Autoridades protegían la evasión
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Ahora se busca cerrar el paso a la simulación y a los esquemas históricamente dirigidos, subraya Carlos Romero.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo
ha hecho uno de los temas centrales de su administración: las
condonaciones se acabaron y la evasión fiscal –cuyos efectos se estiman
en una pérdida de 1.6 billones de pesos– se debe equiparar con la
delincuencia organizada. Para ello, una reforma constitucional llegó a
mediados de agosto al Congreso de la Unión. Quien tendrá a su cargo
litigar desde el Estado para devolver al fisco lo evadido es Carlos
Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
En sus oficinas del sur de la Ciudad de México, advierte de un
esquema que estaba aceitado para proteger la evasión, una Fiscalía
General de la República (FGR) con procedimientos empantanados y un
Servicio de Administración Tributaria (SAT) que enviaba expedientes a
discreción, así como
infiltrados desde la fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversos entes del gobierno.
Romero Aranda saca de esa lista a la institución que tiene a su
cargo. “Nosotros recibimos la procuraduría caminando (...) es una
institución muy limpia dentro de la administración pública federal. No
he encontrado aquí ningún tema de corrupción. Sí hallé, sobre todo,
muchos procedimientos –no tanto aquí, sino en la Procuraduría General de
la República (ahora FGR)– que estaban detenidos. Órdenes de aprehensión
que no se habían podido ejecutar. Totalmente suspendidos los procesos”.
–¿Dónde estaba roto el esquema? ¿En el SAT? ¿No llegaban aquí los procedimientos?
–En diversas autoridades. Aquí llegaban muchos asuntos que enviaba el
SAT, pero lo que ellos consideraban que era procedente atacar. El
esquema de las factureras estuvo protegido por diversas
instituciones. No desde aquí. Solicitaban, a lo mejor, devoluciones
improcedentes y se autorizaban. O factureras no eran revisadas, o se permitía que una sola persona tuviera 300 empresas. Varias modalidades tuvieron cierta protección.
Explica los cuatro esquemas para ese fraude: “Factureras que
se dedican a hacer estafas maestras, desvío de dinero público. Lo meten
en sus máquinas de dinero y de defraudación fiscal, y lo llevan a
personas en específico”. Unas más se constituyen para minimizar la carga
fiscal. “El tercero es empresas que dan servicio de outsourcing y utilizan el mismo esquema de lavado de dinero y defraudación fiscal que las factureras. El cuarto, dinero que viene del crimen organizado y se lava bajo esos esquemas”.
Sin agregar cuánto se evade en cada uno de los cuatro, apunta: el cálculo que yo tengo es de 500 mil millones de pesos al año.
Romero Aranda retoma un dato conocido: cada tres días se captura a un
contribuyente defraudador por un promedio de 11 millones de pesos. Ese dinero no quiere decir que esté ahí. Lo agarramos por ese monto. A final de cuentas, al momento que se le condene, a esa persona se le va a pedir que repare el daño.
–¿Qué tan largos son esos procedimientos?
–Los del sistema anterior son más largos. Los del nuevo, más ágiles.
Con la reforma va a ser más fácil reparar el daño. Tienen que devolver.
Se está equiparando la delincuencia con la defraudación fiscal, pero a
final de cuentas la defraudación fiscal no en todos los supuestos ni en
todas las características.
Explica que para considerarse en el supuesto de delincuencia
organizada, deben ser tres o más personas que en forma constante y
permanente lleven a cabo actividades de defraudación fiscal. Hay factureras, comenta, en las que se ha encontrado hasta mil sujetos involucrados.
A los que venden el producto, si tú les dices me debes un millón de pesos porque ya vimos qué están haciendo aquí, se voltean, te lo pagan y van a seguir haciendo lo mismo. A éstos los queremos en la cárcel. Buscamos matar esas actividades que están haciendo de forma ilícita. Al consumidor del producto (...) no nos interesa tenerlo en la cárcel. Él nos interesa que pague.
