Miguel Concha
Hace unos días fue presentado el libro Corrupción y complejidad
en el aula magna de profesores eméritos de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM. Teniendo como interlocutores a un número
significativo de estudiantes y profesores se habló de un asunto que
recién ha vuelto a ocupar la discusión pública: la corrupción pública y
privada, las que, aparte de aparecer para algunos como un asunto
normale irreversible, es uno de los grandes problemas estructurales del país, cuyas fuertes, extensas y profundas raíces han invadido a instituciones de todo tipo en México.
Para este tema resulta relevante la información que proporciona
Transparencia Internacional. Se-gún ésta, entre 2000 y 2017 México pasó,
respecto a los índices de corrupción internacional, del lugar 53 al
134, de 175 países evaluados. Dicho en pocas palabras, en sólo 17 años
escalamos 81 peldaños.
Por otra parte, los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
2015 revelaron que buena parte de la población ha tenido contacto con
la corrupción cuando realiza algún tipo de trámite (12 mil 590 personas
por cada 100 mil). Y por si esto fuera poco, calibremos las complejas
dimensiones de la corrupción comparando dos cifras.
Por un lado, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, en el
contexto de un foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo no
hace mucho que el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos
estimaron que la corrupción en México equivalió a 10 por ciento del
producto interno bruto (PIB). Y por otro lado el Inegi calculó que el
PIB mexicano ascen-dió a poco más de 18.5 billones depesos durante el
segundo trimestre de 2019. Ahora bien, si cruzamos estas dos cantidades,
comprobaremos al menos dos datos que si bien no son exactos, sí nos dan
una idea más clara de lo grave de la problemática: que al menos 10 de
cada 100 pesos generados anualmente se pierden, de manera ilegal,
mediante actos corruptos y que tan sólo de abril a junio de este año se
perdieron 1.8 billones de pesos debido a la corrupción.
Todo lo anterior desenmascara una cruda realidad que, debido a la
complejidad que está detrás, los costos de ese flagelo van más allá de
lo económico. De esta manera, la corrupción pública y privada,
acompañada de la impunidad, su hermana siamesa, que la encubre y
reproduce, es un problema estructural que afecta directa o
indirectamente la vida, la dignidad y los derechos humanos de las
personas y colectivos en México, principalmente los de los grupos en
mayor situación de vulnerabilidad.
Este complejo vínculo pernicioso entre corrupción e impunidad tiene
otros graves efectos. Provoca que disminuya la inversión, frena el
crecimiento económico y empuja a las empresas a actuar fuera de las
regulaciones del Estado, lo cual incrementa la economía informal y
conduce a la pérdida de credibilidad de las instituciones. Básicamente,
el complejo binomio corrupción-impunidad compromete el desarrollo de la
sociedad, afecta la convivencia ciudadana y pervierte el ejercicio de la
autoridad.
Como expresara Graue, en la ocasión arriba citada, la corrupción,
motivo de oprobio nacional, junto con la impunidad, nos anclan en el
subdesarrollo y nos impiden progresar. Es necesario también señalar que
en el sector privado gravitan igualmente diversas acciones y actitudes
negativas ante la corrupción gubernamental. Por esta razón la iniciativa
privada tendría que participar responsablemente en el estudio y la
aportación de soluciones para prevenir la corrupción, desarticularla y
no seguirla manteniendo, evitando beneficiarse de ella mediante
prácticas de soborno, tales como la obtención de licencias y contratos o
la agilización de trámites para conseguir permisos, por citar algunos
casos. El problema de la corrupción es complejo, porque cruza numerosas
dimensiones. Entre ellas, las históricas, políticas, económicas,
sociológicas, éticas, jurídicas, culturales y hasta las religiosas. Y la
complejidad es precisamente una herramienta que nos puede ayudar a
comprenderla mejor y a encontrar posibles soluciones para enfrentarla y
erradicarla.
De este modo, si la corrupción es compleja, la lucha contra ella
también debe serlo. Una lucha seria y responsable forzosamente ha de
involucrar, además del quiebre de la rueda de la impunidad, a la
transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, el control
interno, la fiscalización superior o independiente, los procedimientos
electorales realizados conforme al derecho y la ley electoral, así como
el combate contra la corrupción en las reformas legislativas, la
aparición de nuevos ordenamientos y la creación de programas e
instituciones tendientes a mejorar la gestión pública, por mencionar
algunos casos. Hoy es necesario seguir exigiendo la importancia de
nuestros derechos a la buena gestión y administración.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario