Violencia hacia mujeres no es nueva sino que crece día a día, como lo señala la OMS en su Informe de 2013.
De acuerdo a las
teorías del género (Rubín,G.1975;Scott, J.1986; Butler, J. 1990 y 1993;
de Barbieri, T., 1993) el orden social que pauta tanto las relaciones
de las mujeres y los hombres entre sí, como las relaciones entre
mujeres y hombres, se construye como un conjunto de estructuras, usos,
significados, normas, prácticas cotidianas y rituales sociales, que
establecen las formas específicas que adquiere la organización social
de la diferencia sexual sobre las cuales se erigen las identidades y
relaciones de género en cada sociedad. Así lo que implica ser hombre o ser mujer, en un lugar y tiempo determinados está construido por roles, valores,
expectativas, actitudes y apariencias que deben tener o adoptar las
mujeres y los hombres para ser “apropiados” en cada sociedad.
La
violencia hacia las mujeres tiene un nuevo uso instrumental. Este uso
derivaría no tanto de la naturaleza y características de estos eventos
casi intemporales por su larguísima presencia a lo largo de todas las
sociedades, sino porque se da en un contexto de claros avances de las
mujeres y en el marco de sociedades políticamente más igualitarias en
las cuales se condena crecientemente el uso de la violencia hacia ellas.
Gracias
a estos avances las mujeres han poblado masivamente las calles, los
sitios de trabajo, las escuelas, las universidades, los centros
deportivos, los parlamentos, los medios de comunicación, otrora
privilegiados cotos masculinos Han modificado radicalmente sus maneras
de vivir, de vestir; han poblado la noche y ganado el espacio público.
La
violencia letal hacia las mujeres se presentan así en un contexto
psico-social que podríamos identificar como post-liberalización o post-
revolución sexual donde las mujeres han ganado creciente autonomía
física y económica y cuando han logrado establecer una relación con su
cuerpo, sus deseos y su sexualidad, con un claro sentido de
empoderamiento y apropiación.
Se inscriben igualmente, en un
etapa histórico-cultural donde los roles, rasgos, identidad, apariencia
y características asignados por siglos al género masculino y femenino,
han explotado literalmente en pedazos, al menos en el espaciosimbólico,
por la presencia cada vez mas ubicua de identidades y corporeidades
bisexuales, homosexuales, lésbicas, transgénero, transexuales, etc.
En
este orden de reflexión afirmaríamos que el incremento en la libertad
física, sexual, corporal y la creciente participación económica de las
mujeres, atisba un cambio psíquico-político (Touraine, 2006; Lipovetsky
(1997) semejante a otros momentos o coyunturas históricas donde se han
jugado las posiciones estructurales e institucionales entre mujeres y
hombres. Es un momento culmen en su proceso de emancipación en los
últimos doscientos años: su identificación masiva – más allá de todas
la contradicciones - como sujeto con derechos propios y capacidad de
autonomía a partir de conquistar ser en sí y para sí (Beauvoir,
S.1948)
Estos cambios identitarios experimentando por las
mujeres, sobre todo las más jóvenes, respecto a sus roles y
expectativas personales y sociales, estilos de vida, etcétera han sido
considerados por diversos autores (Touraine, 2006; Lipovetsky, 1999;
Arteaga, B. 2010) como una auténtica ruptura histórica de profundas
consecuencias económicas, políticas y culturales, (algunos la comparan
incluso con el cambio en el sistema sexo-género originado por el
descubrimiento de la agricultura, aunque en sentido contrario) ya que
estaría presionando en consecuencia, transformaciones políticas entre
los sexos, además de plantear desafíos económicos y del orden
civilizatorio en gran escala
En efecto la salida masiva de las
mujeres de su nicho estructural (el trabajo doméstico; para el
autoconsumo familiar y el cuidado) hacia las actividades remuneradas,
el ejercicio de profesiones, oficios y cargos diversos, que se ha
producido en América Latina sobre todo a partir de la última década del
siglo veinte, no solo plantea un reto político, económico y cultural de
gran envergadura para las políticas públicas sino también en lo que
hace al funcionamiento del mercado y la
organización espacial, en términos de reconciliar las racionalidades y
el funcionamiento de esferas sociales hasta ahora sólo vinculadas por
la mediación del consumo como son: el trabajo y la familia.
Propulsados
por los cambios que en nuestras sociedades y territorios está
provocando la globalización económica estamos inmersos en un contexto
de hibridación cultural (Canclini, N. 2001) también en materia de
género, que mezcla formas y tendencias diversas: sexualidad
adolescente, transexualidad, trangéneros, fecundación in vitro, uniones
y familias entre personas del mismo sexo, en una palabra perfomatividad
de la sexualidad y las identidades de género (Butler, 2002) por un lado
versus militancias religiosas pro abstinencia sexual, sexualidad
pro-Vida, o pro heterosexualidad normativa, iconología mediática
anclada en la vida rural y en mandatos de género que apelan a “leyes de
la naturaleza ancestral”.
La hipótesis central para una
sociología de la violencia de género y del feminicidio sería que la
brecha generada entre un modelo de género normativo centrado en la
subordinación de las mujeres y la emergencia social de la figura
femenina, como una figura con poder y autonomía, está presente en las
diversas vertientes de las relaciones cotidianas que sostienen hombres
y mujeres entre sí. Ya sea en el plano de las relaciones
interpersonales, (parejas, ex parejas; en el ámbito laboral o escolar)
como en el de las relaciones simbólicas y de poder que se juegan en el
espacio púbico.
