Trinidad Ramírez, una de las líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra |
En vista de que el Ejecutivo federal ya echó a andar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), conformado por habitantes de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, denunció que el proceso no es transparente y violenta Derechos Humanos (DH) y ambientales.
Trinidad Ramírez, doña Trini, una de las líderes del FPDT y esposa del dirigente Ignacio del Valle, informó en conferencia de prensa que a fin de iniciar en febrero próximo la construcción del NAICM –a un costado del actual aeropuerto capitalino–, se están cometiendo actos de “despojo del patrimonio cultural y territorial” de los pueblos originarios.
La activista señaló que los ejidatarios de Atenco y Texcoco enfrentan fraudes en la compra de tierras –con la complicidad de autoridades ejidales y la Procuraduría Agraria–, ya que durante las asambleas para decidir la venta de terrenos no se convoca a todas las personas interesadas y se ignora a quienes se oponen a la venta.
Doña Trini explicó que aunque el FPDT denunció el hecho ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de Texcoco desde agosto de 2014, la instancia permanece “omisa” ante las acusaciones.
El Frente acudió el 8 de septiembre al Tribunal Superior Agrario (TSA) para solicitar atraiga los expedientes en poder del TUA, y que anule los acuerdos obtenidos en las asambleas ejidales donde se comprueben fraudes e intervenga a favor de las y los campesinos.
Doña Trini enfatizó que los planes del megaproyecto se están haciendo de manera “irresponsable y apresurada”, ya que no se está visibilizando todo el daño ambiental y cultural en algunas zonas donde se planea construir a pesar de que hay vestigios prehispánicos.
Además, denunció el FPDT, aunque se ha solicitado reiteradamente al gobierno federal que informe debidamente a los pueblos afectados sobre el proceso de construcción, no ha abierto ningún canal de comunicación para detallar paso a paso sus acciones.
Por tales acusaciones, el FPDT exigió al Ejecutivo federal que suspenda el proyecto y se revisen minuciosamente las operaciones que habrán de realizarse en el territorio para iniciar la construcción.
Criticó que no se hayan instaurado mecanismos para consultar y diseñar el proyecto en conjunto con los pueblos originarios de la región, como debe ocurrir según los derechos ambientales reconocidos internacionalmente.
Por el contrario, según dijo el Frente, las instituciones encargadas de vigilar estos procesos “están poniendo obstáculos” y “han torcido la ley” para que las denuncias no deriven en justicia.
Prueba de esto es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los poderes legislativos y las autoridades municipales y estatales aprobaron esta obra que representa un “grave riesgo”.
Denunció que estas instancias mostraron “argumentos insostenibles” para señalar que no habrá inundaciones, que no están afectando el territorio de municipios como el de Atenco, y que no necesitan las tierras ejidales.
El FPDT solicitó medidas cautelares para preservar la vida que existe en la región, el acceso al agua y el derecho a la alimentación. Insistió que de concretarse el nuevo aeropuerto, las consecuencias serían altamente costosas para la población de la zona y habría un agravio irreversible al ecosistema.
Advirtió que no está exigiendo o negociando algún precio por la tierra, sino que desde hace 13 años piden que se respeten sus DH, sociales y culturales.
El aeropuerto que planeó Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal, iniciará construcciones en febrero próximo para finalizar tentativamente el 20 de octubre de 2018.
En días pasados, la SCT anunció el otorgamiento de concesiones para la construcción y administración, y el Ejecutivo informó el presupuesto que habrá de utilizarse para la construcción del NAICM.
En 2001 el pueblo de Atenco se movilizó para impedir la construcción del proyecto, lo que derivó en los actos represivos del 3 y 4 de abril de 2006, en los que 27 mujeres fueron torturadas sexualmente por policías municipales y estatales, hechos que aún siguen impunes e incluso llegaron al análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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