A partir de 1978, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realiza un reporte anual titulado “El estado de la población mundial”, enfocado en un tema de interés actual.
En 2006, UNFPA presentó su informe “Hacia la esperanza: las mujeres y la migración internacional”, que exhorta a gobernantes mundiales a realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes.
Desde ese año, los contextos para las mujeres en la migración se han complejizado. El documento del UNFPA reveló que la mitad de todos los migrantes internacionales –95 millones a 2005– son mujeres y niñas.
Sin embargo, a pesar de las contribuciones sustanciales, tanto sus familias en el país como las comunidades en el extranjero, las necesidades de las mujeres migrantes se siguen pasando por alto.
Los procesos de migración tradicionales se han modificado, muchos desplazamientos son forzados por la pobreza o la violencia en México y Centroamérica.
El temor hacia alguna forma de conflicto que amenaza de forma inmediata las vidas de las personas, las obliga a dejar su país de origen y aventurarse en travesías que las exponen a la violencia, extorsión o hasta a la muerte.
Ser mujer y migrante son características que se tornan en condiciones de vulnerabilidad. Otras características, como ser indígena, joven o transexual, también son motivo de salida por la discriminación por pertenencia étnica, por edad, por identidad de género o por orientación sexual, respectivamente.
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enuncia un objetivo específico en materia migratoria: “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, la realidad rebasa esta política migratoria.
Desde la academia, el Instituto Nacional de Salud Pública documentó en 2004 las pocas o nulas posibilidades de negociación de las mujeres migrantes en cuanto al uso del condón, frente a un panorama de abuso sexual, violencia y explotación.
En lo que respecta a la sociedad civil, Amnistía Internacional (AI) reportó en 2010 que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes son víctimas de violencia sexual durante el trayecto.
Por su parte Médicos sin Fronteras (MSF), en sus registros de atención médica, reportó que de enero a junio de 2014 “la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en tránsito se ha convertido en una de las prácticas más habituales en el marco del fenómeno migratorio en México”.
Respecto a la salud sexual, los mecanismos interinstitucionales de atención son deficientes. No se brinda atención a la violencia sexual ocurrida en el tránsito migratorio; no existen lineamientos que consideren la administración inmediata de profilaxis post exposición al VIH, anticoncepción de emergencia o antirretrovirales; además, las migrantes embarazadas enfrentan riesgos para su salud.
Es evidente la falta de capacidad técnica, logística y normativa para atender a la población infantil migrante no acompañada, como lo evidenció la crisis humanitaria agudizada en 2014.
Desde Salud Integral para la Mujer (Sipam) hemos realizado una intensa actividad para favorecer la convergencia de diálogos, esfuerzos y recursos multisectoriales, para responder a la grave crisis humanitaria en materia de migración en México que viven de manera particular las centroamericanas que transitan por nuestro país.
Graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas la falta de seguridad sanitaria, incluyendo la salud sexual, crisis que es consecuencia directa de la falta de implementación de políticas públicas transversales con perspectiva de género, que favorezcan la inclusión social por parte del Estado mexicano.
Nuestro acompañamiento para la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos en el albergue “Hermanos en el camino”, en Ixtepec, Oaxaca, nos permitió acercarnos a la población transmigrante y conocer de primera mano la situación de las adolescentes y adultas en tránsito migratorio.
En lo que respecta a la salud sexual, impulsamos estrategias de prevención y de atención a la violencia sexual y al VIH, que incluyen la impartición de talleres y pláticas, metodología anticonceptiva, y uso de métodos de prevención (uso correcto de los condones femeninos y masculinos, y anticoncepción de emergencia, principalmente), entrega de condones y aplicación de pruebas rápidas voluntarias.
De manera articulada con MSF, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar-Ixtaltepec (Mexfam); Gunaxhíi Guendanabani, y la Red Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (Jinaco), además de participar en pláticas y aplicación de pruebas rápidas voluntarias para la detección del VIH, Sipam se suma a un proceso de incidencia política con distintos alcances.
Ejemplo de ello es la coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), en la cual los servicios de salud estatales y locales se comprometieron a generar rutas de atención a la violencia sexual y al VIH, y a garantizar la atención integral a migrantes trasnacionales en el Hospital General, el Centro de Salud de Ciudad Ixtepec, y el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e ITS (CAPASITS) del Puerto de Salina Cruz, y en el centro de Oaxaca.
Tales compromisos constituyen un avance significativo. Antes no había en los servicios de salud en Ixtepec antirretrovirales para la profilaxis post exposición al VIH, insumos indispensables para implementar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
Tal es el caso de muchas mujeres transmigrantes, quienes a partir de la implementación del Programa Frontera Sur (anunciado por Enrique Peña Nieto el 7 de julio de 2014), han visto agudizadas sus condiciones de seguridad y salud, ya que al prohibir el viaje en el tren de carga conocido como “La Bestia”, han modificado las rutas de tránsito exponiéndose a extorsiones, asaltos, secuestros y violaciones sexuales por parte del crimen organizado, e incluso de personal de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, situación documentada por AI.
La estrategia descrita es un ejemplo de lo que contemplan políticas públicas como el Programa Espacial de Migración (PEM) 2014-2018 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014), que enuncia la política migratoria nacional en la que se reconoce la función de la sociedad civil como proveedora de servicio y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Es así que desde la sociedad civil seguimos en el compromiso de coadyuvar en la generación de estrategias comunitarias y de incidencia política, que apunten a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes.
*Libertad Enríquez Abad es coordinadora del Programa de Jóvenes, Salud Sexual y Derechos de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam).
**Sipam es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Libertad Enríquez Abad*
Cimacnoticias | México, DF.-
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