Ciudad de México.
Redacción.- La persistencia de normas y leyes
discriminatorias contra las mujeres, niñas y adolescentes es uno de los
principales factores que obstaculizan la erradicación de la violencia
contra las mujeres en América Latina.
Así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en su informe más reciente sobre “Violencia y discriminación
contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en
América Latina”.
De acuerdo con la CIDH, actualmente existen países en la región, como
Barbados, que no establecen la igualdad entre mujeres y hombres, ni el
derecho a la no discriminación en sus Constituciones ni en ninguna de
sus legislaciones. Ello pese a que, como en el caso de las Bahamas,
estas consideraciones se sometieron a discusión legislativa, pero fueron
rechazadas.
En algunos países incluso persisten normas discriminatorias contra
las mujeres, particularmente en materia de bienes, servicios y
herencias. Por ejemplo, en Nicaragua y Honduras prevalecen normas de
regulación patrimonial del matrimonio que reconocen a los hombres como
“representantes del hogar”. Otro caso es el de Santa Lucía, cuyo Código
Civil estipula que, si bien el esposo debe protección a su esposa, ella
debe obediencia a su marido.
Pero esta discriminación también ocurre en leyes contra la violencia.
De acuerdo con la Comisión, en algunos países (como Saint Kitts, Nevis y
Haití) no se castiga la violación sexual en el matrimonio, o solo se
incluye como una agravante en la legislación a la violencia sexual, como
es el caso del Perú.
En países como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa
Lucía, solo se procesa al agresor cuando la pareja está separada, en el
proceso de un divorcio o cuando hay una orden de restricción; y en
Jamaica solo cuando la violación sexual ocurre luego de la separación
legal o durante los procedimientos judiciales para disolver el
matrimonio.
Estas discriminaciones están en casi todos los temas. Por ejemplo, en
cuanto a la protección de la maternidad, Bolivia, Paraguay y la mayoría
de los países del Caribe no garantizan durante la licencia por embarazo
100 por ciento del salario habitual.
Riesgo de retrocesos
La CIDH declaró que existen “tendencias contrarias” a los derechos de
las mujeres que han ejercido presión sobre los Estados de la región
para frenar e incluso revertir los adelantos alcanzados por las
mujeres. Estas tendencias contrarias a integrar la perspectiva de
género, dijo la CIDH, se han observado en leyes, programas y políticas
públicas en varios países de la región.
La Comisión dijo que ha obtenido información sobre proyectos o
iniciativas en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo contrarios a
los derechos de las mujeres en Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago. Por
ejemplo, en el caso de Guatemala, se presentó una iniciativa de ley
para la “Protección de la Vida y de la Familia” que hace referencia al
“orden natural” del matrimonio y la familia.
Por todo esto, la CIDH llamó a los Estados a cumplir con su
obligación de adoptar medidas específicas para contrarrestar los
prejuicios, costumbres y cualquier otra práctica que esté basada en la
supuesta inferioridad de las mujeres, y que prevenga la influencia de
las tendencias que buscan limitar los derechos de la población femenina.
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