Esto lo sabe la Fiscalía General de la República (FGR). Es por ello, quizá, que innovó su estrategia frente a la “estafa maestra”, la cual fue un sistema de financiamiento a favor del PRI mediante desvíos fraudulentos de fondos públicos. Rosario Robles acudió un día a San Lázaro, como secretaria de Estado que todavía lo era hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, y afirmó que ella no había firmado ningún papel relacionado con la estafa descrita por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF sabe que nada fue firmado por secretario alguno, mucho menos por el presidente de la República, pero que eso no exime del delito. Si no se dispuso ilícitamente del dinero para disfrute personal, se permitió que se entregara, lo cual también es delictivo. En realidad la acción y la omisión vienen a ser prácticamente lo mismo cuando se está en el desempeño de un cargo público de alta responsabilidad. Si la estafa maestra fue una estafa, lo cual ha sido acreditado por la ASF, entonces existen responsables, los cuales abarcan desde quienes no hicieron nada para impedirla, los que la ordenaron de palabra, los que sí firmaron las autorizaciones y, también, las personas que sirvieron de intermediarias y las que recibieron los dineros ilícitos.
Eso es lo que busca esclarecer la FGR, por vez primera. Antes, cuando un político caía, se le acusaba directamente de muchos delitos con causa o sin ella: delincuencia organizada, lavado, evasión, etc. Pero eran pocos los indiciados y siempre por motivaciones políticas coyunturales. Los demás corruptos nunca fueron sometidos a proceso penal y gozan de cabal libertad.
La manera en que la FGR ha empezado a encarar el asunto de la estafa maestra está acorde con los tiempos políticos y con el nuevo sistema penal. La combinación de ambos ha traído como resultado que se intente abrir causas penales mediante un accionar directamente judicial, sin que el Ministerio Público le haga de juez y sin que el juez le haga de tribunal de alzada. Así, la FGR solicitó al juzgado su intervención para abrir procesos penales contra personas sin que previamente se hubiera librado una orden de aprehensión. De lo que se trata no es de encarcelar a algunos de momento sino de abrir los procesos penales que conduzcan a que se conozca lo ocurrido, la estafa. Si luego los culpables deben ir a la cárcel, pues que vayan; ese sería un desenlace pero no un inicio.
El esclarecimiento de la estafa maestra va a llevar años. Se trata de una sucesión de desvíos de fondos públicos, un sistema organizado para disponer de miles de millones. Lo que ha acreditado la ASF es lo que contablemente fue posible, pero falta desvelar el entramado exacto y los nombres de sus operadores, tanto en sede judicial como en el Congreso de la Unión.
Por lo pronto, la Fiscalía ha iniciado un nuevo rumbo que podría permitir el esclarecimiento de esa red de peculados, fraudes y robos que se organizó durante el sexenio pasado para financiar la actividad política del partido oficial, el PRI.
A través de la imputación del delito de “ejercicio indebido del servicio público”, en este caso se busca fincar responsabilidad por omisiones porque no es sencillo demostrar la apropiación de bienes públicos cuando no es difícil esconder lo robado. Aún así, hay que dejar claro que el desvío de fondos debe ser impedido por los altos servidores públicos, sin “lavados de manos” ni “obediencias institucionales”. Así está operando ahora el Ministerio Público, con lo cual éste ofrece un magnifico compromiso en el plano de la lucha contra la corrupción.
Debe entenderse que quien permite el robo es tan ladrón como quien se apropia de lo robado.