▲ Protesta de familiares de personas desaparecidas realizada en Guadalajara el pasado viernes.
Si quieren eliminar el fenómeno de las desapariciones
forzadas, una de las prioridades del gobierno debe ser otorgar un
presupuesto ilimitado a las labores de búsqueda de ausentes, así como
limpiara las instituciones de seguridad de todos los servidores públicos que no tienen la capacidad para realizar su trabajo o incluso tienen vínculos con la delincuencia organizada.
Así lo indicaron familiares de víctimas, quienes llamaron al
presidente Andrés Manuel López Obrador a honrar los compromisos que dio a
conocer el viernes pasado, entre los que figuran reconocer la
competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas para recibir casos individuales, privilegiar la búsqueda en
vida de los ausentes y garantizar recursos ilimitados a las tareas de
búsqueda y reconocimiento de cuerpos sin identificar.
Benita Ornelas Rivera, quien busca a su hijo Fernando Iván Ornelas,
desaparecido el 21 de julio de 2019 en la Ciudad de México, consideró
que una de las acciones urgentes del actual gobierno debe ser la
instalación de un organismo especializado de atención para los
familiares de víctimas, el cual tenga todo el personal y recursos
económicos necesarios para dar resultados cuanto antes.
En la mesa donde estoy, nada más hay una licenciada que atiende 10 casos al día. Como (López Obrador) dijo que van a poner más dinero y más atención, queremos ver respuestas. Los queremos ver con vida y no que los encuentren muertos para que nos hagan caso, afirmó.
De igual manera, es urgente que las autoridades capaciten a sus
funcionarios en materia de empatía y sensibilidad, pues las personas que
han escuchado las peticiones de la mujer lo han hecho
de forma prepotente y con mucha prisa, incluso hasta el punto de decirle que no hay ningún delito qué perseguir, o que no pueden hacer nada contra uno de los sospechosos por la desaparición de su hijo.
Por su parte, Arturo Rojo Flores, cuyo hijo Vicente desapareció el 21
de marzo de 2009 en Coahuila, urgió a que el nuevo gobierno se deshaga
de los servidores públicos que han cometido errores y omisiones
intencionales en la indagatoria de la desaparición de sus seres
queridos, muchos de ellos por estar en complicidad con los perpetradores
del delito.
“Lo que deben hacer es revisar a los Ministerios Públicos, porque
desgraciadamente dentro de las autoridades todavía hay corrupción. El
gobierno federal tiene que ‘limpiar’ toda la corrupción que hay, porque a
mi hijo lo detuvieron los policías ministeriales y me imagino que ellos
se lo entregaron a la delincuencia organizada”, apuntó.
De su lado, Sandra Luna Campos, esposa del policía federal Juan
Serafín Hernández –desaparecido el 13 de marzo de 2018 en Hidalgo–
exigió que los plazos de investigación no sean tan largos, porque es así
como la indagatoria se diluye. “Si hay recursos ilimitados, que haya
capacitación (para los funcionarios), porque lo único que hacen es
lavarse las manos y ponernos algún ‘pero’”, lamentó.
Foto Afp
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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