Se le consulta entonces si la evasión se anquilosó como práctica
empresarial en administraciones pasadas. Contesta con la frase que ya es
parte de sus intervenciones públicas: “Se hizo un deporte nacional,
porque llegó un momento en que no pasaba nada. Evadías y no te cachaban o
evadías y lo podías arreglar. Todo mundo empezó a evadir, tenía factureras y no pasaba nada. Era el mundo al revés”.
Las modificaciones en puerta
–Con la reforma que está en el Congreso, ¿cerrar esa
puerta de las condonaciones no quitaría una herramienta al Estado? ¿No
le saldría más caro, en algunos casos, perder una empresa que darle esa
facilidad?
–Hubo programas de apoyo desde 1995. Que recuerde, el Programa de
Apoyo a Deudores del Fisco federal, Programa de Apoyo a Deudores del
Fisco uno, el Programa de Apoyo a Deudores del Fisco dos, Cuenta Nueva y
Borrón, Decreto de Condonación de Recargos y Multas, el artículo
tercero de la Ley de Ingresos de la Federación, que condona 100 por
ciento de recargos y multas, y 80 por ciento del principal actualizado.
Entonces, eso se prestó a abusos. La condonación iba dirigida a cierto
grupo de empresas. El punto era proteger a los de arriba, como dice el
Presidente.
El abogado agrega que ahora se busca cerrar el paso a la simulación y
a los esquemas históricamente dirigidos. Pone de ejemplo: a una
compañía –siempre cercana a los gobiernos en turno– se le condonaban 300
millones de pesos. No hacía público el nombre. La firma estaba
protegida por el secreto fiscal.
Sin embargo, Romero Aranda detalla que esa práctica, a prohibir en el
artículo 28 de la Constitución, tendrá casos de excepción amparados en
el Código Fiscal de la Federación. Se levanta en medio de la
conversación, toma un volumen de pasta negro del librero que ocupa una
de las paredes de su despacho –que por lo demás son ventanales, una
pintura de Benito Juárez y la carta en la que el Presidente lo nombró
procurador fiscal– y lee la excepción:
Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Dispuesto en todo momento a explicar los temas estructurales de
defraudación, evade hablar sobre los casos de ex funcionarios públicos
ahora investigados.
–La fiscalía ya tiene procesos contra Emilio Lozoya, Rosario Robles. ¿Cómo hace el acompañamiento la procuraduría en esos casos?
–En algunos de esos casos, en los que se identifique que hay
defraudación fiscal, tenemos que comenzar procedimientos e
investigaciones. Presentar querellas ante la fiscalía para que se
investiguen esos delitos. En algunos casos que la fiscalía inicia, a
nosotros nos dan vista para que podamos querellarnos sobre esos delitos.
–¿Y ya hay querellas?
–Lo vamos acomodando. En muchos de los casos ya existen.
–¿En esos en particular?
–De esos no puedo hablar, porque tengo sigilo y que guardar un
secreto profesional. Aquí hay presunción de inocencia y un principio de
debido proceso. Al dar información, violaría el procedimiento.
–Ya con una reforma que se apruebe, ¿qué otros huecos quedarían en la ley para que se puedan colar las mismas prácticas?
–Lo defino muy sencillito: son mafias. Entonces, ahora los vamos a
intentar tapar con el esquema que ya tenemos identificado. Pero son como
las cucarachas: emigran. Los vamos a bloquear por el momento, pero no
sabemos hacia dónde puedan ir.
El abogado resume:
Lo que se requiere es una cultura tributaria. Si estamos viendo que se está gastando el presupuesto de manera responsable, tenemos que entender que si no pagamos no hay manera de tener programas sociales, carreteras, inversiones. Cambiar la cultura del no pago por la del pago.
Foto Yazmín Ortega Cortés
Dora Villanueva
Periódico La Jornada
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