John M. Ackerman
El movimiento
feminista está tomando fuerza en el mundo entero. Una nueva generación
de mujeres cada vez más empoderadas e interconectadas exige el fin
definitivo del patriarcado, así como la eliminación de cualquier forma
de discriminación o violencia de género.
En este contexto, la UNAM se ha colocado a la vanguardia durante la
gestión del rector Enrique Graue. En 2016, en el marco de la adhesión a
la plataforma global HeForShe de la ONU, la casa de estudios
inauguró su Protocolo para la Atención de los Casos de Violencia de
Género. Este protocolo cumple con los más altos estándares
internacionales y colocó a la universidad como líder en la materia en
todo el país.
Los resultados fueron inmediatos. Al año de su implementación ya se
había aumentado en mil por ciento el número de quejas presentadas en
materia de violencia de género. Desde entonces, se ha incrementado de
manera constante tanto la cantidad de denuncias como la conciencia de la
comunidad universitaria alrededor de esta grave problemática.
En 2018 la Rectoría fue más lejos e instaló una Mesa de Atención en
Asuntos de Género para consolidar la política universitaria. Este amplio
proceso de consulta y participación generó reformas al protocolo para
que la denuncia y la resolución de los casos sean aún más flexibles y
efectivas.
Durante los primeros tres años de vigencia del protocolo han sido
suspendidos 90 y expulsados 18 estudiantes, así como sancionados 159
académicos y 99 trabajadores administrativos. Un total de 74 empleados
de la universidad han tenido sus contratos rescindidos debido a su
responsabilidad en alguna agresión de género.
Es totalmente falso que haya una impunidad generalizada o una falta
de apoyo de las autoridades universitarias. Tanto el rector Graue como
la abogada general, Mónica González, han demostrado un compromiso
irrestricto desde el primer día, tal como consta en la página de
Internet especializada en el tema (https://igualdaddegenero.unam.mx/).
Ahora bien, uno de los pendientes para seguir avanzando es el
fortalecimiento de la atención directa a las diferentes comunidades
escolares en la materia. Si bien la Unidad para la Atención de Denuncias
y la Defensoría de los Derechos Universitarios brindan apoyo constante
desde las oficinas centrales, no hay oficinas equivalentes en cada
plantel y las víctimas normalmente terminan acudiendo a sus oficinas
jurídicas correspondientes, las cuales muchas veces carecen de
conocimiento y personal especializados.
Esta problemática fue el caldo de cultivo para las recientes tomas de
instalaciones en la Facultad de Filosofía y Letras y las Preparatorias 7
y 9, donde las paristas exigen mejor atención a este delicado tema
dentro de sus propios planteles.
Las autoridades respondieron inmediatamente y han trazado una ruta
para establecer nuevas Unidades de Atención a la Violencia de Género en
todas las entidades académicas. También habrá reformas al Estatuto
General para incorporar la violencia de género como falta grave y al
Estatuto de la Defensoría para ampliar sus facultades y competencias en
la materia. Adicionalmente, se implementarán talleres de prevención de
violencia de género en toda la universidad y una amplia batería de
nuevos cursos con valor curricular sobre la perspectiva de género para
todos los estudiantes.
Con estas acciones se fortalece el marco jurídico y se consolida la
política institucional en favor de la igualdad de género. La victoria
para la causa feminista ha sido contundente y la UNAM consolida su
liderazgo en la materia a nivel nacional e internacional.
El siguiente paso es la implementación práctica de estas reformas,
algo que lógicamente depende de que se abran todos los planteles de la
universidad.
Si no hay vida académica no hay comunidad universitaria, y si no hay
comunidad no hay posibilidad alguna de construir la convivencia
segura, pacífica y sana que todos buscamos. Y sin clases no se puede
formar la nueva generación de hombres y mujeres comprometidos con la
igualdad de género que tanto requiere la nación.
Mantener cerradas las instalaciones ya no favorece la causa de las mujeres, sino que la perjudica.
Si los pequeños grupos que hoy mantienen cerrados tres planteles no
permiten que arranque el semestre 2020-2, que hoy 27 de enero tendría
que iniciar en todas las entidades académicas, las paristas demostrarán
que su verdadero propósito no es la defensa de los derechos de las
mujeres, sino el debilitamiento de la universidad de la nación.
Flaco favor le hacen a su propia causa permitiendo ser utilizadas por
actores externos que desde hace décadas han querido dañar a esta
institución autónoma clave del Estado mexicano, estandarte de la
educación pública, gratuita y laica.
Las comunidades académicas de los planteles tomados ya no pueden
permitirse el lujo de mantenerse al margen. Ha llegado la hora para
hacer valer su voz a favor del reinicio de las actividades escolares
para poder avanzar en la agenda de género y cumplir con los compromisos
de las autoridades.
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