La
organización considera que es prematuro y alarmante que las autoridades
federales hayan dado por concluida la investigación sobre la
desaparición forzada de los estudiantes normalistas.
No se puede cerrar la investigación sobre Ayotzinapa, al hacerlo el gobierno mexicano “socava el Estado de Derecho”, señala en un comunicado la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés).
La organización defensora de derechos humanos critica la rueda de prensa que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció este martes para declarar concluida la investigación oficial sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
“Presentó (Murillo Karam) un video tipo “documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una narración sombría y recreaciones animadas de los violentos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición de los estudiantes…”
A continuación el documento íntegro publicado por WOLA en su sitio de Internet:
La investigación sobre Ayotzinapa no se puede cerrar: Posicionamiento del gobierno mexicano socava el Estado de Derecho
28 ene 2015
Washington, D.C.—El 27 de enero, cuatro meses después de la
desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el
Procurador General de la República de México, Jesús Murillo Karam, se
paró frente a las cámaras de televisión y declaró que la investigación
sobre estos estudiantes estaba concluida. Presentó un video tipo
“documental” sobre el caso, producido por el mismo gobierno, con una
narración sombría y recreaciones animadas de los violentos
acontecimientos del 26 y 27 de septiembre, la noche de la desaparición
de los estudiantes, y que incluyó las confesiones grabadas en vídeo de
algunos de los supuestos perpetradores. Sin presentar nuevas pruebas,
el Procurador revisó el acervo probatorio existente y dijo que el
gobierno estaba seguro de que los estudiantes habían muerto y que su
teoría del caso era correcta.
WOLA considera que es prematuro y alarmante que las autoridades
federales hayan dado por concluida la investigación sobre la
desaparición forzada de los estudiantes normalistas. Mientras que el
presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha
herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad
internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el
caso. Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de
México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso
Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo
reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el
Estado de Derecho.”
Frente al anuncio hecho por el Procurador, las familias de los
estudiantes y sus representantes legales realizaron una conferencia de
prensa. Rechazaron categóricamente la posición del gobierno y listaron
varias razones por las cuales no se puede dar por concluido la
investigación, como la falta de certeza científica sobre lo ocurrido en
el basurero donde supuestamente los jóvenes fueron quemados, la falta
de investigación sobre la responsabilidad del Ejército y las
alegaciones de corrupción política de otras autoridades del estado de
Guerrero, las alegaciones de que algunos de los inculpados hayan sido
torturados, y el hecho de que solamente se han identificado los restos
de uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Los familiares declararon
que continuarán buscando a sus hijos hasta que se presentaran con
pruebas convincentes de que están muertos.
“Es preocupante el peso que el gobierno le da a las confesiones de
los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de
que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer.
Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos
reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de
las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para
certificar la versión del caso del gobierno.
Otro aspecto preocupante del anuncio del gobierno es que no se ha
dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia
técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en
noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de
colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente
todas las líneas de investigación” en la desaparición de los
estudiantes.
El caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, el Estado
mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de
familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de
violaciones graves a los derechos humanos en el país y tampoco ha
investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel.
Meyer concluye que, “México está atrapado en una crisis de derechos
humanos de una magnitud que parece no entender el presidente Peña
Nieto.”
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