Napoleón Gómez Urrutia
La Jornada
La subcontratación, o el mejor conocido término de outsourcing,
es una figura que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo siguiendo
las tendencias del mundo occidental de permitir la contratación de
empresas externas que cuentan con trabajadores especializados y
experiencia en el manejo de recursos humanos, con fines de aumentar la
productividad en trabajos eventuales. A estas compañías, que realizarían
las gestiones de personal, en ningún momento se les debió permitir que
evadieran las obligaciones fiscales de la empresa primaria que los
contrató, ni que ignorasen el respeto a los derechos de los empleados.
Las empresas especializadas en la subcontratación, en la mayor
cantidad de casos, se consideraron de consultoría o manejo de nómina, en
ningún momento estuvieron facultadas para no cumplir con sus
obligaciones con los trabajadores, ni las de orden fiscal.
Lamentablemente, atendiendo a una causalidad, no casualidad, los
gobiernos panistas y priístas permitieron lagunas en la normativa
laboral para que estas empresas outsourceras pudieran evadir
sus obligaciones fiscales, así como lo que por derecho le corresponde a
los trabajadores, esto es, derecho a la seguridad social, al
reconocimiento de la antigüedad en el trabajo, (derecho) a la
participación de las utilidades de la empresa, entre otros.
Es por lo que existe el reclamo, ampliamente justificado, de diversos
sectores de la sociedad, de la clase política, de la academia y de
organizaciones civiles, por erradicar estas malas prácticas que algunas
empresas especializadas en la subcontratación realizan.
Recientemente, del 23 al 25 de julio del año en curso, la Comisión de
Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que me honro en
presidir, conjuntamente con la Comisión de Anticorrupción que lidera el
senador José Clemente Castañeda Hoeflich, realizó el ejercicio
democrático de Parlamento Abierto para recibir las propuestas,
perspectiva y opiniones de todos los sectores interesados en los temas
laborales.
Con el propósito de lograr una transmisión de ideas estructurada y
poder plasmar estas ideas de manera ordenada, se estableció un formato
electrónico en donde todos los interesados podrían enviar con semanas de
antelación sus propuestas, perspectiva y opiniones, así como los
artículos que consideraron debieran reformarse. Posterior a esto,
durante los tres primeros días de julio, los interesados expusieron sus
propuestas de manera verbal.
El ejercicio de Parlamento Abierto fue un éxito, resaltando el gran
interés de todos los sectores por el tema de la subcontratación. De lo
expuesto respecto a este tema se recogen tres grandes posturas. La
postura que pretende continuar operando con la normativa actual, aquella
que busca la prohibición tajante del esquema de la subcontratación, y
la que sugiere cambios a la normativa vigente para regular el outsourcing.
La tendencia con mayor respaldo resultó ser la que busca que se
regule la subcontratación para evitar las malas prácticas de evasión
fiscal y el no cumplimiento de las obligaciones legales con los
trabajadores. Asimismo, se enfatizó la necesidad de la aplicabilidad de
la normativa que se reforme. De nada sirve establecer una normativa
insigne, si no existen los recursos, los procesos y la voluntad para
aplicar dicha normativa.
Paralelamente al tema de la subcontratación, subsiste el tema de los llamados factureros. Los factureros
y algunas empresas irresponsables de la subcontratación, se han
coludido para quebrantar la ley, por lo que resulta imprescindible
atacar ambos problemas conjuntamente. Se deberá acabar con la simulación
que afecta enormemente a la clase trabajadora de nuestro país, así como
a la recaudación que realiza el Estado mexicano.
Posterior a una reforma para regular el tema de la subcontratación,
será muy necesaria una coordinación efectiva entre la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Sistema de
Administración Tributaria, para lograr la aplicabilidad la ley y la
penalización de las empresas infractoras.
Resulta más que evidente la necesidad de realizar cambios en cuanto a
la normativa rectora de la subcontratación en México, pero
paralelamente se deberán emplear los mecanismos para asegurar la
aplicabilidad de la normativa. Con esto se beneficiará a un gran número
de trabajadores, así como a las finanzas del Estado mexicano.
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