Editorial La Jornada
Se cumplieron ayer cinco años
del desastre ecológico provocado por una filial del consorcio minero
Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora, en los que derramó 40
millones de litros de sulfato de cobre a través del arroyo Tinajas. La
contaminación se desplazó alrededor de 270 kilómetros hasta llegar a la
presa El Molinito, principal fuente de agua de Hermosillo, y las
sustancias tóxicas inundaron 322 pozos.
Veintidós mil pobladores de ocho municipios resultaron afectados. En
su momento, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó niveles por
encima de la norma de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, fierro y
plomo.
Un lustro más tarde, Grupo México continúa cumpliendo con retraso, de
manera parcial y a regañadientes las acciones de remediación que le
fueron dictadas por las autoridades; el fideicomiso que la empresa fue
obligada a establecer, de 2 mil millones de pesos (suma que representa
menos de uno por ciento del valor que tenía la compañía en la Bolsa
Mexicana de Valores el año del desastre), fue manejado con manifiesta
opacidad, y tanto la Conagua como la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis) y las secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Agricultura y Desarrollo Rural
(Sagarpa) y Salud actuaron de manera omisa e irresponsable.
Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
presentó una denuncia contra quien resultara responsable por delitos
ambientales (que pueden alcanzar penas de nueve años de prisión, además
de multas por 300 mil días de salario mínimo), nadie fue procesado
penalmente, a pesar de que la propia Semarnat señaló un mes después del
accidente que éste había sido ocasionado por un
descuidoen el mantenimiento de la maquinaria en la mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México.
El consorcio, por su parte, tardó más de 48 horas en dar aviso a las
autoridades y a lo largo del mes siguiente insistió en que el desastre
fue causado por
lluvias arriba de la media.
En suma, la catástrofe provocada hace cinco años en Sonora, cuyos
efectos perduran a la fecha, no es sólo el mayor desastre ambiental en
la historia del país, sino también uno de los más exasperantes episodios
de impunidad, encubrimiento y complicidad entre funcionarios públicos y
empresas privadas.
La inmensidad del daño causado habría debido ser suficiente, no sólo
para imputar penalmente a ejecutivos de la compañía y obligarla a un
completo y rápido resarcimiento de los daños, sino también para
cancelarle la concesión, una medida que la Secretaría de Economía ni
siquiera quiso considerar.
En la actualidad, el gobierno federal tiene ante sí el deber de hacer
cumplir a cabalidad las obligaciones de la empresa en materia de
mitigación y reparación en el caso del envenenamiento de los ríos
Bacanuchi y Sonora, así como en el de Pasta de Conchos, donde a la fecha
siguen sin ser rescatados los cuerpos de 63 de los 65 mineros que
murieron atrapados en el socavón de esa mina coahuilense en febrero de
2006, a consecuencia de la negligencia de Grupo México.
Asimismo, las autoridades ambientales y laborales deben extremar la
vigilancia en todas las instalaciones en las que opera ese consorcio,
tristemente célebre por su desprecio a la vida humana y al entorno
natural.
Para finalizar, es evidente la necesidad de que el Legislativo
realice las reformas legales pertinentes para asegurar que las
actividades mineras dejen de ser sinónimo de sobrexplotación, saqueo,
impunidad y devastación ambiental.
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