Desde hace algunas semanas han comenzado a circular las opiniones sobre Ayotzinapa de algunos de los más adinerados empresarios mexicanos.
Todas coinciden con una versión: “Estudiaban para guerrilleros, se ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”.
Como siempre en la pirámide del poder la información producida por agentes del Estado cae, a manera de cascada, desde la cima hacia abajo.
Ahora, a cuatro meses de las balaceras y la desaparición, comienza la segunda parte de la Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a propietarios de los medios de mayor circulación de sacar del espectro el tema, diluirlo, a la vez que circulan la opinión de los que manejan el dinero, que son también quienes pagan la publicidad a los tribunales mediáticos, ésos que establecen o ignoran los temas socialmente importantes de acuerdo con criterios empresariales.
Para nadie medianamente enterado es una sorpresa que se intente instaurar la normalización de la desaparición forzada de los estudiantes, bajo la premisa de que eran ciudadanos “difíciles”, no deseables, “potenciales guerrilleros”.
Ayotzinapa está en territorio guerrillero, aquél que dio vida al famoso Lucio Cabañas, comandante de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, alumno graduado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Lucio fue acribillado por el Ejército mexicano hace 41 años, luego de que él y su grupo secuestraran al ex gobernador del estado. Cabañas se había convertido en leyenda por la defensa de los campesinos de Guerrero frente a los empresarios y políticos que les robaron sus tierras sumiendo en la pobreza poblaciones enteras.
Hoy en día el 60 por ciento del plan de estudios de la Normal Rural de Ayotzinapa, de la cual salieron los estudiantes desaparecidos, consta de principios y actividades socialistas, como la defensa de la tierra, la lucha contra el racismo y contra el neoliberalismo económico y político, por la igualdad y la justicia salarial de un estado enriquecido por el turismo.
Por si usted no lo sabe, desde hace 40 años, cada 12 meses los profesores de las normales rurales tienen que suplicarle al gobierno que saque la convocatoria de inscripciones, suplican por recursos para la educación, y con el tiempo esas súplicas se han llenado de hartazgo.
El autoritario gobierno de Guerrero juega este juego a la perfección: negocia cada año el derecho a la educación y a la libertad de pensamiento.
Porque conviene a sus intereses, el gobierno estatal, con conocimiento de los órganos de inteligencia, juega al estira y afloja con los miembros corruptos de los colectivos magisteriales de todas las escuelas públicas (no sólo de las normales).
Ellos amenazan con hacer paros de todo el aparato educativo, el gobernador en turno se dice “extorsionado”, pero acepta entregar fondos en efectivo a los corruptores magisteriales, en lugar de invertir de forma transparente en la educación de todo el estado (Tanto PRI como PRD han jugado juntos).
Está claro que los 43 no eran jóvenes sumisos indígenas, maestros que soñaban con enseñar a leer y escribir a los niños y niñas para que eventualmente tuvieran un trabajo miserable, sino para que puedan trabajar y defender sus derechos y vivir dignamente.
Los 43 son, o eran, jóvenes preparados para la vida, para la política, para la batalla contra la opresión, informados, organizados, inteligentes, rebeldes y muy probablemente indignados y rabiosos con la forma en que su estado y su país les ha tratado desde que nacieron.
Muertos o vivos, estamos hablando de activistas que salieron a dar una batalla sobre la cual los órganos de inteligencia del Estado tenían información. Jóvenes aguerridos que hartos del narco-gobierno querían una vida libre, sana y justa para todos.
Efectivamente hay grupos de intereses alrededor del caso, sería imposible “blindarlo” de los oportunistas corruptos (la complejidad es connatural a cualquier caso de esta naturaleza), pero las exigencias son válidas y su vida importa.
Lo fundamental, además de la investigación penal, es comenzar a responder con la solución a los problemas de raíz: que las movilizaciones que piden justicia activen un movimiento por la educación libre, laica y de calidad en todo el estado de Guerrero.
Asegurarnos de que las normales rurales sigan abiertas, funcionando, con recursos, libros, materiales para el sostén de las milpas y de los animales de cría.
Asegurarnos de que en toda la zona rural de Guerrero haya clínicas de salud, acceso al agua potable, apoyo a los modelos de vivienda ecológicos con milpa propia, planes de promoción de la cultura y defensa del medio ambiente.
No podemos distraernos: sí hay solución para Ayotzinapa y no está en el campo criminal, sino en el de la justicia social y la Seguridad Humana. Llevamos demasiado tiempo arrojando tinta sobre las cenizas, llenando cárceles de presuntos culpables, elucubrando sin evidencia.
Mientras tanto la sociedad se divide más y agentes del Estado con algunos empresarios trabajan para normalizar la desaparición forzada de activistas y defensores sociales como castigo ejemplar.
Que se transparente el gasto en educación de Guerrero, que el gobernador interino, en lugar de filtrar información, diga quiénes lo extorsionan, cómo y cuándo.
Sí, los 43 estudiantes, como millones en el país, tienen una ideología socialista, eso no les hace menos ciudadanos, por el contrario, les hace más solidarios y conscientes de la importancia de la educación y los Derechos Humanos. Pedir justicia para ellos es también señalar la raíz del problema que los puso en peligro.
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*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | México, DF.-
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