Por Mauricio Torres
mexico.cnn.com/adnpolitico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — A finales de
2014, la revelación de presuntos conflictos de interés por parte de
altos funcionarios del gobierno federal no solamente generó polémica y
molestia entre ciudadanos. Dentro de un grupo de organizaciones
civiles, también derivó en una idea: en 2015, un año de comicios,
llamar a los electores a que exijan a sus candidatos ser transparentes.
De esa forma fue como nació #3de3, una campaña encabezada por
Transparencia Mexicana (TM), capítulo en México de Transparencia
Internacional, con la que se busca que quienes quieran conquistar el
voto ciudadano antes hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, de
intereses y de impuestos.
Con esto, según explicó Eduardo Bohórquez, director de TM, el
objetivo es que los ciudadanos tengan más información sobre quiénes son
sus candidatos —qué poseen, en qué sectores tienen inversiones, cuánto
ganan— e identifiquen quiénes estarían en mayores posibilidades de
tratar de obtener un beneficio personal aprovechándose de un cargo
público.
La difusión de esta campaña, con el lema "Si te piden tu voto,
pídeles que publiquen #3de3", ocurre luego de que a finales del año
pasado se dieran a conocer que la esposa del presidente Enrique Peña
Nieto, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
compraron casas a compañías de un empresario que recibió contratos de
obra pública cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México
(2005-2011) y ahora compite por licitaciones federales.
En ambos casos, las autoridades aseguraron que las transacciones
fueron legales y rechazaron que hubiera un conflicto de interés, aunque
desde entonces el tema ha generado dudas sobre las relaciones de los
altos funcionarios con el sector privado.
"Nuestra tarea como organización era poner la pelota en el campo",
dijo Bohórquez en entrevista, al explicar por qué TM decidió lanzar la
campaña en enero, a cinco meses de las elecciones federales y locales
del domingo 7 de junio.
Desde el lanzamiento, algunas asociaciones que se han sumado son
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), con el que TM desarrolla una plataforma
electrónica a la que los candidatos puedan subir sus declaraciones.
Al respecto, Bohórquez dijo ser consciente de que es poco probable
que un gran número de abanderados acceda a publicar esa información.
Sin embargo, consideró que la exigencia es necesaria y puede dar pie a
que surja una "nueva clase política" más abierta y cercana a la
ciudadanía.
"Creo que en el corto plazo va a ser difícil. Son unas 2,200 posiciones en concurso.
Si fueran siete candidatos, estamos hablando de más de 14,000 personas
que tendrían que poner su información en esta plataforma", señaló.
"Me temo que habrá muchas resistencias todavía y habrá muchos
pretextos: el tema de la seguridad pública, el argumento de que los
hace más vulnerables en su ejercicio... pero aun siendo decenas los que
se sumen a esta iniciativa de manera voluntaria, porque no es ninguna
obligación, aun siendo decenas creo que lo que estaríamos viendo es el
nacimiento de una nueva clase política, y el nacimiento nunca es
espectacular", agregó.
A la fecha, algunos políticos que se han pronunciado a favor de que
los funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses son los
senadores Laura Rojas, del Partido Acción Nacional (PAN), y Zoé
Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes no se
prevé que este año compitan por otro cargo público. A ellos se suman el
diputado federal Ricardo Monreal, quien aspira a gobernar la delegación
Cuauhtémoc del Distrito Federal por el partido Morena y esta semana
prometió publicar los tres tipos de declaración que pide TM.
El tema del patrimonio de los servidores públicos y de cómo darle
seguimiento constantemente genera polémica, puesto que la legislación
actual solamente los obliga a entregar sus declaraciones patrimoniales,
pero les permite decidir qué partes de estas dar a conocer y cuáles no
o incluso reservarlas en su totalidad.
Con relación a este asunto, Bohórquez señaló que las organizaciones
civiles que impulsan #3de3 seguirán exigiendo al Congreso cambios a la
ley en la materia, e insistió en que la campaña que promueven puede
servir como punto de partida.
"No es un asunto de volumen y es muy importante no generar falsas
expectativas. Si llegamos al final del proceso electoral con 250
candidatos que de verdad quisieron cambiar y empezar una relación más
honesta con sus electores, habrá iniciado un movimiento social", dijo
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