ENTREVISTA
Jacinta, una década de esperar justicia
Jacinta Francisco Marcial en su casa en entrevista con Cimacnoticias
La casa de Jacinta Francisco Marcial, una otomí madre de cinco hijos y
abuela de ocho nietos, siempre está cerrada, pero cada tanto se abre
para recibir lo mismo a universitarios que quieren hacer una tarea, que a
periodistas que van a entrevistarla, o simplemente personas que pasan a
conocerla.
Jacinta trata de recibir a sus visitantes en su casa, ubicada a la
orilla de la carretera que va del municipio de Amealco de Bonfil, en
Querétaro, a la Ciudad de México, pero no siempre puede hacerlo porque
toda la semana está trabajando. En época de calor vende aguas frescas,
paletas y helados; y en época de frio todo tipo de dulces y frituras.
Casi desde que era niña, esta mujer de apenas un metro y medio de
estatura, se ha dedicado a la venta, solamente interrumpió su oficio en
2006, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de
secuestrar a seis policías de élite de la entonces Agencia Federal de
Investigación (AFI), una acusación que la llevó a recibir una sentencia
de 21 años de prisión, de los cuales pasó 37 meses.
Jacinta conversó con Cimacnoticias sobre los aprendizajes de este
capítulo en su vida, mientras permanecía sentada en el amplio patio de
su casa con cuartos de ladrillo, sin decoración, un hogar que todavía
sigue construyendo y en el cual habita desde hace unas tres décadas,
cuando se casó.
Rodeada de plantas y árboles de pera y durazno, con su cabello trenzado y
vestida con blusa de cuello de pliegues y falda de tela satinada –el
traje típico otomí– Jacinta aún se esfuerza por expresarse en español y
no en su lengua materna. A 10 años de su detención -que se cumplen hoy 3
de agosto- todavía le cuesta hablar.
Mientras conversa, trata de hilvanar el significado de palabras como
“secuestro”, “careo”, “discriminación” o “reparación del daño”, apenas
puede pronunciarlos y más aún entenderlos, los escuchó durante tantos
años, que ahora busca darles sentido.
Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio | CIMACFoto: César Martínez López
Al tratar de reconstruir aquel hecho Jacinta recuerda que ese día salió
temprano para recorrer su barrio e invitar a la gente de la comunidad a
ir a la peregrinación que cada mes de octubre sale de Querétaro rumbo a
Atotonilco, en Guanajuato. Como ferviente católica, desde muy joven
participa en las peregrinaciones de su comunidad.
“Ese día llegaron ellos. En la tarde, como a las seis de la tarde, venía
de regreso a la casa. Cuando llegué estaba una señora y un señor en la
puerta de afuera. Estaban platicando con mi esposo y mi hija. Cuando
llego, se voltea la señora y me dice que si era la señora Jacinta y le
dije que sí, cuando le dije que sí, va y me agarra fuerte de acá arriba
(de la cabeza) y me voltea a ver”.
Esas personas que no se identificaron, le dijeron que debía ir a
declarar “algo”. Confiada en que no había hecho nada, ella y su esposo
Guillermo acompañaron a las dos personas.
“Cuando iba caminado ningún carro estaba ahí, pero cuando yo llego (la
mujer) me empuja, me voltea y ya estaba un coche y me meten ahí. No me
dejaba alzar mi cabeza ni nada. Y me dice ¿tú eres la señora Jacinta? y
le dije que sí. ¿Qué hiciste hace poquito tiempo? (preguntó la mujer) Dije, pues vámonos yo no he hecho nada”.
Jacinta y su esposo subieron a la parte trasera del auto y las otras dos
personas iban adelante; mientras la mujer manejaba le dijo que nada más
iba a declarar y ellos la iban a regresar a su casa.
“Yo no tenía miedo porque sabía que no había hecho nada”, recuerda
Jacinta. Lo que no sabía es que era trasladada al Juzgado Cuarto de
Distrito del estado.
