales. Esa falla se combina con las instituciones de seguridad que
mantiene altos niveles de corrupción e impunidad.
“En policías municipales, estatales,
federales y el propio Ejército existen personas que se han pasado del
lado del crimen. La lógica de sus negocios consiste en dominar
territorios, aterrorizar a la gente con altos niveles de crueldad que
son necesario exhibir, a los criminales no les sirve matar a alguien y
que nadie sepa, deben exhibirlo, que sus rivales sepan quién controla el
territorio”.
Para la especialista, Enrique Peña Nieto
confió en que las reformas estructurales que propuso y mejorarían por
sí solas la situación del país, “sin embargo, eso no ocurrió. Esas
reformas no han dado los resultados que esperaban sus indicadores son
bastante malos. Simplemente se apostó a dar la vuelta a la página en
temas de seguridad y esperar que con las reformas, el país siga
caminando.
“Esa fue una apuesta equivocada en la
que descuidaron tener una propia estrategia de seguridad. A pesar de que
empezaron el sexenio con un buen discurso de por qué no continuar con
ella, en los hechos lamentablemente se ha ido demostrando que
continuaron con la misma política y por lo tanto con los mismos
resultados.
“Ha sido un descuido no atender temas
graves que estaban presentes desde hace tanto tiempo en debilidad y
fragilidad de instituciones de seguridad y justicia que no han sido
atendidos, además de que no se ha creado una política de seguridad más
amplia y mejor articulada con políticas sociales y económicas. No tengo
elementos para realizar predicciones, pero el escenario no se ve
positivo”, concluyó Azaola.
Impacto en la economía
Según los datos del artículo:
Criminalidad y crecimiento económico regional en México, firmado por
Salvador González Andrade, investigador de El Colegio de la Frontera
Norte (publicado en su página web en 2014) se consideró que México gasta
el 15% de su Producto Interno Bruto (PIB) en prevención, combate y
resarcimiento de los daños ocasionados por el crimen.
Lo anterior incluye los costos de las
policías públicas y privadas, cárceles, seguros, transferencias de las
víctimas a victimarios y las pérdidas estimadas en años de vida
saludables por homicidios o discapacidad ocasionados en actos
delictivos.
El Instituto Mexicano de la
Competitividad encontró que los costos directos e indirectos del crimen
y la violencia en México representan alrededor de 108 mil millones de
pesos al año, cifra mayor a la recaudación fiscal y más del doble de lo
que la banca comercial presta a las empresas privadas mexicanas.
Finalmente, Salvador González refiere
que una recesión importante que llevase a una caída repentina de cinco
por ciento en el PIB de un país “podría producir un incremento
instantáneo cercano a 50 por ciento en la tasa de robos. Sin embargo,
esto no sucedería si se intensifican simultáneamente los mecanismos de
control y prevención de la criminalidad”.
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