Luis Hernández Navarro
Alta, morena,
delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado.
Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es
parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos
Fundadores (CRAC-PF).
Durante dos años y 10 meses, doña Escolástica luchó por la
liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente
presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no
cometieron. Fueron detenidos en mayo de 2006, por negarse a entrar al
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares,
pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la
división del pueblo.
Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del
pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados,
mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes.
Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas
gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más
adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a
manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.
Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa
comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa,
de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de
enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando
ejercicios militares.
¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas
para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que
derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10
músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos,
el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a
quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar
cuerpos sin temor alguno.
La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la
última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16
comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y
fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a
la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y
autonomía de Rincón de Chautla y los otros poblados les estorban para
transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México,
les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último
año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos
desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.
Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan
a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el
anexo Rincón de Chautla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una
ruta segura para su trasiego de drogas de
conflicto agrario.
Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que
les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su
cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos,
se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil
500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos
seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio
criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el
más puro estilo contrainsurgente.
El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a
garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No
lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se
esclarecieron y los asesinos están libres.
Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la
gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa
violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan,
se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados
imponen la ley a punta de metralleta.
Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente
municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos
ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.
Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga
trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada
en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de
febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC.
Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros,
policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre
ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la
asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la
justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al
pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un
contrapeso de los grupos criminales.
En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar
desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de
doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un
dramático grito contra la impunidad y la justicia.
Twitter: @lhan55
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