Jenaro Villamil
El
PAN está dividido en uno de los asuntos más importantes del sexenio: la
reforma a la Ley de Telecomunicaciones, duramente criticada porque
propone censurar internet, entre otros retrocesos. Las posturas de la
presidenta del panismo, Cecilia Romero, no fueron secundadas por sus
legisladores, y ni siquiera logró el consenso para convocar a un
periodo extraordinario de sesiones en el cual se debata la propuesta
federal. Ante ello, subsiste el riesgo de que se apruebe una ley
anticonstitucional.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Por su fuerza en el Congreso de la Unión, el Partido
Acción Nacional (PAN) será una pieza fundamental para reformar la Ley
de Telecomunicaciones. Sin embargo no ha podido unificar su postura al
respecto y afrontará el debate dividido.
Cecilia Romero,
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del panismo, asevera que
el principal objetivo de su partido es “evitar una confrontación con el
gobierno, por los aspectos anticonstitucionales, que nos lleve a la
Suprema Corte de Justicia”.
En entrevista con Proceso –tras la
suspensión de las negociaciones legislativas, que se reanudarán después
de las vacaciones de Semana Santa–, la dirigente advierte que tal como
está la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto “hay serias
preocupaciones sobre su anticonstitucionalidad”, y considera que lo
mejor sería aprobarla en un periodo extraordinario de sesiones, a
celebrarse después del miércoles 30.
“Va a haber mucha tensión en
los próximos días. Lo primero es avalar la reforma político-electoral,
luego la de competencia económica y la de telecomunicaciones, más la
reforma energética. He hecho este planteamiento a dos legisladores
panistas con el objetivo de analizar si hay tiempo suficiente para
sacar adelante una buena Ley de Telecomunicaciones en un periodo
extraordinario”, dice Romero, quien sustituyó a Gustavo Madero al
frente del panismo cuando éste se lanzó a buscar la reelección.
Una
posibilidad similar planteó el coordinador de los senadores panistas,
Jorge Luis Preciado, así como su homólogo del PRD, Miguel Barbosa. El
martes 15 Preciado afirmó en rueda de prensa: “Por lo menos hay 20
puntos que no cumplen con la Constitución; de hecho hay un retroceso en
el análisis jurídico que estamos haciendo en virtud de que se están
desdiciendo (sic) de la Constitución”.
Un panista que tiene una
visión distinta es el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión
de Comunicaciones y Transportes y secretario del Trabajo y Previsión
Social durante el gobierno de Felipe Calderón. El jueves 10 hizo un
llamado “respetuoso” para que “aquellos que se están desgarrando las
vestiduras, en lugar de estar criticando la iniciativa, que es del
presidente de la República, mejor se esperen a ver el dictamen que
vamos a proponer en comisiones unidas”.
El legislador informó el
martes 15, a través de su cuenta de Twitter, que avanzaba en el
dictamen de dicha reforma. “Y así seguiré el resto de la semana para
tener el proyecto el lunes 21”, escribió. Lozano ha reiterado que sí
existen condiciones para aprobar la reforma en telecomunicaciones antes
de que culmine el periodo ordinario de sesiones, el miércoles 30.
–¿Tiene prisa el PAN para aprobar esta reforma antes de que termine el periodo ordinario? –se le pregunta a Romero.
–Sí
es una ley urgente. Hay que hacerlo sin prisa pero sin pausa. No hay
que ponerse en una situación de presión y sacarla mal, así que debemos
analizar la posibilidad de que esto salga en un periodo extraordinario.
–¿Hay una presión por los tiempos?
–Sí,
pero hay que combinar tiempo con eficacia, tiempo con calidad de la
iniciativa y tiempo con constitucionalidad. Si no es posible sacarla
bien en este periodo, debemos irnos al extraordinario.
–¿La preocupación más importante es sobre los riesgos de anticonstitucionalidad?
–Lo
ideal es que sea una ley no anticonstitucional y que avancemos
gradualmente para cumplir con la reforma de 2013. Debemos reducir al
mínimo los riesgos de litigio. La intención es mantener el diálogo con
el gobierno. Pero quiero ser muy puntual: no me interesan los grandes
consorcios. No me interesa si uno está en contra y el otro a favor. Hay
que ver qué interesa a las audiencias y a los usuarios. Eso es lo que
me importa. Y debemos tratar de evitar una confrontación que nos lleve
a la Suprema Corte de Justicia por aspectos anticonstitucionales de la
iniciativa.
–¿Considera que hay violaciones a los derechos constitucionales consagrados en la reforma de 2013?
–Sí,
hay aristas muy arriesgadas, como el bloqueo de señales de telefonía
móvil por parte del gobierno. Ahí estamos contraviniendo la libertad de
expresión y la privacidad. Es una herramienta demasiado peligrosa en
manos del gobierno. Lo mismo en internet. Las restricciones al libre
uso deben ser modificadas.
–¿Espera que haya cambios en éstos y otros casos?
–Por
supuesto, esperamos que la iniciativa sea modificada en los asuntos más
sentidos y criticados. Lo más importante es garantizar el respeto pleno
a los derechos de las audiencias y de los usuarios de
telecomunicaciones. No podemos aprobar nada que afecte a los ciudadanos.
–Algunas
voces han pedido que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como
ya hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se
pronuncie sobre estos aspectos. ¿Usted lo considera necesario?
–Me
parece muy buena idea. El Senado podría pedir su opinión sobre estas
cuestiones. Pero, insisto, lo más importante es tratar de evitar que el
sector quede paralizado por un conflicto de anticonstitucionalidad.
