MÉXICO, D.F., 5 de mayo (apro).- Han pasado 111 años desde que una mujer, María Rosalía Arredondo, pidió por primera vez al gobierno que le explicara qué sucedió en la mina donde pereció su marido. Hoy es probable que 14 mujeres se sumen a una multitud de personas inertes, viudas, que en la región carbonífera de Coahuila sólo ven pasar las lluvias y los miedos.
El 19 de febrero de 2006 ocurrió una tragedia: 65 mineros perdieron la vida dentro de la mina 8 de Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas. A la fecha ninguno ha sido rescatado, y hace unas semanas la mina fue sellada.
Lo de Pasta de Conchos fue, en definitiva, un hito en el largo camino de la desgracia en que viven los pueblos carboneros de Coahuila, México, porque cuando una mina de carbón explota, el famoso gas grisú hace de las suyas, como el vaho del diablo del que un día me hablaron las antiguas imaginerías del pueblo.
Tras la tragedia, identificada siempre como el resultado de la falta de previsión en la seguridad de las minas, responsabilidad de patrones y gobierno –que no organiza, no vigila, no le importa–, la sensación de las viudas y familiares de los muertos siempre es de abandono y desolación.
La tragedia ocurrida la mañana del martes 3 en una mina o pozo de explotación ilegal, de apenas 60 metros de profundidad –propiedad de la empresa Binsa, S.A. de C.V–, donde 14 trabajadores quedaron atrapados tras una explosión, y según todas las noticias ninguno podrá sobrevivir, es una excelente muestra de la dejadez de las autoridades, sin contar al menor que fue enviado al hospital gravemente herido y que fue mutilado. ¿Qué hacía un menor trabajando en las minas?
Cuando sucedió la explosión en Pasta de Conchos, hace cinco años, los poderosos de siempre pensaron que sería una de tantas, sin mayor importancia, salvo las notas del día.
Pero la organización de los familiares y las viudas, así como la intervención de grupos y aliados, hizo que el caso llegara no sólo a la opinión pública, sino a diversas instancias, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al mundo entero, con lo que se demostró, a raíz de las indagatorias de un grupo de viudas, que en esa entidad hay al menos tres grandes problemas:
El primero de ellos tiene que ver con que se abren minas pequeñas, de superficie, llamadas pozos, donde se trabaja con pala y carretilla, como en el siglo XIX.
En segundo lugar, no existe mapa, control o detalles de cuántos pozos se abren para proporcionar a la intermediaria Micare cientos de toneladas que, a su vez, le compra la Comisión Federal de Electricidad, que no se pregunta ni le importa de dónde llega el carbón o si se tienen previsiones técnicas y humanas.
Y el tercer problema tiene que ver con que las autoridades –que en la última explosión, ocurrida el pasado martes 3, envió a elementos del Ejército para cercar la zona– no se hacen cargo de la situación y dejan hacer, mientras unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros siguen explotando las minas, y los carboneros carecen de protección y derechos. Y luego nos vienen a decir que creció el empleo, pero ¿a ese costo?, ¿tratados como bestias de carga?
La enseñanza de Pasta de Conchos nos ha dejado una estela tremenda. Se demostró que desde hacía meses se había advertido del mal funcionamiento de la mina 8 de pasta de Conchos, pero nadie hizo caso. Los estudios técnicos mostraron que podrían haber salvado a los mineros y no hicieron nada. Se hicieron varias demandas judiciales y no hay un solo responsable en la cárcel. Pero, sobre todo, se puso en claro el tamaño de la corrupción y la falta de pericia gubernamental.
Lo que pasó el martes 3 es inaudito. Hoy no pueden sumarse muertos y viudas como si nada. Tenemos obligación a la memoria.
Para quienes sabemos de qué hablamos, es ingenuo pensar que las autoridades cercaron el lugar con militares para evitar mayores riesgos, no, en cuestión de horas tomaron todo el control y ya nunca sabremos qué sucedió realmente.
