Las acciones violentas como las constantes demandas judiciales en contra de periodistas inhiben su trabajo informativo.
lasillarota.com
En el crispado ambiente social en el que se encuentra el país, el
periodismo se encuentra bajo asedio permanente, sistemático, a través
de acciones violentas que implican asesinatos, desapariciones, ataques y
la judicialización del ejercicio periodístico, con distintos niveles de
gravedad (que más grave que perder la vida), su objetivo final es
acallar a los comunicadores para evitar que la información llegue a la
sociedad.
Casi todos los casos de agresiones se mantienen en la impunidad y se
desconoce a los autores intelectuales y materiales. En cuanto a la
judicialización, ésta es utilizada frecuentemente por personajes con
poder económico y/ o político aduciendo un supuesto daño moral.
En las últimas semanas organizaciones civiles y organismos
internacionales de distinta índole han manifestado su preocupación por
la situación que atraviesa el periodismo que en los últimos meses ha
acumulado más agravios.
Me refiero a los asesinatos de los Salvador Olmos García en el
municipio de Huajuapan de León, de Oaxaca, el pasado domingo 26 de
junio, Olmos era el presentador de ‘Pitaya Negra’, un programa en la
emisora de radio local ‘Tu un Ñuu Savi’, previamente en el mes de
febrero Anabel Flores Salazar, fue hallada muerta en Veracruz; en el
mismo estado en la localidad de Tierra Blanca, Pedro Tamayo Rosas fue
ultimado en julio; en el marco de los hechos de violencia por el
conflicto entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, el 19 de junio, los reporteros Elidio
Ramos Zárate y Raúl Cano López, quienes cubrían los hechos de violencia
en Oaxaca fueron agredidos por desconocidos, perdiendo la vida el
primero en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en un
hospital como consecuencia de las heridas que recibió; en abril 25
Francisco Pacheco, fue asesinado en Taxco, Guerrero.
Estos asesinatos se acumulan a los ya existentes, de acuerdo al
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos
Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a
la fecha se han registrado 113 homicidios de periodistas, 20 periodistas
han desaparecido desde el año 2005 y se han registrado 49 atentados a
medios de comunicación desde el año 2006, que insisto casi todos se
encuentran en la impunidad, como el de la antropóloga y activista Nadia
Dominique Vera Pérez y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, que
el pasado 31 de julio cumplieron un año de haber sido asesinados con
saña en la colonia Narvarte en la Ciudad de México.
Si esta situación ya marca una grave situación para el ejercicio
periodístico, además hay que agregar lo que algunas organizaciones han
denominado como el acoso judicial a periodistas, lo casos más sonados
son las demandas que interpusieron políticos en contra de la periodista
Sanjuana Martínez, Humberto Moreira en contra de Sergio Aguayo y la del
empresario Joaquín Vargas en contra de Carmen Aristegui, a través de
demandas por daño moral que implican millonarias sumas de dinero que
tendrían que pagar para resarcir el supuesto daño.
Sanjuana Martínez fue demandada por el dirigente del Partido de la
Revolución Democrática, Jesús Ortega, por un reportaje que reproduce uno
de los testimonios de víctimas de trata de personas que lo señala como
uno de los implicados en este delito, la defensa de la comunicadora lo
asumió la organización internacional Artículo 19, quien acusa graves
errores en el proceso que condena a su defendida y el proceso aún
continua en tribunales.
El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, acusado públicamente
de actos de corrupción, inició una demanda en contra de Sergio Aguayo,
por su artículo “Hay que esperar”, donde habla de la detención en España
del político tras ser investigado por lavado de dinero y por lo que fue
encarcelado una semana. Aguayo un académico de reconocida trayectoria,
ha afirmado que la demanda tiene por objetivo intimidarlo porque está
dirigiendo desde El Colegio de México, una investigación sobre la
masacre de Allende, Coahuila del 2011 cuando Moreira aún era gobernador,
en la que desaparecieron unas 300 personas[1].
Por su parte Carmen Aristegui, fue demandada junto con la casa
editorial Penguin Random House por el empresario dueño de MVS, Joaquín
Vargas, por daño moral por el prólogo que escribió la periodista para el
libro de la llamada casa blanca, el reportaje que cimbró a este
gobierno y que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a pedir una
disculpa pública. El empresario exige retirar el libro de la circulación
y eliminar el prólogo de Aristegui, antes de volverlo a publicar y
ponerlo en venta. Esta demanda se integra a otras más que se dirimen en
tribunales entre la periodista y la empresa a raíz de su injustificado
despido en marzo de 2015.
Así los periodistas se ven acotados para realizar su trabajo y deben
de invertir tiempo y dinero, que afectan a su patrimonio, para
defenderse. Tanto las acciones violentas como las constantes demandas
judiciales en contra de periodistas lo que terminan produciendo es un
efecto inhibitorio para realizar su trabajo informativo, lo cual tiene
serias afectaciones en la libertad de expresión y el derecho a la
información de la sociedad mexicana en su conjunto.
Si el periodismo está bajo asedio también están bajo asedio las
libertades civiles y políticas poniendo en serio riesgo la viabilidad
democrática, eso debiera preocuparnos en serio.
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