El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, aseguró que el caso Iguala no podrá cerrarse hasta que se juzgue a todos los responsables y se esclarezca el destino de los normalistas desaparecidos.
El titular de la CNDH presentó este 28 de enero su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Tras los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes, y en Tlatlaya, Estado de México, donde elementos del Ejército mexicano ejecutaron a ocho personas, no hay manera de recuperar la falsa normalidad que como país teníamos, porque “era anómala y estaba asentada en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas”, aseguró el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al presentar el Informe Anual de Actividades 2014 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional aseguró que el abatimiento de la impunidad, con la oportuna y debida aplicación de la ley, lleva implícito el respeto de los derechos humanos y agregó que por complejas que sean las circunstancias que se viven en el país, México no puede renunciar a su convicción democrática ni violentar su Estado de Derecho.
Ante ese panorama, el presidente de la CNDH pidió revisar de manera autocrítica el camino andado y reorientar las acciones, así como a entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad, que obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso.
Señaló que lo ocurrido en Iguala es ejemplo de la omisión, negligencia y falta de compromiso del Estado, que debió alertar y tomar medidas oportunas y contundentes sobre lo que se gestaba.
González Pérez explicó que el caso Iguala no podrá cerrarse hasta que se juzgue a todos los responsables y se esclarezca el destino de los normalistas desaparecidos.
“Los hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra sociedad,
sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas
estructuras del Estado, de la displicencia y las omisiones”, expresó.
Dijo que el clamor nacional es por una convivencia en paz y
seguridad, con instituciones democráticas que atiendan con eficacia y
espíritu de servicio las demandas de la sociedad.
Las instituciones con más quejas
Durante su informe de actividades, el ombudsman nacional informó que las autoridades más señaladas como responsables de violación a derechos humanos en el último año fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con mil 542 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 177; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 642, y la Policía Federal, con 580.
En la lista también aparecen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 538 casos; la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 530; la Procuraduría General de la República (PGR), con 487; Migración, con450; la Secretaría de Marina, con 374, y el INFONAVIT, con 326.
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