Se entregó el Primer Informe de Gobierno, primero o tercero, según el punto de vista con que se vea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su mensaje respectivo y un día después salió de gira, una que incluyó la realización de la conferencia matutina en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En todos esos espacios se subestimó el feminicidio y desapariciones de mujeres. Revisamos el texto del informe y salvo dos y media páginas dedicadas al tema de la violencia contra las mujeres, nada hay sobre esta población.
Más aún, parecería que hay tan poco que decir que en ese pequeño fragmento titulado “Violencia contra las mujeres y equidad de género” se incluyen acciones que no están directamente relacionadas con evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas, privadas ilegalmente de su libertad, tratadas y desaparecidas para siempre.
En lo que respecta a Sonora, a pesar de que la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se hizo en junio de 2019, prácticamente al mismo tiempo que la solicitud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua, misma que se solicitó dos días antes que la de Sonora, fue excluida del informe.
En una especie de protección para el gobierno del estado de Sonora, como si ocultar la situación del feminicidio exentara a la entidad de la violencia contra las mujeres que padecemos en México, la solicitud de AVGM para seis municipios de Sonora aún en proceso, fue ignorada, como si fuera inexistente.
Lo mismo se hizo en la conferencia matutina en la que el presidente resaltó que Sonora es uno de los estados con menor incidencia de violencia, incluso enfatizó que se ubica en el lugar 27 en la lista nacional, por supuesto refiriéndose a delitos patrimoniales, con aparente mayor importancia que la vida de las mujeres y el homicidio en general.
Ni el presidente, ni sus colaboradores se atreven a mencionar el feminicidio, no quieren apropiarse del término invisibilizando el delito más grave que existe contra las mujeres.
Por lo tanto, omitieron señalar que Sonora está en focos rojos por asesinatos de mujeres y niñas, pues se encuentra en el séptimo lugar nacional en incidencia de feminicidio y tercero en tasa de incidencia de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
Y eso no es todo, también Sonora figura desde hace años a la cabeza en incidencia de llamadas de auxilio por violencia familiar contra las mujeres y delitos sexuales. En la tasa por cada 100 mil mujeres, las llamadas de auxilio por violencia familiar han colocado al estado en primer lugar durante todo 2017, 2018 y lo que va de 2019.
Aunado a esto, en el reciente reporte sobre personas desaparecidas en México, dado a conocer en la conferencia matutina del 30 de agosto, ni el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ni la comisionada de Búsqueda y Desaparición, Karla Quintana, supieron responder al cuestionamiento acerca de cuántas de estas personas son mujeres.
Con estas dudas al terminar la conferencia matutina en Hermosillo, abordé a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acompañó al presidente en su gira por Sonora.
Le pregunté cómo iba el proceso de solicitud de Alerta de Género para Sonora, y lo que respondió es que van a tratar de llevar la estrategia de violencia contra las mujeres y feminicidio a todo el país, estrategia que ya anunció en Monterrey.
También le pregunté sobre la cifra de mujeres desaparecidas que no se ha dado a conocer. Su respuesta fue que “el señor subsecretario Encinas y la comisionada de Búsqueda son los que están manejando con mucha precisión algunos datos importantes”.
Y es cierto, han dado los pormenores de las personas, fosas y cuerpos encontrados en México, así como la cifra de personas desaparecidas. Pero justo el dato desagregado por sexo, no lo tienen, es decir, no separaron el indicador por hombres y mujeres.
Esto es un problema para contrastar datos y establecer qué está sucediendo con las mujeres y niñas desaparecidas, y su relación con el feminicidio y otros delitos graves contra las mujeres.
De todas las fuentes, ninguna ha brindado certeza sobre la situación de los asesinatos de mujeres y niñas en México. Esa, la violación más grave a los Derechos Humanos de las mujeres, fue ignorada en el Informe de Gobierno.
No podemos obtener información oficial sobre las mujeres desaparecidas, pues el reporte del 30 de agosto, a pesar de contar con varios indicadores, no da una ínfima idea de cuántas mujeres y niñas están viviendo el horror de ser privadas de su libertad.
El solo dato de cuántas son, no sería suficiente para la deuda sobre información, pero nos podría brindar un poco sobre el panorama global del sistema que succiona a las mujeres que no volvemos a ver.
La revisión del Informe de Gobierno nos indica que la palabra “feminicidio” se utiliza una sola vez en la sección de estadísticas nacionales. Otra pequeña alusión a la condición de las mujeres es en el cuadro: “Defunciones por homicidio registradas por causa de defunción según sexo”, en donde se desglosa la cantidad y forma de comisión de los asesinatos, pero sin especificar los casos de feminicidio.
De cualquier manera, aunque no se tome el feminicidio como un problema creciente derivado del machismo institucionalizado, existe el programa “Seguro para madres jefas de familia”, en donde se aprecia una aproximación al problema, no del asesinato de mujeres por el hecho de serlo, sino de niñas y niños en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres.
Con datos de la Secretaría del Bienestar, se especifica que, en un acumulado de 2013 a junio de 2019, se han afiliado 7 millones 84 mil 84 jefas de familia. De ellas han fallecido 37 mil 821 y se han beneficiado 69 mil 273 “hijas e hijos en orfandad”, término que utiliza el informe.
No se especifica cuántas madres murieron de forma natural y cuántas de forma violenta. Tampoco cuántos niñas, niños y adolescentes son hijas o hijos de una mujer. Como resultado de este programa se han otorgado becas que van desde 360 pesos a mil 200 pesos mensuales, para un total de recursos ejercidos en ese rubro de 1,517.13 millones de pesos.
Esos números por sí mismos urgen a que tanto el gobierno federal, como las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres dejen de minimizar el feminicidio y otros delitos graves contra las mujeres, como se guardaba antes dentro de las casas.
Ojalá no repitan el estereotipo de que los asuntos de las mujeres se tratan en lo privado, como se ha hecho hasta hoy y nos digan: Si no es al presidente ¿a quién le preguntamos sobre feminicidio?
* Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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