Puebla: un nuevo gobierno

Mario Patrón

La Jornada

A finales de la semana pasada tuvo lugar el cambio de gobierno en el estado de Puebla. Luis Miguel Barbosa tomó posesión después de cinco gobernadores y dos procesos electorales en el lapso de un año. La violencia política y la disputa poselectoral de 2018, sin duda, marcaron el proceso de 2019, que se caracterizó por la polarización, la descalificación y –en buena medida– la guerra sucia en la contienda.

Los resultados de lo anterior fueron catastróficos para la agenda de la democracia. Si bien triunfó Barbosa Huerta, también ganó el abstencionismo, pues 65 por ciento del padrón electoral no participó. En resumidas cuentas, el cambio de gobierno del jueves primero de agosto se da en circunstancias sumamente extraordinarias: a) el abstencionismo de la ciudadanía; b) Morena ganó teniendo menos votos que el PAN y, sobre todo, gracias a los sufragios que le dieron el PT y el PVEM; es decir, el bono electoral-democrático del nuevo gobierno es bastante estrecho y, c) fue precedido por la tragedia mortuoria –en sentido literal– del morenovallismo.

La victoria de Morena en Puebla significa que, además del gobierno federal, este partido dominará una buena parte del centro y el sur de la nación: son seis entidades en las que además tiene mayoría parlamentaria en los congresos estatales, a los que habría que agregar Baja California. El gran mensaje de la toma de posesión de Luis Miguel Barbosa Huerta fue el apoyo del gobierno federal, del Congreso de la Unión y de su partido. Estuvieron presentes tres secretarios de Estado, entre ellos Marcelo Ebrard Casaubón y Olga Sánchez Cordero, los coordinadores de las bancadas parlamentarias en las dos cámaras, Mario Delgado y Ricardo Monreal, y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Un día después de la toma de posesión, el propio Presidente de la República estuvo en Puebla como un signo más de respaldo al nuevo gobierno. Si bien la llegada de Barbosa al Ejecutivo estatal fue compleja y precedida de nubarrones, el apoyo que tiene sobre la mesa no es cualquier cosa. Contar con el gobierno federal y con la mayoría parlamentaria en el Congreso local podría ser fundamental para que su gabinete se asiente y gobierne de manera sustantiva.

Desde la perspectiva ciudadana, el abstencionismo fue un mensaje contundente. Barbosa Huerta tendrá que gobernar para quienes votaron por él y para quienes no sufragaron por él, pero sobre todo para quienes no acudieron al proceso electoral. En su primer discurso el gobernador construyó la narrativa sobre el inicio de la Cuarta Transformación poblana. ¡Vaya enunciado! Puebla y los poblanos se juegan la oportunidad de tener lo que la propia 4T promulga como cambio de régimen o simplemente una alternancia en el poder donde sólo cambian gobernantes y los colores del partido en turno.

Ésa es la oportunidad que brinda el cambio político en Puebla, pero al mismo tiempo ése es el riesgo. Expresiones locales de gobiernos y congresos morenistas no han sido tan felices para la agenda democrática. Basta recordar las recientes expresiones parlamentarias, con la ley Garrido en Baja California y la ley garrote en Tabasco, que no son propias de gobiernos progresistas y sí formas políticas muy parecidas a las de gobiernos que representaron a fuerzas partidistas del PRI y del PAN.

En suma, el riesgo frente al nuevo gobierno es que sea un poco o un mucho de lo mismo –sólo una alternancia– e incluso que haya que defender libertades y derechos básicos ya ganados, como ha sucedido en otros gobiernos locales de Morena. En contrapartida, la gran oportunidad con Luis Miguel Barbosa Huerta es que sea, en efecto, un gobierno que reinvente la racionalidad política del servicio público y que diseñe un plan de trabajo que ponga en el centro a las personas.

Hay dos ejes transversales que representan las principales preocupaciones y problemas que afectan a los poblanos y que serán fundamentales para un cambio de régimen: la agenda del Estado democrático de derecho y la agenda de la desigualdad y la pobreza.

En la primera se incluye el crecimiento de la violencia junto con el de los índices delictivos. En el primer cuatrimestre del año, Puebla se colocó en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva al registrar 25 mil 446 presuntos delitos, y en primer lugar en linchamientos como expresión de la justicia por propia mano. A esto habría que sumar los altos índices de impunidad y corrupción en el sistema de investigación e impartición de justicia.

En la segunda agenda, Puebla es la cuarta entidad a escala nacional con mayor índice de pobreza y además tiene la segunda ciudad capital más desigual en la República. La asimetría entre el mundo urbano y el rural en el estado se define como desigualdad y se materializa en el acceso raquítico a los derechos básicos elementales para el desarrollo humano como la educación, la salud y la vivienda.

En la medida en que el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta desee y consiga generar políticas y programas que entren al fondo de estas agendas, podremos atestiguar un proceso de transformación política en el que se atenderán los principales ejes de preocupación para los ciudadanos y se podrá revertir efectivamente la situación que hoy vivimos. Es ahí donde esta la oportunidad para el nuevo gobierno y para las y los poblanos.