Ayotzinapa: entre la política y la justicia

Francisco López Bárcenas

El pasado 26 de febrero se cumplieron cuatro meses de que un grupo de estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, mejor conocida como normal de Ayotzinapa, fueron brutalmente secuestrados y desaparecidos en el municipio de Iguala, cuando intentaban apoderarse de unos autobuses para trasladarse a la ciudad de México y participar en las movilizaciones en recuerdo de la matanza del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las tres culturas, Tlatelolco.

Con ese motivo los padres de los estudiantes, sus compañeros de escuela, organizaciones solidarias y miles de ciudadanos mexicanos y de todo el mundo participaron en la Octava Acción Global por Ayotzinapa, para exigir al gobierno mexicano que presente con vida a las victimas de este crimen. La participación social en la movilización deja una cosa clara: la lucha en torno a Ayotzinapa ya es un asunto mundial. En la brutalidad contra los estudiantes nos vemos todos los que sufrimos alguna injusticia.

Ríos de gente se vieron caminando por los cuatro puntos cardinales de la ciudad de México hasta llegar al centro, mientras otros similares lo hacían por las principales calles de más de 20 ciudades mexicanas y otras tantas del mundo. La emoción que invadía a los participantes es indescriptible. Como alguna vez nos dijo qué pensó Elena Poniatowska, a propósito de las marchas de los estudiantes en 1968 y quienes los acompañaban, pienso que ahí estaba reunido lo mejor de nuestra patria: estudiantes que no ven futuro para cuando salgan de las aulas; amas de casa que a diario hacen milagros para que el dinero les alcance; obreros que luchan porque sus salarios no disminuyan; profesionistas que quieren seguir manteniendo un nivel decoroso de vida, campesinos que exigen condiciones para seguir produciendo alimentos para el pueblo, indígenas que defienden su patrimonio, y al hacerlo defienden el de todos, y sacerdotes que no sólo llevan consuelo a los afligidos, sino también proponen cambios sociales, entre otros sectores.

Un día después de estas movilizaciones el gobierno federal fijó su postura. El procurador general de la República ratificó lo que ya había anunciado antes: que los 43 normalistas fueron asesinados, y sus cadáveres incinerados en el basurero municipal de Cocula. En lo que llamó la verdad histórica de los hechos, el abogado de la República también deslindó al Ejército de alguna participación en los hechos, aseverando que no hay ni una sola evidencia para imputarle alguna responsabilidad. Junto con esta postura, el gobierno federal movilizó elementos de la Policía Federal para resguardar la Autopista del Sol para que no sea tomada por organizaciones que apoyan a los normalistas. Estas dos posturas han sido calificadas por los padres de los afectados, sus compañeros de estudio y asesores jurídicos como un intento del gobierno de cerrar el caso con miras a evitar costos políticos en las próximas elecciones, al tiempo que le exigen que mantenga abierta la investigación de los hechos y se averigüe al Ejército y algunos políticos.

La tragedia de Ayotzinapa nos ha colocado ante dos formas de mirar la realidad: la política y la justicia. Para unos los sucesos y las condiciones que los hicieron posibles son contingencias susceptibles de controlarse; mientras para otros representan los efectos de una crisis política, social y de administración de justicia. Para unos la solución está en ajustar los controles que permitan al sistema seguir funcionando; para otros, en cambio, lo importante es no olvidar Ayotzinapa, no sólo porque es urgente que los desaparecidos aparezcan con vida, sino también por evitar que vuelva a suceder. En este sentido la lucha de Ayotzinapa ya no es sólo de ella; la mayoría de quienes participan en las movilizaciones lo hacen convencidos de que se trata de transformar las condiciones que hicieron posible este crimen, como antes fue Aguas Blancas, El Charco, Agua Fría, Acteal, Villas de Salvárcar y San Fernando, por recordar sólo los crímenes masivos recientes que no han encontrado justicia.

Seguramente, la determinación gubernamental no podrá fin al problema. Por lo pronto, los directamente afectados han anunciado que no descansarán hasta que sus familiares y compañeros aparezcan con vida. Una de las medidas que implementarán, según han anunciado, es la presentación de su caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, en su octava reunión a celebrarse los días 2 y 3 de febrero, donde seguramente insistirán en que se trata de una desaparición forzada y como tal un crimen de Estado. A nivel interno, indudablemente tomarán otras medidas. Cualesquiera que estas sean, lo importante es que ayuden a encontrar a los desaparecidos, solucionen de fondo el problema y terminen con esta situación donde la injusticia y la impunidad se miran como algo normal.