Transmutaciones
El
31 de julio de 2015 fueron asesinadas cuatro mujeres, Alejandra Negrete
Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Vera Pérez y Yesenia Quiroz Alfaro,
y el periodista Rubén Espinosa, en un departamento de la colonia
Narvarte, en la Ciudad de México. A cuatro años de este brutal crimen,
no se sabe exactamente qué pasó, no se ha detenido a todos los presuntos
autores materiales ni a los autores intelectuales.
Aunque atrajo la atención de la opinión pública por la cantidad de
víctimas simultáneas, la saña con que fueron asesinadas, la actividad
profesional de Espinosa, la ubicación en una colonia residencial de la
capital, considerada hasta entonces “oasis de seguridad” en un país
ensangrentado, las autoridades siguieron el mismo patrón de negligencia y
omisiones que, desde los años 90, ha producido una impunidad sistémica
en los casos de feminicidio y masacres.
En memoria de las víctimas y para exigir justicia y verdad, la
organización defensora de la libertad de expresión y el acceso a la
información, Artículo 19, dio a conocer una plataforma virtual
(https://casonarvarte.articulo19.org), donde se reúnen informes sobre la
conducción de las investigaciones por parte de la Procuraduría General
de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF) y la cobertura de
medios del caso. Se presentan también breves perfiles de las víctimas
que les devuelven la dignidad que les arrancaron las autoridades y la
mayoría de los medios de comunicación que transformaron este brutal
crimen en nota roja.
Como demuestran estos documentos, el “caso Narvarte” es paradigma de
la impunidad perpetuada por las autoridades y de la manipulación
informativa que contribuye a negar el derecho a la verdad.
En cuanto a las investigaciones llevadas a cabo por la PGJDF, como
afirma el periodista y abogado Michael Reed-Hurtado, las autoridades no
sólo fueron pasivas o negligentes, sino que tendieron “al ocultamiento o
la neutralización de los controles que deben operar en un Estado de
derecho”, ya que, además de la mecánica de los hechos, no determinaron
el móvil ni los agentes intelectuales del crimen ni su posible
vinculación con otros crímenes de violencia extrema.
Lejos de ser “una exquisitez”, como afirmara el entonces fiscal de
investigación de homicidios, identificar a los autores intelectuales, y
juzgar a todos los posibles involucrados forma parte del debido proceso,
conforme a nuestras leyes y a las obligaciones internacionales del
Estado.
En este caso, aunque Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera
hubieran huido del Veracruz del entonces gobernador Javier Duarte, por
amenazas y por el clima de hostilidad contra periodistas y defensores de
Derechos Humanos, el procurador se apresuró a desechar la hipótesis de
crimen político. La PGJDF entrevistó al gobernador Duarte, pero, como
explica la periodista Sara Pantoja, no realizó las indagatorias
necesarias en Veracruz, ni investigó a las agencias de seguridad que el
secretario de Seguridad Pública de la entidad tenía en la capital, ni
aplicó el protocolo para investigar crímenes contra periodistas. Así,
la hipótesis de crimen político quedó en la obscuridad.
La PGJDF tampoco investigó los cuatro feminicidios como tales. En
cambio, optó por construir una historia amarillista que filtró a los
medios. Ésta se basó en la revictimización misógina de Mile Virginia
Martín, ciudadana colombiana y modelo, cuya nacionalidad y ocupación se
convirtieron en estigma en la versión oficial, difundida en medios que
reprodujeron las “confesiones” de los presuntos culpables de lo que
primero sería un robo con violencia y luego un asunto de narcomenudeo,
prostitución y venganza sangrienta.
La manipulación del caso y las filtraciones son responsabilidad de la
PGJDF, cuya actuación mereció una recomendación de la Comisión de
Derechos Humanos (CDHDF) en 2017, pero los medios y periodistas que, sin
ética alguna, denostaron a Martín e invisibilizaron a las demás
mujeres, también atentaron contra los derechos de las víctimas, el
derecho a la información y a la verdad.
Ir hasta el fondo del caso, hacer justicia y sancionar a los
funcionarios que obstruyeron las investigaciones es hoy deber ineludible
de la PGJCdMx.
*Ensayista y crítica cultural, feminista.
Imagen retomada de casonarvarte.articulo19.org
Por: Lucía Melgar*
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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