Exigen no dar “carpetazo” y mayor apertura con las familias
Organizaciones
civiles nacionales e internacionales cuestionaron la versión oficial de
la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que habría pruebas
suficientes para declarar que los 42 estudiantes desaparecidos en
Iguala, Guerrero, fueron “secuestrados y asesinados” por un grupo
criminal, por lo que exigieron al gobierno federal que no detenga las
investigaciones.
En respuesta al informe de la PGR el martes 27 de enero sobre el
destino de los normalistas desaparecidos, Amnistía Internacional (AI) y
cientos de agrupaciones que conforman la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en México (RNDDHM) emitieron comunicados, para exigir
a Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, que continúe con las
pesquisas y genere mecanismos eficaces de comunicación con las familias.
Ayer, la directora del Programa Regional para las Américas de AI, Erika
Guevara Rosas, envió una carta a Murillo Karam en la que expresó su
preocupación porque la teoría sobre lo que pudo haber sucedido con los
estudiantes, de acuerdo con los datos presentados por la PGR, está
basada en declaraciones de personas imputadas.
Además recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)
declaró que fue convocado por la PGR al lugar donde presuntamente
ocurrió la incineración de los normalistas “cuando ya se encontraba la
bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión estaba junto a otras
sobre un área de limpieza”.
Agregó que AI supo que algunas de las personas declarantes –supuestos
sicarios– alegaron haber sido torturados durante su detención.
AI enfatizó que continúa firme en su compromiso de apoyar a las
víctimas y organizaciones civiles de Derechos Humanos (DH) que están
involucradas en el caso de –como definió la propia organización– las
“desapariciones forzadas” de los 43 normalistas.
Y reiteró la necesidad de continuar la búsqueda en vida de los
estudiantes, fortaleciendo todos los mecanismos hasta agotar todas las
líneas de investigación posibles.
Además AI dijo a Murillo Karam que genere, en conjunto con las
familias, una estrategia integral y un plan de búsqueda que tenga como
sustento la investigación, y que esté apoyado por el uso de tecnología
y otros medios útiles para ello.
Asimismo, la RNDDHM repudió en un comunicado que aunque han pasado
cuatro meses desde la agresión de policías municipales y el grupo
criminal “Guerreros Unidos” contra los normalistas –que derivó en su
desaparición–, el gobierno federal no ha dado respuestas eficaces, y
criticaron que la PGR pretenda cerrar el caso aun cuando “hay elementos
para continuar la investigación y evitar la impunidad”.
Las organizaciones enfatizaron: “Reprobamos la insistencia de la PGR en
afirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados,
quemados y arrojados al basurero de Cocula, sin contar con las pruebas
suficientes que comprueben el hecho”.
De acuerdo con su comunicado, la RNDDHM también reprobó que el gobierno
federal no cumpla con los acuerdos firmados con las familias,
estudiantes y representantes legales, ya que “desde septiembre de 2014
(…) hemos sido testigos de la fuerza y dignidad que han mantenido de
pie a madres y padres, quienes sin pensarlo asumieron la búsqueda de
sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las
autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país”.
Las organizaciones sociales pidieron no cerrar el caso Ayotzinapa hasta
que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de
sus hijos, y hasta que todos los autores materiales e intelectuales
sean sancionados.
Además –coincidieron– es imperante que se creen los mecanismos
suficientes para garantizar la no repetición de los hechos; se agoten
todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de
la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos
delincuenciales.
También pidieron crear mecanismos institucionales para que los
cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres a fin
de garantizar su derecho a la verdad.
Y que se respeten las valoraciones del EAAF y se establezcan medidas
eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y
necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones
acompañantes.
De cara a estas demandas, Naciones Unidas informó ayer que el Comité de
Desaparición Forzada (compuesto por 10 especialistas independientes)
visitará México por primera vez en la historia del 2 al 13 de febrero
próximo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.-
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