En la capital del país, hace sólo ocho años fue promulgada la primera ley de acceso a la información pública; en este corto tiempo ha sido objeto de seis reformas que la han colocado, junto con el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), en un lugar destacado en el ámbito nacional. La próxima semana, en periodo extraordinario, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidirá la suerte de una reforma más que incluye una amplia agenda: adecuar algunas normas a compromisos internacionales, ampliar la transparencia en materia de fideicomisos y fondos públicos, y afinar conceptos como la denominada prueba de interés público
, que impone cargas a los órganos gubernamentales para acreditar su pretensión de restringir información propia. Todo ello producto de un amplio proceso de consulta pública.
El tema sindical ocupa también un lugar importante en esta nueva iniciativa. Se pretende precisar la obligación de los gremios de rendir cuentas sobre los recursos públicos y apoyos gubernamentales que reciben. En el artículo 14, fracción IX, de la propuesta perredista se señala que los entes públicos deberán mantener actualizada la información relativa a los instrumentos mediante los cuales regulan sus relaciones laborales, también la que se refiere a los recursos económicos y materiales entregados a los gremios, incluyendo las condiciones de tal entrega y su destino, así como la relacionada con licencias o permisos con goce de sueldo otorgados.
Algunos dirigentes de sindicatos del sector público, esencialmente de corte corporativo, se han resistido a estas reformas; temen que los afiliados accedan a esta información y que generen una dinámica de exigencias frente al destino de tales apoyos. Alegan, sin fundamento, que la obligación de rendir cuentas viola la autonomía gremial, llegando al extremo de sostener que la misma contraviene el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad sindical. Soslayan que una política de transparencia está plenamente justificada en virtud de que se involucran recursos públicos de la comunidad, la cual tiene derecho a conocer su destino; también ignoran que la rendición de cuentas es una exigencia democrática plenamente compatible con la autonomía y la libertad sindical, además de ser un factor favorable de su imagen frente a la sociedad. Esta resistencia data de tiempo atrás; en el pasado han acudido a diversas acciones legales para preservar la opacidad, pero no han tenido éxito en su oposición. El último recurso ha sido aliarse con personajes defensores del viejo corporativismo para impedir estos avances democráticos.
Un segundo tema incluido en las iniciativas de ley, que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa, se refiere a la información que debe brindar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En el artículo 17, fracción III, de la iniciativa perredista se establece que este tribunal deberá publicar información relativa a documentos fundamentales para lograr el ejercicio de los derechos laborales colectivos; se trata del registro de los sindicatos y la toma de nota de sus directivas, actas de asamblea, lista de miembros, domicilio de las empresas donde prestan sus servicios, los estatutos sindicales y los contratos colectivos de trabajo.
Actualmente existe un acceso parcial a esta información, básicamente orientada al contenido esencial de los contratos colectivos. Sin embargo, para lograr un avance democrático y evitar los fraudes y simulaciones que agobian las relaciones laborales en nuestra ciudad, sería de gran importancia que la ley local de transparencia precisara la obligación de la junta para tener disponible esta información. Sería un nuevo avance para ir brindando claridad en esa cueva inmunda que opera hoy en el mundo de los llamados contratos colectivos de protección patronal. En cualquier país democrático se da por descontado que esta información debe estar disponible para los ciudadanos y, en particular, para los trabajadores.
Estas propuestas en favor de la transparencia pretenden ser canceladas por quienes consideran que pueden ver afectados sus intereses. Los diputados del PRI tradicionalmente se oponen a cualquier avance en la materia. Sería lamentable que el resto de los legisladores hicieran causa común con esa negativa. Para los perredistas significaría caer en contradicción con los postulados que hoy defienden en el seno del Congreso federal, donde han planteado propuestas similares e incluso la creación de un registro público de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, la exigencia de una vigorosa rendición de cuentas por parte de los gremios y el acceso íntegro a los documentos que obran en los archivos de los órganos gubernamentales en materia laboral. Cancelar por razones clientelares este avance sería una traición a los principios democráticos más elementales.
Conviene dar seguimiento al curso de estos debates para conocer con nombre y apellido quiénes están en favor de la democratización laboral en nuestra ciudad y quiénes en contra.
PD. ¿Hasta cuándo el gobierno pondrá límites a los abusos que la industria minera comete en nuestro país? Nuevamente, el homicidio de trabajadores mineros en Coahuila exhibe la impunidad con que se conducen empresarios y autoridades que no han querido escuchar las constantes denuncias de los trabajadores del sector.
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