Afirmamos que la violencia hacia las mujeres en
general y los feminicidios en particular estarían jugando como un
dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener,
simultáneamente, tanto en lo individual como en lo colectivo: I) las
posiciones de dominio varonil, entre varones, en un mundo que les
resulta cada vez más incierto y peligroso; II) funcionar como un
instrumento de control para contener el cambio y las transgresiones de
las mujeres a los órdenes y regímenes de género, que estarían
experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de
las mujeres en el espacio cultural-simbólico, la vida pública y el
mercado de trabajo.
Aun cuando también hay que señalar que la
cultura de la violencia que goza todavía por desgracia de una amplia
aceptación en nuestro país. Así es corriente la violencia entre varones
por razones de género (defensa de honor, prestigio, manifestación de
poder, valentía etc., Lo mismo en el espacio público, las calles, que
en lugares de trabajo, centros deportivos, que al interior de los
hogares.
En una perspectiva de veintisiete años, es decir toda
una generación desde el punto de vista demográfico, la violencia
feminicida en México suma 39 mil 321 mujeres de todas las edades
asesinadas. Los datos muestran también que este tipo de crímenes se
mantiene constante, y no baja cuando el resto de los homicidios lo
hacen, aunque si sube rápidamente cuando la violencia criminal o la
violencia social se incrementan.
Hasta el año 2000, diez estados
del centro y sur del país se llevaban los primeros lugares en este tipo
de crímenes. Este núcleo lo conforman los estados de México, Oaxaca,
Morelos, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, el Distrito
Federal y Michoacán. Después de ese año, los feminicidios se extienden
al norte del país destacando las entidades de Chihuahua, Baja
California, Durango, Sinaloa, Sonora y Nuevo León.
La geografía
del feminicidio en México se complejiza si consideramos los
municipios. Tomando las cifras absolutas, los feminicidios parecen
experimentar un proceso alterno de difusión y concentración. Entre
1985, 20 municipios concentraban 40.4% de los feminicidios. En los años
noventa, cuando estos delitos se incrementan el número de municipios
donde ocurren, pasa de 40 en 1990, y a 60 municipios en 1995. A partir
del año 2000 y hasta 2010 solo 20 municipios -en su mayoría integrados
a zonas metropolitanas- concentran 25% de los feminicidios ocurridos en
2010.
A tono con su carácter de actos de “disciplinamiento o
corrección”, los feminicidios se caracterizan por el uso de formas
brutales para privar de la vida. El ahorcamiento, ahogamiento,
estrangulamiento, ahogamiento, son responsables de la muerte de poco
más del 18% de las mujeres asesinadas entre 1985-2010. Estas categorías, así como el uso de objetos cortantes,
son tres veces más frecuentes que en los asesinatos de hombres (en 20%
del total de defunciones femeninas). También se advierte una proporción
tres veces más elevada de utilización del envenenamiento y de las quemaduras con sustancias diversas o con fuego. Pero hay incluso muertes debidas directamente a los golpes, que no tiene la misma frecuencia entre los decesos masculinos.
Finalmente
el uso de armas de fuego para privar la vida solo es causa atribuida de
muerte para 30% de las mujeres, mientras que en el caso de los varones
es la vía por la cual se priva al 60%. Sin embargo las formas más
crueles también elevaron sus frecuencias. La muerte a golpes pasó de
8.2 a 18.7 y el ahorcamiento, el ahogamiento y la estrangulación crecieron de 8.1 a 12.4%.
El
crecimiento de los feminicidios en las áreas públicas debe vincularse
por su parte, como resultado de las nuevas funciones de las mujeres que
participan actualmente lo mismo en actividades productivas, escolares,
deportivas y otras más, en espacios públicos. Este tipo de feminicidios
ocurre mayormente en áreas comerciales o de servicios, escuelas,
oficinas, parques, áreas deportivas, que están concentrando dos tercios
de los asesinatos de mujeres.
Finalmente, la violencia
feminicida no hubiera adoptado una característica cuasi epidémica en
México, sin la omisión en los deberes públicos de los diferentes
gobiernos involucrados en investigarla y castigar a los responsables.
Por
diversas causas, todas atingentes a las autoridades, la mayoría de los
casos de violencia hacia las mujeres, sean: Feminicidios, violación o
lesiones, generalmente concluyen en la impunidad de los responsables y
en la indefensión o total ausencia de garantías y derechos humanos de
las víctimas. De esta suerte a la violencia que ejercen parejas, ex
parejas, conocidos y familiares o, perpetradores desconocidos, hacia
las mujeres, se le agrega la violencia institucional. [1]
Por ello la impunidad de estas muertes es tema de preocupación
ampliamente referida en casi una treintena de informes internacionales
de observadores y relatores de Naciones Unidas, en materia de derechos
humanos, dirigidos al Estado mexicano desde 2002.
La falta de
persecución y castigo a esto delitos incentiva comportamientos
similares en personas que tal vez en otros contextos de justicia, se
verían desalentados a cometerlos. En este sentido la impunidad respecto
a la violencia letal en contra de las mujeres, actúa como una especie
de agente de contagio que facilita la comisión de feminicidios, creando incentivos para delincuentes oportunistas.
En
el marco de este análisis no deja de sorprender y de indignar, la falta
de sensibilidad de las autoridades responsables de detonar la Alerta de
género creada por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida
libre de violencia (2007) que ha sido solicitada por organizaciones y
familiares de las víctimas en el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca,
Morelos, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.
*(*)
El género en alerta: Es es un fragmento de un artículo de la autora
publicado en la Revista Sociedade e Estado ((may-ago 2014)
[1] Conviene aquí traer a la reflexión, que la impunidad es “la
inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte
de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con
miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser
reconocidos culpables, a que sean condenados a penas apropiadas,
incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (Naciones Unidas, 2005).
Por ello la impunidad implica en los hechos la difuminación de la
función punitiva del Estado, lo que de alguna manera atenta contra su
propia razón de existencia.
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