Y luego las justificaciones. Con refinado cinismo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, dice que no se sabe cuántas minas actúan así. Es decir que reconoce que tras la demanda de Pasta de Conchos ninguna autoridad ha hecho nada.
Esto en 2011, pero cinco años después de la tragedia en Pasta de Conchos no se ha puesto orden ni se han tomado las medidas de seguridad. Tampoco se aplicaron las recomendaciones de la CNDH, ni se oyó a la Cámara de Diputados, ni se hizo caso de los dictámenes científicos del caso, y mucho menos fueron oídas las viudas, una de las cuales consiguió dictámenes y papeles. Es claro que la vida humana no les importa.
Hay un documento minucioso de la Federación Internacional de Sindicatos Mineros, y el expediente fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)… pero a nadie le importa reordenar la región carbonífera.
Ni siquiera han prevenido medidas de protección mínimas. Dicen los cínicos, desde el presidente municipal hasta los gobiernos local y federal, que allá hay un desastre y que protegerán a los deudos. Escuché la ignorancia y desmemoria de montones de comentarios en la radio y la televisión. Tras las imágenes de la tragedia, no entienden nada.
Me muero de indignación. A lo largo de 111 años las viudas y familiares quedan en el abandono, no les pagan sus indemnizaciones, no les entregan los cuerpos de sus maridos, hijos y hermanos.
En el terreno laboral, ahora el señor Lozano –uno de los siete "enanos", dijo Humberto Moreira, presidente nacional del PRI– dice que la cuestión es mucho peor, mientras que el presidente municipal se queja de que no hay inspectores del trabajo. Y así es, se demostró con pruebas hace cinco años.
Nada hicieron cuando se hizo evidente que los trabajadores son contratados por empresas subsidiarias o contratistas, como es el caso, y me temo que pronto sabremos si están o no asegurados. Las investigaciones de Pasta de Conchos demostraron en general que no lo están, y cuando tienen seguro social, base de las indemnizaciones, se descubre que reciben una paga superior a la mínima reportada en el IMSS. ¡Qué vergüenza¡ Y Lozano en la pasarela presidencial.
No se ha hecho ninguna mejora, es evidente. Los que saben –junto con las notas periodísticas– relatan que entre 2006 y 2011, 60 mineros han muerto, además de que ocurrieron cuatro accidentes "menores", reflejo de esa dejadez y falta de responsabilidad.
¿Que estará pensando el señor Lozano, cómplice de la injusticia? ¿Que sacar tres cuerpos lo pondrá en las pantallas de televisión, igual que al presidente recién electo de Chile, Sebastian Piñeira, que actuó con rapidez para rescatar al total de 33 mineros atrapados en una mina de ese país?
¿Que nos dirá el flamante dirigente del PRI, Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, responsable de una política que quiso siempre minimizar lo sucedido? ¿O qué estarán pensando en los Pinos, cuando en 2006 Felipe Calderón era responsable de la política siderúrgica del país y encubrió a Industrial Minera México, dueña de Pasta de Conchos, y a las minas de oro y cobre de todo el país?
Seguramente siempre creen que no tenemos memoria. Está bien pensar eso para sus testaferros de la prensa oficial.
En el lapso de más de 110 años se registraron oficialmente 120 explosiones, en las que murieron entre tres y 153 trabajadores en cada una, es decir un total de mil 700 mineros. Y se calcula la muerte de un número similar por siniestros y fallas de las minas pequeñas, sin control, llamadas pozos.
No se puede olvidar que ahí, en la región carbonífera de México, como en otros sitios de este país, muchas personas viven como en el siglo 19, sujetas a la mitología del vaho del diablo, ese vapor incontrolable de gas que justifica toda la incapacidad y la indecencia, la falta de justicia y de equidad.
Hoy, a los cientos de viudas se sumarán 14, más la madre del adolescente mutilado. Nuevas soledades, desvíos, oprobios, desazones, van a cubrir a Sabinas, un municipio donde todos los días la muerte recorre sus calles, y ahora también secuestros y desapariciones de las que nadie da cuenta.
saralovera@yahoo.com.mx
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