Las
cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género
(AVG) que el gobierno federal mantiene en espera evidencian que lejos
del discurso oficial, no cuenta con una política pública específica
para prevenir, sancionar y atender la violencia contra las mujeres.
Representantes de grupos civiles de los estados de Guanajuato,
Michoacán y Baja California –entidades donde además de Colima y Morelos
se ha pedido que se declare la AVG sin éxito– se reunieron en esta
capital, para exigir al gobierno federal deje de poner en segundo plano
la erradicación de la violencia de género.
Lo anterior al cumplirse un año de que las organizaciones decidieron
poner a prueba el nuevo Reglamento de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) –promulgado en
noviembre de 2013–, y según el cual la AVG sería más factible de ser
declarada.
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado un compromiso real de los
gobiernos estatales y se ha evidenciado la complicidad del Ejecutivo
federal, para “invisibilizar” la violencia contra las mujeres, acusaron
activistas.
En conferencia de prensa hoy en el Museo de la Mujer, Verónica Cruz
Sánchez, directora del Centro Las Libres, recordó que el pasado viernes
20 de marzo se cumplió un año de que se solicitara la AVG para
Guanajuato, sin que hasta la fecha se haya decretado “cuando es claro
que el gobierno guanajuatense no acató las recomendaciones que le
fueron realizadas a raíz de la solicitud”.
En julio de 2014, luego de que un Grupo de Trabajo realizara una
investigación por violencia feminicida en ese estado, se emitieron 13
recomendaciones que el gobierno local debía cumplir a más tardar en
seis meses, pero tal plazo se cumplió sin resultados el pasado 10 de
enero.
De acuerdo con el Reglamento de la LGAMVLV, el Grupo de Trabajo debía
realizar una evaluación del cumplimiento de las observaciones para
determinar si se declaraba o no la AVG; no obstante sigue pendiente la
evaluación del informe que entregó el gobierno de Guanajuato el pasado
15 de enero.
“La realidad se impone contra lo que el gobierno supuestamente realizó
para acatar las recomendaciones”, dijo Verónica Cruz. Del 20 de marzo
de 2014 al 20 de marzo de 2015 (periodo que ha transcurrido desde que
se presentó la solicitud para Guanajuato) se contabilizan 70 casos de
feminicidio.
De acuerdo con Las Libres, en 2013 fueron asesinadas 73 guanajuatenses,
la cifra de 2014 es de 67, y en lo que va de 2015 se registran 15 casos.
Ante estos datos, Cruz dijo que “si somos serias con la Ley (General de
Acceso) lo que toca es declarar la AVG”. Para la activista, el hecho de
que a un año de la solicitud el procedimiento esté detenido, deja
“precedentes muy serios” para el resto de las entidades.
El estado que guardan las cinco solicitudes que se han presentado hasta
ahora –a decir de Cruz– “desnuda el hecho de que en el país, ni el
gobierno federal ni ningún gobierno estatal tiene lo que hace 20 años
debieron haber creado: una política de género en materia de prevención
atención, sanción y atención de la violencia contra las mujeres”.
En ello coincidió Circe López, directora de Humanas sin Violencia
–organización que en diciembre pasado presentó una solicitud AVG en
Michoacán–, quien señaló que la atención mediática que rodea a la
entidad se ha centrado en el crimen organizado, y se ha dejado en
segundo plano la violencia que enfrentan las michoacanas, que en lo que
va del año cobró la vida de 20 mujeres.
Lamentó que a dos meses de distancia de que se conformara el Grupo de
Trabajo que investigaría la violencia feminicida en la entidad (16 de
enero), no haya avances en los resultados de la indagatoria y que tanto
el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), como la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) –de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, “sean cómplices de
ese silencio”, pues durante ese tiempo han visitado la entidad sin
pronunciarse al respecto.
Lorena Cruz Sánchez –presidenta del Inmujeres– acudió en febrero pasado
a la entidad para la firma de un Convenio de Colaboración, y en marzo
estuvo presente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
mientras que Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, ha
visitado el estado en dos ocasiones.
Para la activista, un punto de especial preocupación es que ante el
proceso electoral que enfrentará Michoacán, la solicitud de AVG y las
recomendaciones que en su momento se emitan queden relegadas a un tema
de menor importancia, pues hasta la fecha ningún partido político se ha
pronunciado al respecto.
En tanto, Nancy Bonilla, integrante de la Red Iberoamericana Pro
Derechos Humanos, y Liliana Sevilla, directora de la Asociación Fuerza
Ciudadana de Baja California, lamentaron que las autoridades de la
entidad no reconozcan la violencia de género que existe en la
localidad, y se esté tergiversando la información que se le da a la
ciudadanía.
La semana pasada el gobernador de BC, Francisco Vega, señaló que en el
estado no hay una AVG y que los asesinatos de mujeres se encuentran en
el análisis de las autoridades dentro de una “alarma de asesinatos”.
Ambas activistas dijeron que darán el “beneficio de la duda” al
gobierno federal sobre la forma en que investigará la violencia de
género, y que esperan que a más tardar el próximo 18 de abril estén
listas las recomendaciones.
Es de mencionar que Liliana Sevilla fue destituida de su cargo el
pasado 3 de marzo como directora del Instituto Municipal de la Mujer en
Tijuana, luego de que hiciera comentarios discriminatorios contra las
mujeres indígenas en redes sociales.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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