En
15 años y con 90 acciones que deberán realizar dependencias federales,
el gobierno de la República pretende reducir a la mitad el número de
embarazos en adolescentes de 15 a 19 años de edad, y al mismo tiempo
erradicar las gestaciones en niñas menores de 15 años.
La semana pasada se anunció la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENPEA), que mediante cinco objetivos y 19 líneas de acción define las tareas a realizar por instancias federales para frenar la alta incidencia de embarazos tempranos, que organismos internacionales identifican como un problema de salud pública.
La estrategia estará a cargo de un Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), que establecerá los mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación que permitan su implementación.
Según el documento, el Grupo estará integrado –a invitación del secretario de Gobernación– por una coordinadora, que será la secretaria del Consejo Nacional de Población (Conapo) y una secretaria técnica, que será la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Así como por vocales, los cuales serán funcionarios de alto nivel de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol); de Salud (Ss), y de Educación Pública (SEP), además de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estadio (ISSSTE).
Igualmente habrá representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Las y los vocales pueden ser invitados de la sociedad civil organizada, académicos o expertos internacionales.
METAS AMBICIOSAS
Mediante la estrategia se plantea disminuir a cero la “tasa específica de fecundidad” de las niñas de 10 a 14 años, es decir, eliminar los embarazos en este grupo de edad.
Al mismo tiempo se busca reducir la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años en un 50 por ciento para el año 2030.
Se informó que entre las adolescentes de 10 a 14 años ocurrieron en promedio 7 mil 868 nacimientos por año durante 2005 y 2012, lo que equivale a una tasa de 1.4 hijas o hijos por cada mil mujeres en ese rango de edad.
“Esta meta implica también la prevención de la violencia sexual con un enfoque integral, es decir, que se tenga en cuenta a la víctima, al victimario, a la escuela y a la familia; así como eliminar el abuso sexual, las relaciones sexuales forzadas y la explotación sexual para 2030, ya que la mayoría de los embarazos en este grupo de edad están relacionados directamente con esto”, se publicó.
El objetivo general es “reducir el embarazo en la adolescencia en el marco de respeto a los Derechos Humanos, incluidos los sexuales y reproductivos”. Se definen cinco metas específicas que se desglosan en 19 líneas de acción y 90 acciones.
En el objetivo de “asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria” se establecen acciones como ampliar la cobertura y monto de las becas para adolescentes hasta el nivel medio superior del Programa Nacional de Becas de la SEP y de Prospera Programa de Inclusión Social de la Sedesol.
Del objetivo específico de “propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo” se desprenden acciones como impulsar iniciativas de reforma legislativa en los congresos estatales para homologar los códigos penales y eliminar la violencia, abuso sexual y matrimonios forzados en la población adolescente.
Asimismo, se promueve la persecución de oficio y sanción de delitos de violencia, abuso sexual y matrimonio forzado cometido contra niñas, niños y adolescentes, acciones que correrán a cargo del Inmujeres.
Acciones como asegurar la asignación de un presupuesto específico para anticonceptivos –a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR)– forma parte del objetivo “asegurar la oferta de la gama completa de métodos reversibles, incluyendo los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad”.
Como tercer objetivo se establece “incrementar la demanda y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva con calidad para adolescentes”, y dentro de él se establece la acción de “elaborar y asegurar la distribución de manuales de consejería individual y de educación sexual grupal, así como algoritmos de atención de adolescentes basados en evidencia y apropiados para los prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva en diferentes unidades de atención; clínicas y centros de salud, farmacias y hospitales”, que es obligación de la Ss.
El último objetivo es “garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral de la sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada”, en donde la SEP deberá “implementar acciones educativas en el ámbito comunitario con padres, madres y adolescentes para alcanzar a los adolescentes no escolarizados”.
De acuerdo con el documento de 188 páginas, el embarazo prematuro cobra cada vez mayor importancia “por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 45 por ciento de las adolescentes sexualmente activas usó uno en la última relación, principalmente métodos con poca efectividad), y por el aumento continuo en el porcentaje de la población adolescente que ha sido alguna vez sexualmente activa.
En 2013, del total de 2 millones 195 mil 74 nacimientos registrados en el país, 386 mil 583 (17.6 por ciento del total) correspondieron a madres adolescentes, incluyendo 8 mil 347 de madres menores de 15 años.
En parte –según la ENPEA–, el hecho de que haya disminuido menos la fecundidad adolescente con respecto a otros grupos de edad “se explica por el hecho de que no han crecido las oportunidades para acceder a mayores grados de escolaridad ni el acceso a trabajos apropiados que les permitan seguir estudiando; además de un aumento en la actividad sexual en adolescentes y la falta de uso de métodos anticonceptivos en forma regular”.
De acuerdo con la información disponible, la ENPEA basará sus intervenciones en la evidencia internacional y se asegurará que el impacto de sus intervenciones “sea probado a pequeña escala y evaluado con rigor en el contexto de diseños experimentales antes de expandir su uso a nivel nacional”.
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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