Cuando llegaron al lugar, su esposo se quedó afuera y a ella le pidieron
que pasara. Al entrar vio que algunas personas estaban cenando y ante
la indiferencia del personal lo único que hizo fue sentarse a esperar a
que alguien le hiciera las preguntas. Eso nunca pasó.
“Llegando allá en Querétaro, ya estaban las otras dos muchachas (Alberta
y Teresa, que vendían discos de música), preguntaron ‘por qué te trajo
si tú no vendías lo que nosotros vendíamos’, pues no pero también me
trajeron, dijeron que nada más iba a declarar y me iban a regresar”.
La promesa tampoco se cumplió porque minutos después fueron exhibidas
ante los medios de comunicación queretanos, para enseguida, trasladarla
al Centro de Readaptación Social de San José El Alto, el lugar donde
estuvo recluida tres años y casi dos meses.
Jacinta en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, en 2014 | CIMACFoto: César Martínez López
Su fe comenzó desde niña, cuando su madrastra iba a las peregrinaciones a
Atotonilco, “ella nos llevó para que supiéramos como es, entonces de
ahí empecé a ir. Luego tenía a mis hijos y ya no iba hasta que ya
estaban grandecitos”.
Cuenta que por ahí de 1997, una de sus hijas la acompañó en su
recorrido, juntas caminaron durante ocho días desde la capital queretana
hasta llegar a la Ciudad de México. Desde entonces, cada año participa,
sólo dejó de asistir durante los tres años que estuvo encarcelada.
Cuando la gente de su parroquia supo de ello, nadie lo podía creer.
DISCRIMINACIÓN POR ETNIA
Desde que entró a la cárcel de San José El Alto, Jacinta fue despojada
de su identidad, no pudo vestirse con la ropa otomí, la de colores vivos
y amplias faldas que tanto le gusta lucir, tuvo que usar pantalón, pero
la ropa era lo de menos, fue obligada a hablar español.
Fue hasta que llegó a la cárcel cuando se enteró que estaba acusada de
secuestro, las propias internas le informaron de su situación.
“Las otras compañeras me dicen si es cierto que secuestramos a seis
agentes federales. Digo no, ellos llegaron a recoger no sé cómo se llama
(piratería), llegaron a hacer eso. A mí me trajeron pero yo no vendía
eso”.
Todavía recuerda aquella conversación con una de sus compañeras de celda:
--Si pero no salió eso, salió que ustedes secuestraron seis agentes. ¿Saben qué es un secuestro?
--No.
--Un secuestro es cuando tú detienes una persona, la encierras, no la dejas que salga, eso es un secuestro.
Jacinta Francisco en entrevista con Cimacnoticias | CIMACFoto: César Martínez López
Durante los primeros días en la cárcel no tuvo miedo de lo que le decían
hasta que una interna le dijo: “El delito de secuestro es muy grave, es
el delito más grave de todos. Yo vengo por homicidio y más fácil que me
vaya yo que tú”. Entonces empezó a dudar de su liberación.
Los domingos y los miércoles recibía las visitas de su familia quienes
le contaban que nadie quería ayudarla porque se trataba de un delito muy
grave y además porque lo hizo contra el gobierno.
Así pasaron dos años sin que tuviera más información, y es que al hablar
otomí y entender poco el español ni siquiera podía comprender lo que un
funcionario le dijera.
--¿Alguna vez vio a los policías que la acusaron? le preguntaban.
--“No”, respondía. Y aunque pedía hablar con ellos su familia le decía:
“¿cómo vas a carear con ellos? no vas a ganar porque tú no sabes hablar
nada y no les vas a entender”. Y aunque el juez citó a los policías en
varias ocasiones, los presuntos agraviados nunca se presentaron.
Durante 2 años su esposo y sus hijos se movilizaron para buscar un
abogado y luego para viajar a la Ciudad de México y pedir asesoría del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que
junto con el Centro Fray Jacobo Daciano, asumieron su representación
legal en diciembre de 2008.
