EL PELIGRO SIGUE

Tomás Oropeza Berumen

La amenaza de las reformas estructurales sigue pendiendo sobre la cabeza del pueblo mexicano. No se ha conjurado el peligro de que sean aprobadas.

Por ahora eso depende de la conveniencia de los partidos políticos y sus legisladores. De los cálculos que habrán de tomar de cara a las elecciones de julio en el Estado de México y las federales del 2012 en las que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se considera como el más probable triunfador dada la debacle del régimen de facto del Partido Acción Nacional y los bandazos del Partido de la Revolución Democrática.

Por el momento la coyuntura preelectoral ha inhibido a la facción de politicastros del PRI que hasta hace unos días estaba decidida a “pagar los costos políticos” de aprobar las anticonstitucionales reformas laboral y de Seguridad Nacional promovidas por los diputados vinculados al gobernador del estado de México, aspirante presidencial del grupo Atlacomulco Enrique Peña Nieto, para hacer trizas las conquistas obreras y entregar el poder al ejército mexicano e imponer un régimen cívico - castrense en el país.

El PRI se dividió ante la amenaza del voto de castigo en las urnas donde los trabajadores podrían desquitarse dando sus votos al economista Alejando Encinas, candidato de los partidos del Trabajo (PT), Convergencia y de la Revolución Democrática (PRD) -luego de que se deshizo la alianza que el presidente nacional del sol azteca fraguara con Felipe Calderón.

Las dos reformas aludidas largamente esperadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gran capital no se han descartado gracias a la movilización popular sino solo están suspendidas por consideraciones tácticas de los priístas, quienes se dividieron a la hora de asestar la puñalada contra la clase trabajadora y el país.

Los senadores priistas Francisco Labastida y Manlio Fabio Beltrones menos torpes que el grupo de diputados de Peña Nieto anunciaron que no dejarían pasar en el Senado las reformas en el Senado y eso detuvo la puñalada trapera contra el pueblo mexicano.

En el caso de la reforma laboral los diputados anunciaron que llevarán a cabo una consulta para decidir su destino, sin que quede claro a quienes se consultaría, de cuanto sería la muestra, etc. Y en cuanto a los cambios a la Ley de Seguridad, no hay que descartar que estos se aprueben en alguno de los dos periodos de sesiones que quedan por realizarse en lo que resta del año.

La gran cantidad de críticas a ambos proyectos desde la izquierda socialdemócrata y las débiles protestas del sindicalismo neocharro jugaron su papel, pero no contribuyen a crear una fuerza política independiente y opuesta al capital con capacidad para protagonizar un movimiento nacional de protesta que modifique la correlación de fuerzas.

La reforma laboral que pretenden llevar a cabo la alianza PRI-PAN además de promover la subcontratación (outsorcing), la inestabilidad laboral, disminuir los salarios y precarizar –aún más el empleo- está encaminada a destruir los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo (CCT) y con ello la base social de ese sector de la clase política, por lo cual se explica que el “sector obrero” del PRI se halla rebelado este primero de mayo contra la línea de Peña Nieto quien por lo que se está comenzando a observar podría dejar de ser el candidato priísta, dado que al interior de ese partido mafioso las contradicciones están al rojo vivo.

Por su lado el sindicalismo “independiente” y sus líderes, muchos de ellos con varias décadas en las dirigencias sindicales, como Francisco Hernández Juárez del sindicato de Teléfonos de México; Agustín Rodríguez Fuentes, del Stunam, etc. también se oponen a la reforma por razones similares. Pues los sindicatos les han servido como plataforma para llegar a cargos de elección popular y encaramarse en la clase política mexicana.

Los trabajadores desde luego que tienen muchas razones para rechazar la reforma laboral.
Saben que de aprobarse sufrirán una mayor explotación y dificultades infinitas para defenderse.

Dado el escándalo que produjo durante las últimas semanas el tema de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, este tema opacó al anterior pero no se encuentra desligado del mismo, pues lo que está en el fondo es una política para imponer un mayor control policiaco – militar y explotación capitalista sobre el pueblo mexicano.

Es necesario oponerse enérgicamente a la pretensión de Felipe Calderón de, mediante una burda violación a la Constitución Mexicana, adquirir la facultad para declarar el estado de excepción nacional o regional arbitrariamente.

Igualmente no debemos permitir que el ejército logre la aprobación de un marco legal que le permita realizar detenciones arbitrarias, catear domicilios, realizar espionaje y detenciones, tomar la justicia en sus manos. Ello nos llevaría a un retroceso sin parangón en la historia del país. Un escenario peor que el de la guerra sucia de los setenta. Sólo comparable con lo ocurrido hace décadas en países sudamericanos.

Si bien en la capital mexicana los trabajadores tanto del sindicalismo corporativo del PRI como de la Unión Nacional de Trabajadores y sindicatos combativos como el electricistas (SME) y muchos otros llevaron a cabo dos grandes manifestaciones contra la reforma laboral y la estrategia gubernamental de combate al narco, la realidad es que la clase trabajadora sigue actuando puramente a la defensiva.

En otras partes del país, como en el estado norteño de Chihuahua, uno de los más golpeados por la violencia del narco y el ejército, la clase obrera esta tan inerme y carente de organizacion de clase que el reciente 1° de mayo, la marcha conmemorativa fue encabezada por el gobernador priista César Duarte y la policía municipal. Despojando a decenas de miles de obreras y obreros de las maquilas del derecho a expresar su descontento y levantar sus reivindicaciones de clase en esa entidad militarizada donde la población repudia la presencia de los federales.