Editorial La Jornada
De acuerdo con los
indicadores oficiales, el año pasado fue el más violento para las
mexicanas desde que empezó a hacerse el recuento, en 2015. Si en ese año
las autoridades registraron 411 feminicidios, para 2019 la cifra se
había elevado a 976, un incremento de 137 por ciento en cuatro años. En
la espeluznante lista de entidades con mayor número de feminicidios
están: Veracruz (157 casos, 16 por ciento del total nacional), estado de
México (122 casos), Puebla (67) y Nuevo León (65). Si se relaciona este
delito con el tamaño de la población, las primeras entidades son
Morelia, Veracruz, Colima, Sonora y Nuevo León.
El feminicidio es la forma más extrema y bárbara de violencia de
género, pero dista mucho de ser la única. Así, el año pasado se llegó a
un nivel sin precedente de llamadas de emergencia relacionadas con
abusos sexuales, hostigamiento, violación y violencia de pareja. El mes
pasado las llamadas de emergencia por situaciones de violencia contra
mujeres alcanzaron un pico de 21 mil 628. Un aspecto particularmente
doloroso y exasperante es la violencia de toda clase –también al alza–
en contra de niñas y adolescentes.
Indudablemente, la violencia de género requiere de mayor voluntad
política y de un mayor compromiso por parte de las autoridades de los
tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión para
establecer políticas de Estado que permitan reducir este indignante
fenómeno, y es claro que falta mucho por hacer en este terreno en
materia de legislación, procuración e impartición de justicia, prácticas
administrativas, estrategias de bienestar, desarrollo social, difusión y
educación.
Pero el incremento de las agresiones en unos pocos años hace pensar
que el primero de los esfuerzos necesarios corresponde al ámbito de la
comprensión del fenómeno, el cual no puede ser reducido a uno solo de
sus aspectos. Es necesario, en consecuencia, asumir que se trata de un
asunto multidimensional en el que intervienen factores culturales,
sociales, sicológicos, políticos, económicos, legales y judiciales.
En esta lógica, se hace necesario emprender un diálogo nacional entre
distintos sectores, en el que confluyan activistas, académicos,
autoridades y dirigencias sociales a fin de definir por consenso las
medidas que deben ser adoptadas en el país para hacer frente al abanico
de delitos y actitudes antisociales que se engloban bajo el rubro de la
violencia de género. Lo inadmisible, en todo caso, es la inacción o los
afanes de minimizar esta barbarie a la que está sujeta la mitad de la
población las 24 horas del día y los 365 días del año,
independientemente de edad, pertenencia cultural, clase social u
ocupación. Corresponde a las autoridades federales, pues, convocar a un
gran diálogo nacional y sin exclusiones que permita establecer acciones
con el acuerdo general para poner fin a esta ignominia.
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