A
partir de 1978, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
realiza un reporte anual titulado “El estado de la población mundial”,
enfocado en un tema de interés actual.
En 2006, UNFPA presentó su informe “Hacia la esperanza: las mujeres y
la migración internacional”, que exhorta a gobernantes mundiales a
realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los Derechos
Humanos de las mujeres migrantes.
Desde ese año, los contextos para las mujeres en la migración se han
complejizado. El documento del UNFPA reveló que la mitad de todos los
migrantes internacionales –95 millones a 2005– son mujeres y niñas.
Sin embargo, a pesar de las contribuciones sustanciales, tanto sus
familias en el país como las comunidades en el extranjero, las
necesidades de las mujeres migrantes se siguen pasando por alto.
Los procesos de migración tradicionales se han modificado, muchos
desplazamientos son forzados por la pobreza o la violencia en México y
Centroamérica.
El temor hacia alguna forma de conflicto que amenaza de forma inmediata
las vidas de las personas, las obliga a dejar su país de origen y
aventurarse en travesías que las exponen a la violencia, extorsión o
hasta a la muerte.
Ser mujer y migrante son características que se tornan en condiciones
de vulnerabilidad. Otras características, como ser indígena, joven o
transexual, también son motivo de salida por la discriminación por
pertenencia étnica, por edad, por identidad de género o por orientación
sexual, respectivamente.
Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enuncia un objetivo
específico en materia migratoria: “Velar por los intereses de los
mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros
en el territorio nacional”, la realidad rebasa esta política migratoria.
Desde la academia, el Instituto Nacional de Salud Pública documentó en
2004 las pocas o nulas posibilidades de negociación de las mujeres
migrantes en cuanto al uso del condón, frente a un panorama de abuso
sexual, violencia y explotación.
En lo que respecta a la sociedad civil, Amnistía Internacional (AI)
reportó en 2010 que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes son
víctimas de violencia sexual durante el trayecto.
Por su parte Médicos sin Fronteras (MSF), en sus registros de atención
médica, reportó que de enero a junio de 2014 “la violencia sexual en
contra de las mujeres migrantes en tránsito se ha convertido en una de
las prácticas más habituales en el marco del fenómeno migratorio en
México”.
Respecto a la salud sexual, los mecanismos interinstitucionales de
atención son deficientes. No se brinda atención a la violencia sexual
ocurrida en el tránsito migratorio; no existen lineamientos que
consideren la administración inmediata de profilaxis post exposición al
VIH, anticoncepción de emergencia o antirretrovirales; además, las
migrantes embarazadas enfrentan riesgos para su salud.
Es evidente la falta de capacidad técnica, logística y normativa para
atender a la población infantil migrante no acompañada, como lo
evidenció la crisis humanitaria agudizada en 2014.
Desde Salud Integral para la Mujer (Sipam) hemos realizado una intensa
actividad para favorecer la convergencia de diálogos, esfuerzos y
recursos multisectoriales, para responder a la grave crisis humanitaria
en materia de migración en México que viven de manera particular las
centroamericanas que transitan por nuestro país.
Graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas la falta de
seguridad sanitaria, incluyendo la salud sexual, crisis que es
consecuencia directa de la falta de implementación de políticas
públicas transversales con perspectiva de género, que favorezcan la
inclusión social por parte del Estado mexicano.
Nuestro acompañamiento para la exigibilidad de los derechos sexuales y
reproductivos en el albergue “Hermanos en el camino”, en Ixtepec,
Oaxaca, nos permitió acercarnos a la población transmigrante y conocer
de primera mano la situación de las adolescentes y adultas en tránsito
migratorio.
En lo que respecta a la salud sexual, impulsamos estrategias de
prevención y de atención a la violencia sexual y al VIH, que incluyen
la impartición de talleres y pláticas, metodología anticonceptiva, y
uso de métodos de prevención (uso correcto de los condones femeninos y
masculinos, y anticoncepción de emergencia, principalmente), entrega de
condones y aplicación de pruebas rápidas voluntarias.
De manera articulada con MSF, Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar-Ixtaltepec (Mexfam); Gunaxhíi Guendanabani, y la Red
Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (Jinaco), además de
participar en pláticas y aplicación de pruebas rápidas voluntarias para
la detección del VIH, Sipam se suma a un proceso de incidencia política
con distintos alcances.
Ejemplo de ello es la coordinación con el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) y el Centro Nacional para la
Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida), en la cual los
servicios de salud estatales y locales se comprometieron a generar
rutas de atención a la violencia sexual y al VIH, y a garantizar la
atención integral a migrantes trasnacionales en el Hospital General, el
Centro de Salud de Ciudad Ixtepec, y el Centro Ambulatorio de
Prevención y Atención en Sida e ITS (CAPASITS) del Puerto de Salina
Cruz, y en el centro de Oaxaca.
Tales compromisos constituyen un avance significativo. Antes no había
en los servicios de salud en Ixtepec antirretrovirales para la
profilaxis post exposición al VIH, insumos indispensables para
implementar la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención.
Tal es el caso de muchas mujeres transmigrantes, quienes a partir de la
implementación del Programa Frontera Sur (anunciado por Enrique Peña
Nieto el 7 de julio de 2014), han visto agudizadas sus condiciones de
seguridad y salud, ya que al prohibir el viaje en el tren de carga
conocido como “La Bestia”, han modificado las rutas de tránsito
exponiéndose a extorsiones, asaltos, secuestros y violaciones sexuales
por parte del crimen organizado, e incluso de personal de la Policía
Federal y del Instituto Nacional de Migración, situación documentada
por AI.
La estrategia descrita es un ejemplo de lo que contemplan políticas
públicas como el Programa Espacial de Migración (PEM) 2014-2018
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de
2014), que enuncia la política migratoria nacional en la que se
reconoce la función de la sociedad civil como proveedora de servicio y
apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra
en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Es así que desde la sociedad civil seguimos en el compromiso de
coadyuvar en la generación de estrategias comunitarias y de incidencia
política, que apunten a garantizar los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres migrantes.
*Libertad Enríquez Abad es coordinadora del Programa de Jóvenes, Salud
Sexual y Derechos de la organización civil Salud Integral para la Mujer
(Sipam).
**Sipam es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red
de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Libertad Enríquez Abad*
Cimacnoticias | México, DF.-
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