Populismo penal

Alejandro Encinas R.

El día de ayer, la mayoría en el Senado de la República aprobó el incremento sustancial a las penas en materia de secuestro hasta por 140 años de prisión. 

Se trata, más que de una medida eficaz para combatir este delito, de una acción mediática con la que el Partido Verde pretende hacer propaganda señalando que ha “cumplido” una propuesta de campaña al establecer, de facto, la cadena perpetua en la legislación mexicana. 

Nadie puede negar el agravio y el alto impacto social de este delito, su crecimiento sostenido en los últimos años ni cómo se ha extendido a todos los rincones del país, afectando de manera particular a familias de bajos ingresos que sufren secuestros por mil o dos mil pesos, lo que exige de la autoridad acciones efectivas y castigos ejemplares a quienes los cometen, y aunque para algunos sectores de la población lo políticamente correcto sería aprobar el aumento severo de las penas, lo cierto es que ello no va a resolver el problema. 

Como señala una investigación de la Universidad Complutense de Madrid: “el efecto disuasor de las sanciones formales, o sea la cárcel, sólo es posible cuando existe una alta tasa de arrestos y condenas,.. lo que debe ser de rápida ejecución tras la comisión del delito, ya que la experiencia muestra que si no se conjuga la certeza en la detención y el castigo inmediato, el efecto disuasivo de las penas formales será escaso”. 

Ejemplo de ello es cuando en el Distrito Federal se endurecieron las penas en delitos patrimoniales sin lograr inhibirlos, ya que actualmente se registra una población penitenciaria de 40 mil 600 internos, de los cuales 68% se encuentra detenido por robos, en promedio, menores a 5 mil pesos. 

En México existe una profunda impunidad en materia de secuestros. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Victimización, del total de los secuestros que se realizan en el país, solo se denuncia el 3 por ciento. Es decir, el 97 por ciento de los mismos no se denuncian. 

Coincido con el coordinador de la Comisión Nacional Antisecuestro, Renato Sales, quien recientemente en un foro sobre seguridad pública, impartición de justicia y derechos humanos, pidió a los responsables de la procuración de justicia, evitar el populismo penal, toda vez que, dijo: “Podría considerarse ingenuo creer que modificar la ley implica modificar la realidad y eso no es así... La idea es simplemente aplicar la ley, no incrementarla”. 

Se debe atacar a fondo el secuestro, abatiendo la impunidad y, como señala la Estrategia Nacional Antisecuestro, priorizando la inteligencia policial, el fortalecimiento de las capacidades operativas en las entidades donde hay mayor incidencia del delito, conformar la base nacional de datos criminales y la reclusión de secuestradores en módulos de alta seguridad, diseñando un protocolo único de atención ciudadana al secuestro y sus víctimas. 

Esta reforma contraviene además lo dispuesto en nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano, pues la pena privativa de la libertad debe tener como finalidad la reinserción social del individuo. 

La experiencia internacional ha demostrado que el endurecimiento de las penas no conduce necesariamente a la disminución del delito, y por el contrario alientan la opacidad ante las incapacidades institucionales en el combate al crimen y sus pobres resultados. 

El principal objetivo de una estrategia contra el secuestro debe ser enfrentar la cifra negra y la impunidad, dando certeza a las víctimas de que el ilícito será castigado y evitando caer en el recurso fácil de la simulación que tanto ha minado la credibilidad en las instituciones públicas.

 

Senador de la República