Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
Para efectos oficiales, la masacre de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, es un caso cerrado y resuelto: los 43 jóvenes, de entre 19 y 25 años fueron secuestrados, torturados, asesinados y luego calcinados y sus restos arrojados al río. Esa, según el gobierno, es la conclusión de cuatro meses de investigaciones y la “verdad histórica”.
Pero para efecto de los padres de los normalistas y una parte importante de la sociedad que les acompaña, no hay tal “verdad” en la conclusión oficial; sus hijos siguen vivos hasta que no les entreguen sus restos y su lucha por justicia, junto con las protestas masivas y pacíficas de grupos civiles y las expresiones violentas de organizaciones radicales, seguirán en el país y en varias partes del mundo.
Ni la conclusión final de las investigaciones, dada ayer cuatro meses después por el procurador Jesús Murillo Karam y su equipo, ni el reiterado llamado del presidente Enrique Peña Nieto a superar la tragedia con el castigo a los culpables y a “avanzar” a otros asuntos “por el desarrollo de México”, fueron ayer suficientes para contener el rechazo anticipado de los sectores que han impulsado la movilización social y la protesta en torno al caso Ayotzinapa, convertido al mismo tiempo en reclamo de justicia, que en movimiento político contra la administración peñanietista, y en expresión social de rechazo a la impunidad y la corrupción en el país.
El caso Ayotzinapa apunta a convertirse en uno más de los expedientes históricos en México donde la “verdad oficial” simplemente no cuadra con la “verdad de la gente”. Sucesos como la matanza de Tlatelolco, el “halconazo” del 10 de junio del 71 o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio entran en esa categoría donde la “versión oficial” de los hechos nunca pudo convertirse en “verdad histórica”, en parte por la desconfianza permanente en los gobiernos, en parte por una mala y errática actuación de las instituciones encargadas de investigar y procurar justicia, y también porque fueron casos que se politizaron y se convirtieron en banderas y causas políticas redituables para grupos de interés específicos.
En esa categoría entró ayer la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, un mismo hecho con dos visiones de lo sucedido y dos versiones históricas: la oficial que dice que a los muchachos los mataron miembros del narcotráfico porque los confundieron con integrantes de una banda rival y por ello los masacraron para después quemarlos y desaparecer sus restos; y la no oficial y del vox populi que afirma que los jóvenes pueden estar vivos mientras no se demuestre lo contrario con sus restos y que si murieron fue a manos de integrantes del Estado en un acto de represión, persecución y aniquilación brutal.
Parte de la responsabilidad de esa dualidad de versiones que quedará para la historia es del gobierno federal, que se tardó de más en sus investigaciones y, en su tardanza y dubitación para afirmar y sostener con firmeza lo que le fueron arrojando sus pesquisas, testimonios y peritajes, abrió la puerta a toda clase de rumores, especulaciones, filtraciones y versiones sin confirmar que fueron dando forma a la otra versión: la no oficial y la de la conspiración del Estado para ocultar un crimen de Estado. ¿Cuál de las dos verdades sobrevivirá para la historia?
NOTAS INDISCRETAS… Por una imprecisión se afirmó ayer en este espacio que Florence Cassez fue detenida y acusada en el gobierno de Felipe Calderón. Y la francesa fue en realidad consignada en 2005 durante el gobierno de Vicente Fox, pero fue en el sexenio calderonista donde ella denunció violaciones e irregularidades en su proceso cometidas por Genaro García Luna; y fue la defensa que hizo Calderón de su secretario de Seguridad lo que la mantuvo en la cárcel hasta que la Corte la liberó. De ahí que ella denuncie ahora por “daño moral” a Calderón y no a Fox… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
sgarciasoto@hotmail.com
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