El 19 de diciembre de 2008 Jacinta fue condenada a 21 años de prisión y a
dos mil días de multa, equivalentes a 91 mil 620 pesos. Un mes después
Alberta y Teresa fueron condenadas a la misma pena pero en abril de 2010
lograron salir de prisión por una resolución de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Acostumbrada a no guardar fechas ni acontecimientos en la memoria
Jacinta dice: “ahorita si pienso tres años y dos meses, si es mucho
tiempo. En ese tiempo fue como dos, tres días pero fue mucho tiempo
¡tres años!”.
Obtuvo su libertad después de la intervención de sus abogados y una
intensa campaña donde se logró una recomendación del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali) dirigida al Juez Cuarto de Distrito de
Querétaro por no brindar un intérprete; y otra de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la PGR.
El 16 de septiembre de 2009 Jacinta obtuvo su libertad | CIMACFoto: César Martínez López
LECCIÓN DE VIDA
Como resultado del litigio de sus abogados, un tribunal unitario ordenó
reponer el procedimiento y en medio del escándalo mediático la PGR
decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. El 16 de
septiembre de 2009 obtuvo su libertad.
Luego de su paso por la prisión quedaron enseñanzas. “Aprendí de los
abogado particulares, dicen que van a apoyar, el abogado particular nada
más te quita dinero, ahí aprendí eso. Y cosas que no sabía hacer como
el deshilado, las manualidades, bordar listones en cojines o en
servilletas y manejar una máquina de coser de esas que usan en los
talleres grandes porque yo nunca había agarrado una”.
Ahora puede comunicarse con más facilidad en español pero sigue hablando
su lengua. “De a poquito iba aprendiendo a través de las compañeras. Me
costó mucho trabajo porque había cosas que yo no entendía nada, ellas
tenían paciencia de explicarme o de decirme qué significaba esas palabra
o cómo se hablaba esa palabra que yo no entendía y me decían cómo debía
de ser”.
En este camino también hubo episodios negativos, se perdió las
celebraciones de la familia, los buenos momentos de los hijos, las
anécdotas de los nietos, las peregrinaciones de tres años y además vivió
el maltrato de custodias e internas.
“De lo malo creo que nada más de las compañeras que son ¿cómo le
dicen?... discriminación. Hay compañeras que tenían tiempo allá, que ya
conocían, sabían. En la primera noche que paso con las otras, había una
que decía que no le gustaba que le metieran unas indias, no le gustaba
que me quedara con ellas porque estaba acostumbrada a estar sola”.
A una década de aquella experiencia hoy es una mujer más consiente, sabe
de las protestas del magisterio y de la desaparición de los 43
estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, en septiembre de
2014. Se interesa por estar informada porque a su casa siguen llegando
visitantes que tienen un hijo o un familiar en la cárcel y que le piden
un consejo.
Así pasa su tiempo, entre sus reuniones con la feligresía, vendiendo
paletas o bordando servilletas y fajas. A la par, ella y sus abogados
pidieron la reparación del daño a la PGR pero la instancia se ha negado
en dos ocasiones, primero en 2012 y luego un año más tarde, siempre
alegando que no hubo pruebas suficientes para acusarla pero que sí
cometió un delito.
En esta nueva cruzada judicial, el jueves 19 de mayo de este año, el
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
confirmó la sentencia que en mayo de 2014 dictó el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) cuando ordenó a la Procuraduría
General de la República (PGR) indemnizar y reconocer públicamente la
inocencia de la indígena otomí.
Jacinta
Francisco acudió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa para escuchar el fallo a su favor | CIMACFoto: César
Martínez López
A la fecha, Jacinta está a la espera de que se haga realidad esa
disculpa y aunque no entiende bien el término sabe que eso no puede
resarcir tres años de cárcel. “No le entiendo bien cómo es eso pero
estaría bien pues la gente sabe que no es cierto (la acusación). Muchos
me creyeron, saben que no fue cierto, pero si es necesario”,
refiriéndose a la reparación.
| CIMACFoto: César Martínez López, enviado
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Amealco, Qro
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