Autoridades incumplen NOM 046 y LGV
Era el 16 de mayo de 2016. Citlali (nombre ficticio) de 13 años de edad y
perteneciente a la etnia huichola, no había ido a la escuela porque no
tuvo clases. Cuando su padre se encontraba trabajando, ella fue atacada
sexualmente, en su propia vivienda, por un compañero de trabajo de su
papá.
Citlali vive con su padre y sus dos hermanitos en el poblado Miguel
Alemán, en la costa de Hermosillo. El día del ataque, ella le pidió
ayuda a sus hermanos quienes corrieron a auxiliarla.
Interpusieron la denuncia de inmediato, pero nadie le informó de sus
derechos como víctima; nunca le ofrecieron la Pastilla Anticonceptiva de
Emergencia (PAE) para evitar el embarazo, no se le ofreció ni se le
suministró tratamiento profiláctico para evitar infecciones de
transmisión sexual (ITS), mucho menos se le informó de su derecho a
interrumpir el embarazo en caso de que éste ocurriera. Ignoraron por
completo la NOM 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención”, así como la Ley General de
Víctimas (LGV).
Su asesora jurídica, Nohelia Escoboza Chan, informó a Cimacnoticias que
son muchas las irregularidades que se han cometido en este caso. El
primer error es que el Ministerio Público (MP) no siguió el protocolo de
atención a víctimas de violación y sólo la remitió al médico legista
quien certificó las lesiones, pero nunca se canalizó a una institución
de salud, por lo que no se tomó ningún tipo de previsiones, ni de
embarazo ni de ITS.
El médico legista certificó la violencia física. Un dictamen psicológico
también certificó la violencia psicológica que había sufrido, por lo
que el MP consignó al responsable ante el juez sexto de lo penal por el
delito de violación agravada.
El siguiente error, comenta la abogada, lo cometió el juez que recibió
el caso ya que reclasificó el delito por estupro, lo cual significaría
que la niña dio el consentimiento. Ante lo ilógico de la decisión, el MP
apeló, por lo que ahora se encuentra en segunda instancia.
La abogada explicó que al ser reclasificado el delito lo pasaron al
sistema de justicia penal oral a través de una “audiencia de
homologación”, pero esa figura no existe. Además precisó, todas las
actuaciones de la averiguación previa están hechas ante el MP y no
pueden ser equiparadas a las actuaciones de un juicio oral. Por si fuera
poco, el juez del sistema oral recibió el caso, cuando está pendiente
la apelación del sistema anterior.
Criticó que nadie le ofreció atención de emergencia, pese a ser víctima
de violencia sexual, con lo que se violó la LGV y la NOM 046.
Como consecuencia de la violación, Citlali presenta un embarazo de más
de 12 semanas de gestación, y aún cuando ha solicitado la interrupción
legal del embarazo por violación (ILE), éste no se le ha otorgado,
condenó la abogada que lleva el caso.
Cuestionada al respecto, la encargada del área jurídica de la Secretaría
de Salud (Ss) Rebeca López Aguirre, dijo en entrevista radiofónica que
están “impedidos” (el personal de salud) para realizar la ILE porque el
delito que se persigue es por estupro y no por violación, debido a la
reclasificación por parte del juez; y agregó que no es su facultad
clasificar delitos, por lo que se guían por lo que dicte el juez.
Por si ello fuera poco, alegó que ellos (el personal de salud) acatan el
artículo 1 de su constitución local (modificado el 21 de octubre de
2008) que a la letra dice "Desde el momento de la fecundación de un
individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido
para todos los efectos legales correspondientes".
En un desconocimiento total del tema, la médica señaló que en la entidad
no existen antecedentes de un caso similar, cuando lo cierto es que en
el caso de una menor de edad de Cananea, que fue violada en octubre de
2014 por lo que presentó un embarazo, accedió a la interrupción legal de
éste en el Hospital de la Mujer, después de que sus abogados hicieran
la petición invocando la LGV, misma que ahora, se niegan a cumplir.
Desde mayo de este año el gobierno del estado publicó en su Boletín
oficial, el Protocolo especializado en la investigación de delitos
contra la libertad y seguridad sexual de las personas, en cumplimiento a
una de las recomendaciones de la AVG, pero solamente señala que en caso
de violación, debe ofrecerse de inmediato la PAE, así como la
profilaxis contra VIH/Sida, pero no la ILE.
Para la abogada de Citlali, lograr que se practique una interrupción del
embarazo a la niña, restablecer sus condiciones de vida y repararle el
daño, deben ser prioridades para que sus derechos sean restituidos.
Nohelia Escoboza Chan, asesora jurídica | Foto: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.-
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