El tribunal de la ignominia

John M. Ackerman

El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad.

El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.
En 2012, este ciclo de oprobio se cierra y se corona. La semana pasada, los magistrados del TEPJF no solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente ejemplar donde se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática. Todo pudor quedó en el pasado.
La irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con respecto a la posible determinancia, o relevancia, de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento los magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular que estaban haciendo su trabajo.
Por ejemplo, se atrevieron a tomar en serio la posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no existía ordenamiento jurídico que expresamente considerara esta posibilidad. Asimismo, aprovecharon el dictamen de validez de la elección presidencial para señalar con todas sus letras que se habían cometido violaciones graves a la Constitución. Aceptaron, entre otras irregularidades, que el excesivo protagonismo del presidente Fox durante la campaña había puesto en riesgo la validez de la elección presidencial. Los magistrados también reprocharon fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial haber violentado el marco jurídico al adquirir propaganda en radio y televisión.

Hoy, sin embargo, la desvergüenza es total. Ahora que por primera vez en la historia existe un recurso formal para impugnar la totalidad de la elección presidencial ante el TEPJF, los magistrados fueron aún más indolentes que en 2006. Desde lo que creen que es su olimpo en la avenida Carlota Armero, y sin tomarse la molestia de levantarse de sus escritorios, los magistrados rechazaron uno a uno todos los argumentos del Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar a absolutamente nadie por haber incurrido en alguna irregularidad. Tampoco utilizaron ninguna de sus amplias facultades legales para allegarse de pruebas adicionales.
En contraste, avalaron sin cuestionamiento alguno los puntos de vista del PRI y de Enrique Peña Nieto. No se probó la existencia de un esquema ilegal de financiamiento paralelo destinado a la compra y coacción del voto, ya que las operaciones mediante tarjetas de prepago tuvieron como destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional, y por finalidad, retribuirles por los servicios prestados al señalado instituto político, señalan en el dictamen de validez aprobado el viernes.
Seis meses antes de que la Unidad de Fiscalización del IFE emita su dictamen, los magistrados ya han llegado a conclusiones anticipadas sobre el origen y destino de los gastos de campaña de Peña Nieto. ¿No teníamos que esperar hasta febrero de 2012 para tener información fidedigna sobre la fiscalización de las campañas?
Con ésta y una infinidad de afirmaciones similares en la sentencia y el dictamen aprobados la semana pasada, queda claro que el TEPJF no se limitó a desechar las pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de defender al PRI. El doble estándar es evidente. Mientras una de las partes debe presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones de la otra parte son tomadas automáticamente como la verdad incuestionable.
El destacado jurista Netzaí Sandoval, en su libro más reciente, ya había anticipado el escenario actual: El ganador será, muy probablemente, el partido que con mayor cinismo elabore su estrategia para defraudar la voluntad popular. Y el Tribunal Electoral le levantará el brazo. Ricardo Monreal tiene razón: si seguimos por el mismo camino, tendría más sentido que en 2018 la Lotería Nacional anuncie una subasta que el IFE y el TEPJF organicen un proceso electoral para decidir quién sería el próximo presidente de la República.
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