Deben comprobar más de 4 años de estancia en Chiapas
Para prevenir los riesgos que enfrentan las migrantes centroamericanas que se quedan a laborar en el estado de Chiapas, grupos civiles proponen crear un programa que otorgue la residencia permanente a las trabajadoras que comprueben más de cuatro años de residencia en esa entidad fronteriza con Guatemala.
Organizaciones que integran el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, como el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, propusieron un programa de regularización migratoria para que las mujeres obtengan documentos y la autorización para trabajar.
Miles de niñas, adolescentes y mujeres centroamericanas laboran sin permisos ni documentación de estancia migratoria en Chiapas, lo que las deja vulnerables ante la discriminación, la explotación y la violencia, según las agrupaciones.
De acuerdo con sus investigaciones, los empleadores amenazan a las migrantes con denunciar su estancia irregular para mantenerlas bajo explotación laboral.
En el caso de las trabajadoras del hogar –principal actividad laboral de las migrantes–, además de las amenazas de ser deportadas trabajan sin contratos y con salarios que van de 500 a mil 500 pesos al mes, con jornadas de 10 a 12 horas diarias, y maltrato verbal, físico y sexual.
Asimismo, ellas tienen malas condiciones de alimentación, salud y vivienda; no cuentan con prestaciones laborales, y ninguna tiene condiciones que les permitan tramitar documentos migratorios y mucho menos la carta de naturalización.
Ante ello, el Imumi y el Centro Fray Matías proponen que se otorgue la residencia permanente a las trabajadoras centroamericanas que puedan comprobar más de cuatro años de estancia en el país.
También reconocerles el derecho al trabajo independientemente de su situación familiar, para prevenir situaciones de dependencia, explotación laboral y violencia familiar.
Igualmente, permitir que las mujeres cambien de empleo o de empleador para que su documento migratorio no esté vinculado a un patrón específico. Y establecer procedimientos y mecanismos para tramitar la residencia que sean accesibles y adecuados a la realidad social y laboral de las migrantes.
Paralelo a esta reforma al Reglamento de la Ley de Migración, las organizaciones solicitan que el programa garantice que las trabajadoras no enfrenten obstáculos administrativos, gocen de información, los costos de documentación sean bajos, y se anulen los pagos de multas por ingreso irregular al país.
DISCRIMINACIÓN EN LA LEY
Según el programa, las trabajadoras migrantes son discriminadas también desde la Ley de Migración y en las políticas y programas migratorios.
Esto porque, dicen, la ley no está basada en la realidad del mercado laboral en condiciones de precariedad que se gesta en la frontera sur de México; tampoco visibiliza las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral; y no reconoce el aporte de las mujeres migrantes a la economía laboral.
Como botón de muestra, el artículo115 del Reglamento de la Ley de Migración establece que se requiere de una oferta de trabajo para que una centroamericana pueda gozar de un permiso para venir a trabajar.
De manera adicional, quien contrata debe contar con una constancia de inscripción de empleador ante el Instituto Nacional de Migración (INM); y para contar con esa constancia, el empleador o empleadora debe estar dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estar al día en el pago de impuestos.
Este proceso requiere un tiempo de resolución por parte del INM de mínimo 10 días hábiles conforme a lo que indica la reglamentación; sin embargo, en la práctica se pueden llevar varios meses.
De acuerdo con las organizaciones, la complejidad de estos trámites los vuelve inaccesibles para el caso particular de las mujeres que desean desempeñarse como trabajadoras del hogar (la mayoría de los casos).
En el caso de las niñas y adolescentes las complicaciones son mayores porque se requiere que vayan acompañadas de su madre o padre. Y las mujeres que llevan años asentadas en el país, el trámite es más complicado porque no cuentan con tiempo de descanso para ello o requieren asesoría para hacerlos.
A esto se suma que los empleadores no muestran interés por otorgar documentos de regularización laboral a las migrantes, esto porque desconocen o no entienden la importancia de que ellas cuenten con documentación y/o porque es una forma de perpetuar la explotación laboral.
Las trabajadoras del hogar enfrentan otros obstáculos, ya que esta actividad no está contemplada en el régimen de contribuyentes.
QUIÉNES SON LAS TRABAJADORAS
El Censo de Población y Vivienda 2010 registró que en Chiapas residían 15 mil 323 mujeres centroamericanas, principalmente de Guatemala (11 mil 678), lo que equivale al 53 por ciento de la población inmigrante en la entidad.
La tercera parte de las centroamericanas de 12 años de edad y más, lo que equivale a 4 mil 676 personas, están registradas como Población Económicamente Activa (PEA) ocupadas en Chiapas. Asimismo, una tercera parte de estas mujeres se ocupan como trabajadoras del hogar.
De acuerdo con información recabada por Imumi y el Fray Matías, la mayoría de las centroamericanas están en edad productiva y reproductiva, tienen baja escolaridad y la mayoría son indígenas.
Un gran número de ellas se emplea en la economía informal, con trabajos precarios, salarios muy bajos y escasa calificación, en los cuales –según han reportado las mujeres– son explotadas y carecen de contrato.
Además, se emplean en sectores “subvalorados” o considerados como “femeninos” –como el trabajo doméstico–, en los que sólo tienen un día de descanso y sus jornadas son de 10 a 12 horas.
De acuerdo con estudios de ambas organizaciones, 99 por ciento de quienes se dedican al trabajo del hogar en Chiapas son guatemaltecas. Y según un informe del Centro Fray Matías, en 2012 el promedio de edad de estas mujeres era de 22 años, y 51 por ciento con edades de entre 13 y 17 años.
Son niñas y mujeres de la etnia mam, 67 por ciento de las cuales sólo cuenta con primaria, y el 93 por ciento emigró debido a la pobreza.
Imagen retomada del perfil de Facebook de la 72
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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