Iván Restrepo
La Jornada
Debía ocuparme hoy
de la tragedia ambiental y científica que ocasiona la destrucción de
Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Que ese tesoro de la humanidad no
desaparezca depende ahora de la Comisión Nacional del Agua. Prefiero
conocer las medidas que se tomen al respecto para comentarlas. En cambio
hay dos hechos importantes que comparto con los lectores.
El primero: en su columna de El Financiero, Lourdes Mendoza
comentó el miércoles pasado la licitación para construir el puente
Cuemanco-Canal Nacional para mejorar el tránsito en esa zona de la
ciudad. Costará más de 500 millones de pesos. La licitación se publicó
el pasado 17 de julio con la obligación de que en 14 días los
interesados en realizarla presentaran el anteproyecto ejecutivo, los
estudios de suelo y de obras inducidas y dar un precio alzado. Sólo uno,
Gami, los presentó completos. Los demás (ICA, Recsa, Tradeco, Idinsa y
Javac) pidieron una prórroga, pues en 14 días era imposible tener los
estudios y documentos exigidos. Las autoridades se vieron obligadas a
extenderla seis días más, de todas formas insuficientes. Lourdes afirma
que todo apunta a que Gami tuvo previamente la información pedida por
las autoridades. Y que, aun con la prórroga, será la beneficiada.
Esta misma empresa, según Lourdes, construirá el Cablebús que unirá
Indios Verdes con Cuautepec. Inicialmente lo cotizó en mil 300 millones
de pesos. Como otra constructora lo hacía por menos, la autoridad
citadina pidió a Gami reducir su cotización y así ganar el contrato. Y
lo obtuvo. Pero a cambio la compensaron con otras obras.
Lourdes nos recuerda que Gami construyó los segundos pisos cuando el
hoy Presidente de la República gobernaba la ciudad. La encargada de esa
obra fue su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum. Lo que da a
conocer la columnista de El Financiero no tuvo respuesta del
Gobierno capitalino. Y da a entender que Gami se asemeja a la empresa
Higa, de negro historial en España, su país de origen. Fue favorecida
con jugosos contratos en el estado de México, bajo la protección de
Enrique Peña Nieto.
No debe extrañar el silencio oficial sobre Gami. El pasado 3 de junio
solicité atentamente en este espacio a la doctora Sheinbaum su
intervención para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) respondiera a la petición de información que, con todas las de
ley, presenté tres meses antes a esa dependencia. Le pedía que me
informara sobre los propietarios y características de la obra que se
lleva a cabo en la calle de Amatlán 126, colonia Condesa, amparada en la
manifestación de construcción RCUB-021-2019. Dicha obra ha puesto en
peligro mi vivienda. A cinco meses de mi solicitud no tengo respuesta.
El segundo se refiere a la presa El Zapotillo para captar las aguas
del río Verde en los Altos de Jalisco, a fin de dotar de agua a
Guadalajara y León. El proyecto data de 1995 y lleva un avance de
construcción de 85 por ciento y un costo de 18 mil millones de pesos.
Pero desde sus inicios está envuelto en la polémica por afectar
severamente a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo; por
los problemas con las empresas constructoras y por la altura de la
cortina. Originalmente de 80 metros, se pretende elevarla a 120.
En 2013, vecinos de Temacapulín obtuvieron el amparo de la Suprema
Corte que ordenaba mantenerla en una altura máxima de 80 metros y así
dichos poblados no desaparecieran. Las obras se detuvieron. Hace ocho
días recordé a los lectores que cuando era candidato, el hoy Presidente
de la República prometió a los habitantes de las tres comunidades que
cancelaría su construcción. Ya elegido, dijo a los gobernadores de
Jalisco y Guanajuato que se terminaría, sin especificar la altura de la
cortina del embalse. En reciente visita a Temacapulín, Víctor Toledo,
secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, declaró:
Bastaron 15 minutos para percatarme dónde me encuentro y darme cuenta de que inundar estos pueblos sería el acto más irracional. Y que por ello la presa es inviable.
En el primer caso que menciono, sería lamentable repetir prácticas
que apuntan a corrupción. Y en el segundo, me pregunto si el Presidente
de la República se desdice, respalda la opinión del secretario Toledo y
cancela una obra en la que se han invertido miles de millones de pesos.
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