Editorial La Jornada
La conmemoración del Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, ayer 30 de
agosto, dio pie al recuento de las dramáticas cifras de este delito
alcanzadas en México durante la pasada década y media, la exposición del
sufrimiento que ello implica para los familiares de las víctimas, y de
la denuncia de la inacción con que han respondido las autoridades ante
la catástrofe humanitaria, pero también fue oportunidad para que el
Estado asumiera su responsabilidad en la materia y para que quienes
buscan a sus seres queridos recibieran una esperanza tangible de avance.
El de las desapariciones es uno de los saldos más estremecedores del
crecimiento exponencial del crimen organizado y la consecuente
descomposición institucional en todos los ámbitos y niveles del Estado.
De acuerdo con los últimos cálculos oficiales, en el país hay más de 40
mil personas desaparecidas, más de 37 mil cuerpos sin identificar y más
de 3 mil fosas clandestinas –con 4 mil 974 cuerpos– halladas de 2006 al
14 de agosto pasado. Como han denunciado durante años los familiares de
las víctimas, a la tragedia de ignorar el paradero de sus seres queridos
se ha sumado la indolencia y la insensibilidad de las autoridades
encargadas de la búsqueda de las personas y el esclarecimiento de los
crímenes.
Por ello, resulta saludable la serie de anuncios realizados por el
gobierno federal en el contexto de las conmemoraciones oficiales, pues
permite vislumbrar la concreción práctica del giro discursivo con que se
ha desmarcado de la inadmisible actitud de sus antecesores. Entre
ellos, debe destacarse el compromiso de aplicar los Principios Rectores
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra las
Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, el
cual incluye una invitación oficial para que el citado comité visite
nuestro país el próximo año, y se complementa con el reconocimiento de
la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones
individuales.
Igualmente significativa es la aceptación, por conducto del
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, y de la comisionada nacional de Búsqueda,
Karla Irasema Quintana Osuna, de la búsqueda de las víctimas como un
deber ineludible del Estado con éstas que debe realizarse como eje de
todas las acciones. Otras instrucciones giradas por el titular del
Ejecutivo y dadas a conocer por el subsecretario resultan igualmente
esperanzadoras por apuntar a un compromiso real con la resolución de
esta lacerante problemática.
Sólo queda retomar las palabras de los padres y madres de las
personas desaparecidas, en el sentido de que la buena voluntad mostrada
por el gobierno debe convertirse en acciones concretas, cuyas primeras
manifestaciones pasan necesariamente por la asignación de un presupuesto
acorde con la magnitud de la tarea, y por el compromiso de todas las
autoridades en la consecución de la meta: presentación con vida y
castigo a los culpables.
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