▲ En abril pasado encapuchados desalojaron a alumnos de la Preparatoria 6 de la UNAM, en apoyo a denunciantes de acoso.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades
Administrativas (Ugira) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) creará un registro de los funcionarios que sean denunciados de
incurrir en responsabilidades administrativas, así como por acoso
laboral o sexual que se cometan dentro de este órgano del Poder Judicial
de la Federación (PJF) y se inicien los procedimientos de sanción que
correspondan.
Como parte de los nuevos mecanismos para combatir la corrupción, la
Ungira, de acuerdo con el artículo noveno del acuerdo general de
administración número IX/2019, en el que se expiden los lineamientos
para el ejercicio de las facultades y atribuciones de esta área de la
Corte, señala que
contará con un registro que contendrá el nombre de la persona denunciada, la conducta y falta presuntamente advertida, fecha de audiencia, compromiso, condiciones y resultado del trámite.
En el registro se anotarán si los funcionarios denunciados han cometido faltas graves, que se traten de
un daño o perjuicio trascendental o relevante para el patrimonio de la Suprema Corte, y si han
repetido más de una vez la conducta denunciada.
La Ugira tiene, entre otras atribuciones, llevar a cabo investigación
en la materia de responsabilidades administrativas, así como recibir
quejas o denuncias y sustanciar los procedimientos por acoso laboral o
sexual; para que a partir de la información recabada se califique tanto
la conducta como la falta y en su caso se proponga el inicio del
procedimiento respectivo.
La transición al nuevo sistema de responsabilidades administrativas implicó la reingeniería normativa y estructural de dicha unidad general, con el fin de asegurar la independencia y eficacia de su labor, con apego a los parámetros constitucionales y al régimen especial que rige al Poder Judicial de la Federación, señalaron funcionarios consultados.
Con ello, indicaron los entrevistados, se ampliaron sus facultades en
cuanto a la admisión de denuncias administrativas e implementó
herramientas para
ampliar la gama de soluciones oportunas, sensibles y proporcionales, que deriven en ahorros propios de un procedimiento expedito; además de potenciar la identificación, prevención, combate, detección, investigación y en su caso sanción de las conductas u omisiones trascendentales, acorde con una cultura de servicio e integridad orientada al logro de resultados.
Esto, bajo los principios de austeridad, sin perder de vista el
debido proceso, legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia,
respeto a los derechos humanos, oportunidad y exhaustividad.
Foto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
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