Sexo y poder

Gabriela Rodríguez

La Jornada

¿Qué estamos haciendo frente a las niñas violadas? ¿Qué medidas impulsa el Estado para prevenir la violación? ¿Qué acciones se promueven para atender a las víctimas y castigar a los agresores?

Me temo que ante la violencia sexual la sociedad mexicana está en deuda. Los casos son muchos; el más reciente, de Citlali, la niña huichola de 13 años que fue violada, desnuda el grado de abandono en que se encuentran las víctimas en tales situaciones. Originaria de una comunidad wixárika de Sonora, la niña estrella (Citlali significa estrella en náhuatl) fue sexualmente agredida el pasado 2 de mayo por un compañero de trabajo de su padre, quien aprovechó cuando ella se encontraba sola en su casa, para atacarla. Ese mismo día y en compañía de sus hermanos Citlali acudió a la policía para denunciar a su agresor. Ahí cumplió con todos los procedimientos solicitados por las autoridades para certificar la violencia física y los daños causados. Tras verificar los hechos, el agresor fue consignado por el delito de violación agravada. Citlali resultó embarazada, pero no se le reconocieron los derechos que exige la Ley General de Víctimas y se ignoraron las obligaciones de la norma oficial mexicana 046: se exige a los peritos ofrecer a las víctimas de violencia sexual atención sicológica, anticoncepción de emergencia, medicamentos antibióticos de ITS, retrovirales para evitar el VIH, así como su derecho a interrumpir el embarazo.

Peor aún, el juez que atendió el caso clasificó el delito contra Citlali como estupro y no como violación. El estupro es un concepto anacrónico que asume como delito menor que un agresor adulto consiga el consentimiento sexual de una persona de 12 a 18 años de edad, así sea mediante el engaño. La visión ciega del jurista negó el derecho al aborto a la menor, toda vez que el código penal local, como en todos los estados del país, reconoce el derecho al aborto cuando el embarazo es producto de una violación, pero no cuando es víctima de estupro. ¡Qué gran estupidez!, por decir lo menos.

El juez incurre en un acto grave de violación a los derechos humanos de Citlali. Al obligarla a ser madre del hijo de su violador, está comprometiendo el desarrollo y el resto de su vida como mujer; le niega el derecho a decidir, como señala el cuarto artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además la discrimina por razones étnicas, de género, de edad y de condición social; violenta nada menos que el derecho a la igualdad, primer artículo reconocido en la ley suprema.

Paralelamente vemos cómo el Congreso de Veracruz aprobó la reforma al artículo 4 de la Constitución Política del estado, enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la cual propone garantizar el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte. Esta es la ética de los gobernadores de hoy: roban, reprimen y matan a periodistas y defensores de derechos humanos, pero eso sí, defienden el derecho del no nacido por encima de los derechos de la mujer embarazada. Más allá del gobernador, es necesario denunciar que la reforma fue avalada con 39 votos de legisladores del PRI y del PAN, así como por legisladores independientes.

Entendemos que los principios del PAN reproducen los de la Iglesia católica en relación con la vida sexual y reproductiva. Nos recordaba recientemente Norberto Rivera: el Génesis establece que “hombre y mujer los creó... Y los bendijo Dios y les dijo Dios: ‘Sean fecundos y multiplíquense...’” (Gén 1:27-28). Además recordó que la Iglesia considera pecado grave la relación sexual homosexual, al señalar lo que Jesús dice: Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne (Mt 19:5). Desde hace 2 mil años y hasta la fecha, la moral cristiana condena todo acto sexual que no tenga como finalidad la reproducción.

Son los partidos de izquierda, y esperamos que así se mantengan, los que se posicionan del lado de los derechos sexuales y reproductivos, pero el partido que no acaba de definir una ética sexual consistente es el PRI. Sus correligionarios mejor han optado por negociar con la jerarquía católica, de acuerdo con conveniencias electoreras. No comprenderíamos por qué Enrique Peña Nieto impulsa la iniciativa para legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo y al mismo tiempo llama a su gente a votar contra el derecho de las mujeres a la maternidad voluntaria. Estando ambos derechos ampliamente avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estos políticos buscan es legitimarse ante sus altos grados de desaprobación. El desesperado Duarte buscó congratularse con las huestes eclesiales con su iniciativa antiaborto, en tanto que Peña Nieto, al lanzarse en favor del matrimonio gay justamente una semana antes de la contienda electoral, quiso levantar una cortina de humo para que se dejara de hablar de la corrupción, de la violencia, del movimiento magisterial y de todas las inclemencias que estamos sufriendo. La violencia a los derechos sexuales y reproductivos es más grave en familias que viven con precariedad, así como en zonas rurales e indígenas (caso Citlali). Se trata justamente de los territorios donde trabajan los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¡los levantados! El modelo educativo 2016 que hoy está en consulta tendría que considerar el empoderamiento de niños, niñas y adolescentes; su derecho a la igualdad y no discriminación por género, por etnia, por preferencia sexual y por edad; posponer la edad al matrimonio y a la maternidad, así como difundir el derecho a interrumpir un embarazo producto de la violación.

Como nos hizo ver Michel Foucault: La sexualidad no es lo que teme el poder, sino más bien el instrumento por el que éste se ejerce.

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