“Ni gerencia ni interferencia”
El
24 de marzo pasado, cuando se conoció la iniciativa del Ejecutivo
federal, Cecilia Romero leyó un comunicado conjunto con su par del PRD,
Jesús Zambrano, para advertir que la propuesta federal “no refleja el
contenido de la reforma constitucional publicada el 19 de julio de
2013”.
Romero y Zambrano coincidieron: “El PRD y el PAN no
aceptan que la Carta Magna sea violada y disminuida a través de las
leyes reglamentarias. Por esto, el PAN y el PRD llaman a todos los que
apoyaron o simpatizaron con la reforma de 2013 a exigir su respeto
puntual”.
Al día siguiente de ese comunicado, los coordinadores
del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado se desmarcaron de la
posición de Romero. Javier Lozano incluso afirmó que la presidenta
panista había sido “mal informada”.
–¿Cómo tomó usted esta
decisión? ¿Influyeron especialistas o ya tenía usted acceso al
contenido de la iniciativa del Ejecutivo? –se le inquiere a Romero.
–Esta
propuesta se había estado preparando desde hace meses. Aun cuando
estuvo aletargada teníamos información sobre partes del contenido.
Había un equipo del PAN que estaba trabajando en el proyecto y lo
conocía. Cuando se difundió yo consulté a especialistas y se decidió
que había varios aspectos en los cuales, claramente, la iniciativa del
Ejecutivo no concordaba con la reforma constitucional.
–Se manejó públicamente que usted estaba desinformada…
–Por
supuesto que no la había leído completa, pero sí tenía muy claros los
puntos de anticonstitucionalidad. No aspiro a ser una experta en los
aspectos técnicos de la ley, pero confío en la capacidad de los
legisladores y especialistas del PAN.
–¿Cómo está la situación interna del panismo frente a la ley?
–Hay
una gama muy amplia de posturas entre los legisladores, que van desde
aprobar casi todo sin cambios hasta no aprobar nada. Lo importante es
encontrar el punto para evitar la anticonstitucionalidad.
–¿Hay
distancia entre las posiciones de la dirigencia del PAN y los
legisladores? Se le ha acusado también de interferir en los asuntos del
Senado.
–Partido y bancada somos una misma institución.
Trabajamos en conjunto. Esto ni es gerencia ni interferencia. Los
legisladores forman parte de una bancada que defiende un ideario y un
programa de partido. Debemos perfeccionar nuestra coordinación, en todo
caso. Ahora, si no hubiera unanimidad en el voto de los panistas
tampoco va a pasar nada. Lo deseable es que fuera toda la bancada con
una posición única.
–¿Cómo influye en este debate la contienda interna por la dirigencia del PAN, que se disputan Ernesto Cordero y Gustavo Madero?
–Todos
los que tienen una posición respetable respecto de la contienda panista
deben mantenerla, pero las leyes no pueden ser afectadas por esta
situación. La dirigencia partidista está al pendiente de que no se
influya en las decisiones.
–¿Que la contienda quede al margen?
–Así es.
–El
senador Javier Corral, del PAN, anunció el viernes 11 un frente contra
las reformas al sector de telecomunicaciones, en el que participarán
dirigentes como Cuauhtémoc Cárdenas y líderes de organizaciones
civiles. ¿Cómo ve usted ese llamado?
–El senador Corral tiene
libertad de hacerlo, pero no es la expresión institucional del PAN. Una
cosa es que existan coincidencias en algunas posturas, pero no es esa
la posición del CEN del PAN.
–¿Qué escenarios prevé después de Semana Santa?
–Debemos
acelerar el paso. Va a ser complicado. Habrá mucha tensión porque en
los próximos días deberemos aprobar la reforma político-electoral, la
de competencia económica, la de telecomunicaciones y la energética.
El momento adecuado
La
posibilidad de un periodo extraordinario para analizar la legislación
energética es prácticamente un hecho, pero hay resistencias del PRI y
del gobierno federal para aprobar la Ley de Telecomunicaciones después
del miércoles 30.
En conferencia de prensa el viernes 11, el
coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, dijo que “de
ninguna manera existía el riesgo de que no se aprobaran” las reformas
secundarias antes de que terminara el periodo ordinario:
“En lo
único que creo que podemos irnos a un extraordinario es en la reforma
energética. ¿Por qué? Porque todavía ni la Cámara de Diputados ni
nosotros la tenemos. En las otras leyes, aunque haya una división en
Acción Nacional, no va a ser motivo de que se fracture el Senado de la
República”. De hecho, y de acuerdo con legisladores de oposición, el
gobierno federal está presionando para que la iniciativa de
telecomunicaciones se apruebe sin cambios sustanciales.
Ahora
bien, la probabilidad de un periodo extraordinario crece en la medida
que la segunda fuerza partidista en el Senado, el PAN, no tiene una
posición unificada frente a la iniciativa peñanietista. La búsqueda del
consenso interno puede retrasar el debate entre partidos.
Para
aprobar su propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones el PRI
necesita sus votos, los del Partido Verde y otros cuatro sufragios –que
podrían ser de panistas o, incluso, venir de la bancada del PRD–, pero
Gamboa Patrón ha insistido en que su partido buscará sacarla con “el
mayor consenso posible”.
El escenario de una acción de
anticonstitucionalidad, en tanto, es analizado por legisladores de PAN,
PRD y PT tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
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